Perú: entre la urgencia climática, la seguridad y los intereses financieros

El Perú atraviesa un momento de alta actividad regulatoria en el que coinciden decisiones ambientales, medidas de alivio económico por el Fenómeno de El Niño, gastos extraordinarios en defensa y seguridad, reformas tributarias y cambios que afectan directamente a la banca. Lejos de ser frentes aislados, estas iniciativas configuran un mapa de riesgos y oportunidades para consumidores, empresas, Fuerzas Armadas y entidades financieras. La clave está en observar no solo lo que se anuncia, sino qué filtros se eliminan, qué riesgos se cubren y quién asume finalmente los costos.

Uno de los cambios más sensibles para la población es la eliminación de la Evaluación de Riesgo Ambiental como requisito para el registro de plaguicidas en Perú, dispuesta por la Resolución Ministerial N.° D000434-2026-MIDAGRI. Esta medida no vuelve tóxicos los alimentos de un día para otro, pero debilita un filtro preventivo clave antes de que un pesticida llegue al mercado. El impacto potencial se agrava porque los controles posteriores ya mostraban fallas; la Contraloría detectó que 7 de 12 muestras de vegetales en Lima y Callao superaban los límites máximos de residuos, con presencia de clorpirifos —prohibido en Perú— y metomil, altamente tóxico. El Tribunal Constitucional incluso declaró un “estado de cosas inconstitucional” por la respuesta estatal insuficiente en inocuidad alimentaria, mientras la Defensoría del Pueblo advirtió que los grupos más vulnerables son niños, gestantes y adultos mayores.

En paralelo, el Gobierno ha articulado alivios económicos frente al Fenómeno de El Niño que, aunque son generales para el sector privado, benefician directamente a grandes contribuyentes y actores logísticos como la industria cervecera. Entre las medidas figuran prórrogas automáticas de obligaciones tributarias para zonas declaradas en emergencia, aplazamiento de pagos a cuenta del Impuesto a la Renta y propuestas de garantías crediticias estilo “Reactiva Perú” canalizadas por Cofide. El caso de Backus fue citado como ejemplo de por qué se necesita liquidez en la cadena si las lluvias y los cortes de carreteras impiden distribuir cerveza, miles de bodegas que reciben crédito de la empresa enfrentan riesgo de impago. A ello se suman propuestas sectoriales, como un “Fondo Solidario Cervecero” que no debería trasladarse al precio final, y debates sobre el alto Impuesto Selectivo al Consumo que afecta a la industria.

El gasto en defensa y seguridad también avanza por dos vías. El presupuesto regular 2026 del sector Defensa asciende a S/ 10,167.4 millones, de los cuales el 78.4% se concentra en seis programas presupuestales; destacan S/ 7,233.9 millones para mejorar capacidades militares, S/ 468.8 millones para reducción de vulnerabilidad y atención de desastres, S/ 92.3 millones contra la minería ilegal y S/ 176 millones contra el terrorismo en el Vraem. A esto se suma un crédito suplementario solicitado de S/ 8,228 millones, dentro del cual Defensa concentra S/ 1,832 millones, aunque gran parte se dirige a obligaciones preexistentes como la Caja de Pensiones Militar Policial y la segunda fase de compra de aviones F-16 Block 70. También se aprobaron transferencias por S/ 1,137 millones para el proyecto de control aeroespacial en La Joya y S/ 283.5 millones para fortalecer la respuesta de las Fuerzas Armadas ante El Niño.

El Ejecutivo, además, recibió del Congreso facultades para legislar en 27 materias, agrupadas en seguridad ciudadana y justicia penal —12 puntos— y Fenómeno de El Niño —15 puntos—. En seguridad se incluyen regulación migratoria, geolocalización, armas y explosivos, sistema penitenciario y endurecimiento de penas para sicariato y extorsión. En materia climática se busca facilitar ayuda humanitaria vía INDECI, créditos agrarios y ejecución de obras de infraestructura y vivienda social. Otras reformas avanzan por decretos de urgencia o proyectos de ley, como la simplificación de regímenes tributarios para mypes, la extensión de la exoneración del Impuesto a la Renta sobre ahorros hasta 2029 y la revisión de la progresividad del IR y de los precios al carbono.

En el plano social, se anunciaron bonos directos por S/ 2,500 millones para familias vulnerables, damnificados, jubilados y adultos mayores, con pagos que empezarían en diciembre de 2026, además de S/ 500 millones para subsidios a combustibles y un presupuesto ampliado para el Midis superior a S/ 7,500 millones. También hay medidas ambientales y sanitarias en curso: un dictamen para vigilancia epidemiológica de población expuesta a metales pesados, un nuevo reglamento para la gestión integral de sustancias químicas y normas para agilizar proyectos de agua y saneamiento. En el Congreso se debate una reforma constitucional para permitir la reelección de magistrados del Tribunal Constitucional y propuestas para una asamblea constituyente, mientras el Ejecutivo pidió prorrogar por 60 días estados de emergencia en Cajamarca, Madre de Dios, Lima y el Callao.

Para los bancos y entidades financieras, la medida de mayor impacto es la propuesta de derogar los topes legales a las tasas de interés de la Ley N.° 31143, lo que les permitiría cobrar tasas más altas por créditos, especialmente a mypes y tarjetas de crédito. El Gobierno sostiene que el tope desincentiva el crédito formal, aunque un estudio de ESAN de 2025 concluyó que no redujo el crédito a las mypes. Al mismo tiempo, las garantías estatales para créditos reducirían el riesgo bancario en zonas golpeadas por El Niño, y la agenda regulatoria de finanzas abiertas, nuevos productos, cuentas para menores de 12 a 18 años y acceso a registros del RENIEC ampliaría su mercado potencial. En el flanco tributario, el sector sigue de cerca el debate sobre la exoneración del IR a los intereses de ahorro, cuya eliminación podría afectar la captación de depósitos.

El balance general es mixto. Las medidas pueden aliviar a empresas y familias frente a la emergencia, ampliar el crédito y modernizar el marco financiero, pero también concentran riesgos: se debilita la evaluación ambiental de pesticidas, se incrementa el gasto extraordinario en defensa con recursos que compiten con necesidades sociales y se abre la puerta a tasas de interés más altas para los consumidores. Para la población, el efecto final dependerá de que la fiscalización posterior funcione, de que las garantías estatales no se conviertan en subsidios encubiertos y de que las reformas tributarias y financieras no trasladen el costo hacia los sectores más vulnerables. El reto no es solo aprobar medidas, sino equilibrar urgencia, transparencia y protección efectiva de los derechos ciudadanos.