Más allá del arándano: diversificación, tecnología y políticas para la agroindustria en Perú de próxima generación

La agroindustria constituye hoy el eje dinamizador de la economía rural peruana, aportando 4,6 % del PBI nacional y empleando a 4,3 millones de personas (24 % de la PEA). Más allá de su peso cuantitativo, actúa como articulador estructural entre la frontera agrícola y la industria, transformando materias primas altamente perecibles en bienes de mayor valor agregado y menor elasticidad-ingreso. Este artículo examina, con enfoque multidimensional, la situación actual del complejo agroindustrial peruano, contrastando sus desafíos en el mercado interno con sus estrategias de inserción internacional, período 2019-2025.

El surgimiento de la agroindustria moderna en Perú se remonta a la reforma agraria de 1969, pero su inflexión exportadora se consolidó tras la apertura comercial de 1990 y la implementación de tratados de libre comercio (TLC) que redujeron aranceles y establecieron normas fitosanitarias. Entre 2000 y 2024 las exportaciones agroindustriales crecieron 65 %, pasando de US$ 7,754millones a US$ 12,798 millones, lo que ubica al país entre los ocho mayores exportadores mundiales de frutas frescas. Este desempeño se explica por la superposición de ventajas comparativas (microclimas y altitud) y ventajas competitivas construidas (certificaciones, logística y innovación varietal).

Desde la óptica de la teoría de las cadenas globales de valor (Gereffi, 2018), el Perú ha migrado de la función primaria “commodity producer” a nodos de “processer-exporter” en segmentos de frutas frescas y vegetales procesados. Sin embargo, su participación en el reparto del valor sigue siendo inferior al promedio latinoamericano: mientras que en arándanos el productor nacional captura 28 % del precio final en destino, Chile y México alcanzan 35-38 %. La brecha se explica por menores economías de escala, costos logísticos relativos más altos (18 % vs 12 % en Chile) y menor grado de diferenciación de marca.

En el mercado interno, la agroindustria enfrenta una paradoja: crece la demanda de productos saludables y procesados mínimamente, pero la oferta formal pierde participación frente a la informal. El Instituto Peruano de Economía (2024) estima que 72 % del consumo de mermeladas, pulpas y jugos proviene de unidades artesanales que evaden estándares; esto genera externalidades negativas en salud pública y desincentiva la inversión en innovación. Además, la infraestructura de almacenamiento frío cubre solo 38 % de la producción nacional, provocando pérdidas post-cosecha de 25 % en frutas y 18 % en hortalizas.

La brecha de infraestructura es crítica: el Banco Mundial calcula que Perú requiere US$ 37,000 millones para alcanzar el estándar de países de ingreso medio-alto. Los proyectos de irrigación (Chavimochic III, Majes-Siguas II) añadirán 230,000 ha irrigadas, pero la conectividad vial y ferroviaria sigue siendo deficitaria; el costo logístico representa 35 % del valor de la exportación, duplicando la media de la OCDE. Esta rigidez estructural eleva el “time-to-market” y reduce la vida de anaquel de productos altamente perecibles, limitando el acceso a nichos premium europeos y asiáticos.

La informalidad laboral constituye otro freno a la productividad. Solo 300,000 de 4,3 millones de trabajadores agrarios están formalizados, lo que implica baja inversión en capital humano y tecnología. El Ministerio de Trabajo (2023) reporta que la productividad laboral del sector agrario es 3,7 veces inferior al promedio manufacturero; esta brecha se trasladó a la agroindustria, donde el valor agregado por trabajador alcanza US$ 8,900anuales, versus US$ 21,400 en Chile. La formalización es condición necesaria para acceder a créditos blandos, certificaciones y seguros que habiliten la inserción en cadenas globales.

En el frente externo, el Perú ha diversificado destinos: en 2024 el 42 % de las exportaciones agroindustriales se dirigió a mercados con TLC vigente (EE.UU., Unión Europea, China, Corea), comparado con 28 % en 2010. Los arándanos, aguacates y uvas lideran con US$ 3,800 millones, seguidos por espárragos procesados y cacao. Sin embargo, la caída de precios FOB (-18 % en uvas y -12 % en arándanos, promedio 2023-24) evidencia la vulnerabilidad a ciclos internacionales y la necesidad de moverse hacia productos diferenciados (orgánicos, fair-trade, origen sostenible) que presentan menor elasticidad-precio.

Las barreras no arancelarias (BNA) se intensificaron; la Unión Europea implementó en 2024 la norma EUDR (deforestation-free), que exige trazabilidad geoespacial de lotes; se estima que 28 % de las exportaciones peruanas de cacao y palma podrían quedar excluidas si no se acredita cadena libre de deforestación. Paralelamente, los costos de certificación (GlobalG.A.P., Rainforest, BRC) representan 3-5 % del FOB total para pymes, desincentivando la escala de valor. La asimetría informativa y la debilidad de servicios de extensionismo limitan el acceso a subvenciones equivalentes que en Chile cubren hasta 60 % de esos costos.

Las políticas públicas han transitado de un enfoque de “competitividad horizontal” a estrategias sectoriales. El Plan Nacional de Diversificación Productiva (2023-2030) prioriza 10 cadenas agroindustriales (aguacate, arándano, cacao, camu-camu, entre otras) con metas de aumentar el valor agregado de exportaciones en 40 % y reducir emisiones de GEI en 30 %. Se creó el Fondo Agroindustrial de Transformación (FAT) con US$ 500 millones para cofinanciar tecnificación, energías renovables en plantas y trazabilidad digital. Sin embargo, la ejecución acumula solo 34 % en el primer bienio, reflejando debilidades de capacidad institucional y articulación público-privada.

En síntesis, la agroindustria peruana exhibe un dualismo estructural: dinamismo exportador basado en recursos naturales y nichos de calidad, pero rezagos en formalización, infraestructura y capital humano que limitan la captura de valor. Para transitar hacia una senda de desarrollo inclusivo y sostenible se requiere: (i) cerrar la brecha de infraestructura logística y fría mediante alianzas público-privadas y esquemas de proyectos de impacto; (ii) acelerar la formalización laboral vía incentivos tributarios y simplificación regulatoria; (iii) promover la adopción de tecnologías 4.0 (IoT, blockchain, IA) para reducir pérdidas y garantizar trazabilidad ante BNA; y (iv) fortalecer la gobernanza de cadenas para que pequeños productores accedan a mercados globales bajo esquemas de comercio justo y origen sostenible. Solo una convergencia de políticas horizontales y específicas permitirá al Perú consolidarse como agro-potencia de clase mundial sin dejar a nadie atrás.