Las facultades al gobierno de Fujimori y la pregunta de fondo: ¿de dónde saldrá el dinero?

La aprobación de facultades por parte del Congreso al gobierno de Keiko Fujimori ha puesto sobre la mesa una pregunta crucial: ¿de dónde se financiarán los gastos no previstos en el presupuesto? La respuesta no es sencilla. El país hereda un desorden fiscal significativo, con obligaciones adquiridas por leyes aprobadas en el Congreso anterior que incrementarían el gasto público en aproximadamente S/ 36,700 millones, equivalentes al 3% del PIB. El crédito suplementario ya aprobado por más de US$ 2,000 millones puede resultar insuficiente para cubrir la magnitud de los compromisos, según advirtió el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura. La caja fiscal está comprometida y el espacio de maniobra es reducido.

Una de las alternativas que se ha mencionado en el debate público es el uso de las Reservas Internacionales Netas (RIN). Sin embargo, esta vía es legal y técnicamente inviable. La Constitución prohíbe expresamente que el Banco Central de Reserva financie al Tesoro Público, y la autonomía del BCR es un pilar del modelo económico. Además, las RIN no son un ahorro fiscal de libre disponibilidad; una parte importante corresponde a encajes bancarios, es decir, depósitos de bancos comerciales que el BCR custodia. Su función es ser un seguro de solvencia y estabilidad cambiaria, no un fondo para gasto corriente. Forzar su uso generaría inflación, pérdida de confianza y pondría en riesgo el grado de inversión. Para emergencias, el instrumento correcto es el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), no las reservas.

La solución que los especialistas y la evidencia disponible señalan como más probable es el crédito suplementario, que ya está en marcha. El gobierno solicitó al Congreso un crédito por S/ 8,228 millones (aproximadamente US$ 2,300 millones), y la Comisión Bicameral de Presupuesto ya aprobó el dictamen correspondiente. El ministro de Economía, Elmer Cuba, sustentó la medida argumentando que el gobierno se encontró con gastos no contemplados. El financiamiento provendría de dos fuentes: mayores ingresos fiscales, gracias al incremento del precio de materias primas como el cobre y el oro, y endeudamiento público mediante la emisión de bonos soberanos. El economista Carlos Casas advirtió que más de la mitad del crédito se financiaría con deuda externa, lo que eleva el nivel de pasivos del país. Esta es la vía institucional que ya se está recorriendo, pero no resuelve el problema de fondo.

Sin embargo, presupuestar sobre la base de los precios actuales del cobre y el oro no es una fuente sólida, sino una ficción fiscal que hipoteca el futuro. Los datos confirman que las finanzas públicas peruanas dependen extremadamente del ciclo de los commodities; un documento del MEF revela que los factores externos explican el 54.7% de la dinámica de los ingresos fiscales, y los precios de los metales son el componente más importante. El propio Marco Macroeconómico Multianual admite que una corrección transitoria de estos precios podría reducir los ingresos fiscales en aproximadamente 1.2 puntos porcentuales del PBI, y estimaciones más alarmantes señalan que una caída a los niveles de 2019 elevaría la deuda pública entre 2.5 y 4 puntos del PBI hacia 2028. El Consejo Fiscal ha advertido repetidamente que este aumento de la recaudación "no debe interpretarse como una mejora estructural", y ha recomendado estimaciones conservadoras para "reducir el riesgo de sobredimensionar el presupuesto público". El problema se agrava porque el Estado ha optado por ampliar el gasto permanente con ingresos temporales, en lugar de ahorrar parte de esos recursos. Cuando el ciclo se revierta, los gastos comprometidos permanecerán, pero los ingresos extraordinarios se habrán esfumado, dejando un déficit mayor, más deuda o un recorte forzoso. La bonanza actual es un préstamo del ciclo, no un ingreso ganado.

Junto al crédito suplementario, los especialistas señalan la necesidad de complementar con reasignación y priorización del gasto. El Consejo Fiscal ha instado al gobierno a recuperar margen de maniobra para reasignar recursos y contener el gasto público, evitando que el ajuste recaiga sobre la inversión. El FEF, con un saldo de aproximadamente US$ 3,214 millones, existe como colchón de segunda instancia para emergencias más severas, pero no es la primera opción para los gastos ya identificados. La reforma tributaria, aunque mencionada, es una solución de largo plazo que no resuelve la urgencia actual. En el corto plazo, el financiamiento depende del crédito suplementario y de la deuda, con medidas de gestión para que los recursos alcancen.

En paralelo, se discute la posibilidad de condonar deudas o retrasar impuestos a las grandes empresas, los principales contribuyentes. Estas medidas, sin embargo, no constituyen una fuente de financiamiento, sino todo lo contrario; reducen la recaudación futura o presente. Los fraccionamientos especiales con descuentos de intereses y multas configuran una condonación parcial que erosiona la moral tributaria y envía la señal de que no pagar puede ser una estrategia racional. Los periodos de gracia para el IGV o la suspensión de impuestos posterga la recaudación. Las exoneraciones y regímenes preferenciales, como la tasa del 15% para la agroexportación (Ley Chlimper) o su posible extensión a la industria de alimentos, tienen un costo fiscal estimado en miles de millones de soles. En lugar de perdonar deuda, la lógica indica fortalecer la cobranza; la SUNAT tiene en cobranza coactiva más de S/ 13,000 millones, y solo 158 grandes empresas deben S/ 9,256 millones.

La experiencia de los programas tipo Reactiva es aleccionadora. Favorecieron masivamente a las mypes; más del 96% de las 501,637 empresas beneficiadas fueron micro y pequeñas, con acceso a S/ 26,000 millones a tasas reducidas. Sin embargo, en términos de volumen, las grandes empresas captaron aproximadamente el 71% del financiamiento total. Los bancos otorgaron los créditos con la certeza de que el Estado honraría los impagos, reduciendo su riesgo prácticamente a cero. Cuando los beneficiarios no pagaron, el Estado desembolsó S/ 6,031 millones por 117,673 créditos impagos, y solo recuperó el 6.7%. Se estima una pérdida definitiva superior a S/ 3,500 millones. El costo no lo asumieron los bancos ni las grandes empresas, sino el erario público, es decir, todos los contribuyentes. Es un ejemplo de riesgo moral que debe evitarse en futuras crisis.

En sintesis, el financiamiento de los gastos no previstos sigue siendo incierto y frágil. La vía más probable es el crédito suplementario financiado con mayores ingresos temporales y deuda pública, pero esto no es gratuito: incrementa el endeudamiento y compromete el futuro fiscal. Las condonaciones y retrasos tributarios agravan el problema en lugar de resolverlo. La experiencia de Reactiva advierte sobre los riesgos de asumir pérdidas con recursos públicos sin supervisión adecuada. La pregunta de fondo permanece: ¿quién termina pagando? La respuesta es el ciudadano, mediante mayor deuda, menores recursos para servicios públicos o una carga tributaria futura. La responsabilidad fiscal, la priorización del gasto y el fortalecimiento de la recaudación son las únicas brújulas confiables en un escenario de estrechez fiscal, y evitar presupuestar sobre la base de precios cíclicos es una condición indispensable para no repetir los errores del pasado.