Petróleo, inflación y transición: el desafío energético del Perú en 2026

El año 2026 ha puesto a prueba, como pocas veces en las últimas décadas, la resiliencia de las economías importadoras de energía. El cierre de facto del estrecho de Ormuz, por donde transita más del 20% del petróleo marítimo mundial, desencadenó una disrupción de suministro cercana a los 10 millones de barriles diarios y llevó al Brent desde los 72 dólares por barril a finales de febrero hasta los 118 dólares a finales de marzo, el mayor salto mensual registrado. Aunque los precios se han moderado y a inicios de octubre el Brent cotiza alrededor de 102 dólares, la volatilidad persiste y con ella una prima de riesgo geopolítico que se transmite, en cascada, a todas las economías del planeta. Para el Perú, importador neto de combustibles, ese impacto no ha sido una abstracción financiera, sino una realidad que golpea el bolsillo de los hogares y la estructura de costos de prácticamente todos los sectores productivos.

El primer canal de transmisión más inmediato fue el precio de los combustibles y su efecto sobre la inflación. En marzo de 2026, la inflación anual en Lima Metropolitana alcanzó el 3.80%, impulsada por el alza del GLP vehicular, que subió un 75.55%, y del petróleo diésel, que aumentó un 33%. El rubro de combustibles para vehículos registró un incremento del 30.9% y el transporte local un 10.3%, convirtiéndose en los componentes de mayor contribución al alza de precios. El propio gobierno reconoció que el impacto "ya se siente en el sector transporte" y adelantó reuniones con los gremios de transportistas para evaluar medidas compensatorias, sin descartar la entrega de bonos directos. Se trata de un efecto regresivo; el encarecimiento del diésel y del GLP golpea con más fuerza a quienes destinan una mayor proporción de su ingreso al transporte y a los alimentos, cuyos costos de distribución también dependen del combustible.

El segundo frente de impacto es el comercio exterior, donde el Perú enfrenta un riesgo doble. Por un lado, una desaceleración de China provocada por el encarecimiento del petróleo reduciría la demanda de cobre y otros minerales peruanos, afectando las exportaciones y la recaudación fiscal. Por otro, una crisis prolongada en Estados Unidos elevaría los costos logísticos y reduciría el consumo de productos agrícolas de exportación como arándanos, uvas y paltas, que dependen de cadenas de frío y transporte marítimo intensivas en energía. A esto se suma el encarecimiento global de los fletes y de los seguros de guerra, que en algunas rutas se han quintuplicado, encareciendo el traslado tanto de las importaciones que el país requiere como de sus exportaciones. El resultado es una presión simultánea sobre la balanza comercial, la competitividad y el empleo en sectores clave.

Ante la urgencia, el gobierno peruano desplegó medidas de emergencia orientadas a asegurar el suministro y contener los precios. Petroperú contrató la compra de casi 500,000 barriles de crudo "Bayou Choctaw", proveniente de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, en el marco de la liberación coordinada impulsada por la Agencia Internacional de la Energía. Asimismo, el país suspendió temporalmente la ampliación de las existencias obligatorias de combustibles —fijadas en 15 días calendario— para no frenar el abastecimiento en un contexto de tensión en los mercados. Estas acciones, sin embargo, son paliativos: compran tiempo y evitan el desabastecimiento, pero no modifican la ecuación estructural de dependencia de combustibles importados que define la vulnerabilidad peruana.

La crisis de marzo también dejó al descubierto una fragilidad interna que va más allá del precio internacional. La rotura del ducto de gas de Camisea dejó a Lima y a gran parte del país sin suministro de GNV y GLP, evidenciando que la seguridad energética peruana no depende solo de lo que ocurre en el Golfo Pérsico, sino también de la resiliencia de su propia infraestructura. Un sistema con un único punto crítico de suministro es vulnerable incluso en ausencia de shocks externos. Esa constatación ha dado un nuevo impulso político al debate sobre la necesidad de crear redundancia en la red energética nacional, un tema que durante años había quedado relegado frente a otras prioridades de la agenda pública.

Frente a ese diagnóstico, la transición energética aparece como la respuesta de fondo, y el Perú cuenta con un potencial excepcional: 937 GW en energía solar, 70 GW en hidroenergía, 20 GW en eólica y 3 GW en geotermia. El Ministerio de Energía y Minas impulsa nueve grandes proyectos solares con una inversión total de 1,268 millones de dólares y una capacidad conjunta de 1,420 MW, previstos para ejecutarse entre 2026 y 2028, entre los que destaca la Central Solar Illa, en Arequipa, con 396 MW. En junio de 2026 entraron además en operación comercial las ampliaciones de las centrales Intipampa y Sunny, sumando 156.7 MW al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. La cartera de proyectos a 2036 asciende a 6,500 millones de dólares en 33 proyectos de generación —incluidas once plantas solares y cinco parques eólicos— más 52 proyectos de transmisión por más de 3,000 millones de dolares. No obstante, con cerca del 67.5% del consumo final de energía aún dependiente de los hidrocarburos, la transición avanza a un ritmo que todavía no compensa la exposición del país a los shocks externos.

En paralelo, la infraestructura de gas natural se ha convertido en el otro pilar de la estrategia. El gobierno anunció el destrabe del Gasoducto Sur y confirmó un ramal de más de 100 kilómetros para abastecer a Tacna, con una inversión estimada de 2,027 millones de dólares y vigencia contractual hasta 2044, que permitiría reducir hasta un 40% las tarifas de gas para más de 165,000 hogares en Arequipa y generar 20,000 empleos durante su construcción. ProInversión impulsa, además, una cartera de 2,900 millones de dólares para masificar el gas natural en once regiones, con más de 2,500 kilómetros de redes de distribución y estaciones de regasificación. La propuesta del ministro de Energía de desarrollar una red integral que conecte el norte y la sierra sur, incluyendo un ducto entre Camisea y el Cusco, apunta exactamente a eso: crear redundancia para que ninguna falla única pueda dejar al país sin energía. La lección de 2026 es clara; para el Perú, la seguridad energética ya no se mide únicamente por el precio del barril en los mercados internacionales, sino por su capacidad de diversificar fuentes, fortalecer infraestructura y acelerar una transición que, además de ambientalmente necesaria, se ha revelado como una condición indispensable para la estabilidad económica y social del país.