El nuevo Oficial de Inteligencia Artificial: un paso histórico con retos por delante para el Estado peruano

El Perú acaba de dar un paso decisivo en su proceso de modernización tecnológica con la aprobación de la Directiva N° 002-2026-PCM/SGTD. A través de esta norma, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) de la PCM estableció oficialmente el perfil y las responsabilidades del nuevo Oficial de Inteligencia Artificial. Esta figura tendrá la misión de articular, evaluar y supervisar los proyectos de IA que se implementen en el aparato estatal, trabajando de la mano con los Comités de Gobierno y Transformación Digital (CGTD) de cada entidad pública.

Esta medida no es un hecho aislado, sino que se sostiene sobre un ecosistema normativo que el país viene construyendo con firmeza. La directiva se ampara en la Ley N° 31814, su respectivo reglamento (Decreto Supremo N° 115-2025-PCM) y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) 2026-2030. Con este marco, el Perú se posiciona como uno de los primeros países de la región en institucionalizar la gobernanza de la IA, pasando de las declaraciones de principios a la designación de responsables concretos para liderar el uso ético, seguro y responsable de esta tecnología emergente.

A favor: Eficiencia, orden y visión estratégica

El impacto positivo de esta norma para el Perú es profundo. En primer lugar, rompe con la dispersión y evita que cada entidad pública experimente con la IA de forma aislada o desordenada. La presencia de un Oficial especializado facilitará la comunicación, la planificación y el seguimiento estratégico de las iniciativas, asegurando que los proyectos tecnológicos respondan a las políticas nacionales y no a intereses particulares. Además, este rol será clave para mitigar riesgos, garantizar la transparencia algorítmica y proteger los datos de los ciudadanos, promoviendo una transformación digital que realmente aporte valor público y mejore los servicios al ciudadano.

En contra: Los desafíos de la burocracia y el talento

Sin embargo, la implementación de esta figura enfrenta desafíos considerables (las "contra" de la medida). El principal riesgo es que el cargo quede atrapado en la burocracia estatal o se limite a un cumplimiento meramente documental sin presupuesto real para ejecutar proyectos. Asimismo, existe una alta competencia por el talento tecnológico; el Estado peruano deberá ofrecer condiciones atractivas para reclutar a profesionales altamente calificados en IA, quienes suelen ser absorbidos por el sector privado. Si las entidades no logran nombrar a verdaderos expertos o si el oficial carece de poder de decisión sobre las áreas de TI y compras, el rol se convertirá en un título vacío.

En sintesis, la creación del Oficial de Inteligencia Artificial es un hito legislativo y administrativo que demuestra la madurez del Perú frente a la revolución tecnológica. El éxito de esta medida dependerá de la voluntad política para dotar de recursos a estos funcionarios y de la capacidad del Estado para adaptar sus rígidas estructuras administrativas a la velocidad de la innovación. El marco legal ya está listo; ahora la verdadera prueba será traducir esta norma en una mejora tangible para la gestión pública.