Un partido de Palacio, no de provincias

La victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de 2026 parecía consolidar a Fuerza Popular como la fuerza dominante del país. Sin embargo, apenas seis meses después, los comicios regionales y municipales revelaron una realidad incómoda: el partido de gobierno no ganó una sola gobernación regional y no logró ninguna alcaldía en Lima Metropolitana. La contradicción entre un poder central indiscutible y una ausencia territorial casi absoluta define el presente y, muy probablemente, el futuro del fujimorismo.
El desplome subnacional no fue una sorpresa, sino la confirmación de un patrón histórico. En sus años de participación en elecciones regionales y municipales, Fuerza Popular ha ganado apenas tres gobiernos regionales y jamás ha conquistado la alcaldía de Lima. En 2026, el partido presentó candidaturas en solo 09 de las veinticinco regiones y compitió en apenas el 13% de los distritos del país. Se trata de una apuesta consciente; la dirigencia concentró todos sus recursos en la campaña presidencial y abandonó la competencia territorial, dejando a sus candidatos locales sin respaldo, sin estructura y sin posibilidades reales de victoria.
Lima, su bastión electoral más sólido, se convirtió en el escenario de su derrota más elocuente. Keiko Fujimori arrasó en la capital en la segunda vuelta presidencial, con más de 1.7 millones de votos de diferencia sobre su contendiente. Sin embargo, su candidato a la alcaldía metropolitana quedó relegado al séptimo lugar con apenas 2.6% de los votos, y ninguno de sus dieciocho postulantes distritales resultó electo. La brecha entre el voto presidencial y el voto municipal expone una verdad incómoda; el respaldo a la figura de Fujimori no se transfiere automáticamente a los candidatos de su partido.
La situación en el sur del país es aún más drástica. Fuerza Popular no presentó candidatos a gobernador en Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica ni Madre de Dios, y en las regiones donde compitió fue barrido por fuerzas de izquierda y movimientos regionales. En Puno, Fujimori obtuvo apenas el 13.6% de los votos en el balotaje presidencial; en Cusco, perdió en las trece provincias. El rechazo sureño al fujimorismo no es coyuntural; se remonta a cuatro balotajes consecutivos y responde a una combinación de centralismo, cohesión comunitaria y desconfianza hacia un partido percibido como limeño y personalista.
Las causas de esta debacle son estructurales, no accidentales. Fuerza Popular es un partido personalista y dinástico, construido alrededor de la figura de Keiko Fujimori. Esa arquitectura puede ser eficaz en una elección nacional, donde pesa la imagen presidencial y la agenda de gobierno, pero resulta claramente insuficiente en el ámbito subnacional, donde importan los liderazgos locales, las redes vecinales y el conocimiento concreto de las demandas comunitarias. Sus cuadros prefieren concentrarse en el Congreso antes que construir una base territorial a lo largo de los años, y su militancia carece de operadores políticos con arraigo en provincias y distritos.
El contrapeso a esta debilidad territorial es su fortaleza parlamentaria. Con 41 escaños en la Cámara de Diputados y 22 en el Senado, Fuerza Popular se consolidó como la primera minoría en ambas cámaras. Su alianza natural con Renovación Popular le permitiría alcanzar una mayoría de bloqueo, suficiente para blindar al Ejecutivo de intentos de vacancia y para negociar iniciativas legislativas. Sin embargo, el poder parlamentario otorga visibilidad y capacidad de negociación, pero no reemplaza a un gobernador, a un alcalde ni a una estructura provincial capaz de movilizar votos y gestionar el territorio.
El futuro del partido de gobierno se mueve, por tanto, entre escenarios inciertos. El más probable es la consolidación como fuerza parlamentaria y limeña, fuerte en el Congreso y en la capital, pero incapaz de traducir ese poder en presencia regional. Un segundo escenario, más ambicioso, sería el intento de expandirse territorialmente usando los recursos del Estado, los programas sociales y la inversión pública para construir clientelas políticas en regiones clave. El riesgo es que esa estrategia derive en un uso clientelar de los recursos sin una verdadera construcción partidaria. Y un tercer escenario, latente, es la crisis interna y la fragmentación, sobre todo si el gobierno enfrenta una crisis de gestión o si la dirigencia no logra contener las tensiones que ya se insinúan tras la derrota subnacional.
A Fuerza Popular le espera, en definitiva, un futuro de poder central sin arraigo territorial. Su victoria presidencial le otorga una plataforma desde la cual podría intentar corregir su histórica debilidad, pero los antecedentes sugieren que, sin una profunda transformación organizativa y una apuesta genuina por construir liderazgos locales, seguirá siendo un partido fuerte en Lima y en el Congreso, pero ausente en las regiones. Gobernar el país con esa contradicción será, quizás, su mayor desafío en los próximos años.



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