La paradoja de la inseguridad en el Perú: Diagnóstico claro, soluciones listas y un Estado paralizado

El Perú enfrenta una paradoja alarmante en materia de seguridad ciudadana; mientras las tasas de victimización real han mostrado una ligera tendencia a la baja en la última década, la percepción de inseguridad se ha disparado hasta alcanzar niveles asfixiantes. Según el último informe del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) sobre el indicador TG202, el 86% de la población urbana vive con miedo, mientras la tasa de homicidios y las denuncias por extorsión se multiplican. Sin embargo, lo más preocupante no es la magnitud de la crisis, sino la evidente parálisis del Estado. El Gobierno cuenta con la información precisa y las soluciones trazadas, pero se niega o es incapaz de reaccionar con la contundencia que la emergencia requiere.

Los datos no dejan lugar a la especulación ni a la improvisación. El diagnóstico es claro y está respaldado por cifras del INEI y el propio CEPLAN: la extorsión pasó de 11.5 a 77.8 denuncias por cada 100,000 habitantes entre 2019 y 2025, y los delitos con armas de fuego han escalado de manera sostenida. A esto se suma una brecha abismal entre la denuncia y la condena; por ejemplo, la población penitenciaria sentenciada por extorsión disminuyó entre 2021 y 2025, a pesar del aumento exponencial de los reportes. El Estado sabe exactamente dónde duele, cuáles son los territorios más afectados y cómo operan las redes criminales. El mapa del delito está dibujado con total nitidez.

Del mismo modo, las soluciones no son un misterio por descubrir. El propio informe del CEPLAN y diversos planes nacionales ya contienen la hoja de ruta: fortalecer la inteligencia criminal, implementar la interoperabilidad real entre la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE, y consolidar un Subsistema Especializado contra la Extorsión. También se recomienda simplificar los canales de denuncia, garantizar la protección de testigos y aplicar políticas de prevención territorial en coordinación con los gobiernos locales. Las herramientas técnicas, legales y presupuestales existen o pueden ser habilitadas. El diseño de la política pública está listo sobre el escritorio.

Entonces, ¿por qué el Estado no reacciona? La primera y más evidente razón es la crónica inestabilidad política. La rotación constante de ministros del Interior y de Justicia, sumada a la fragmentación del Congreso, impide cualquier continuidad en las estrategias de seguridad. Cada nuevo cambio de gabinete reinicia el ciclo, descarta los avances previos y prioriza medidas cosméticas de corto plazo. Sin una dirección política estable y con un horizonte temporal mínimo de varios años, es imposible ejecutar los planes estructurales que el CEPLAN advierte que son urgentes para el 2030.

Una segunda causa radica en la profunda fragmentación institucional y la burocracia estatal. Aunque en el papel se promueve la "interoperabilidad", en la práctica las instituciones de justicia y seguridad operan como feudos aislados, celosos de sus competencias y reacios a compartir información. Esta falta de coordinación sistémica permite que las denuncias se pierdan en laberintos administrativos, explicando por qué, a pesar de tener la data, el Estado no logra transformar los reportes ciudadanos en investigaciones eficaces y, mucho menos, en sentencias condenatorias que desarticulen a las organizaciones criminales.

En tercer lugar, no se puede ignorar la sombra de la corrupción y la infiltración del crimen organizado en las propias estructuras del Estado. La caída en el número de sentenciados por extorsión, en contraste con el aumento de denuncias, levanta serias sospechas sobre la integridad de algunos eslabones de la cadena de justicia. Cuando existen intereses oscuros, negociaciones políticas o funcionarios comprometidos, las soluciones técnicas son deliberadamente saboteadas, diluidas o postergadas. La inacción, en muchos casos, no es incompetencia, sino complicidad o indiferencia calculada.

Finalmente, existe una adicción estatal al cortoplacismo y al populismo punitivo. En lugar de invertir en la inteligencia financiera para seguir el rastro del dinero de las mafias, o en la recuperación de espacios públicos y prevención juvenil, el Estado suele responder con operativos mediáticos y militarizados que generan titulares por unos días, pero no resuelven el problema de fondo. Estas medidas "de choque" son políticamente rentables a corto plazo, pero fracasan estrepitosamente en generar la paz sostenible que la población demanda, desviando recursos de las soluciones reales que ya están identificadas.

En conclusión, la crisis de seguridad en el Perú no es un problema de falta de conocimiento, sino de ausencia de voluntad política y de integridad institucional. El Estado peruano tiene el diagnóstico, la data y las soluciones sobre la mesa, pero elige ignorarlas debido a la inestabilidad, la burocracia, la corrupción y el cortoplacismo. Si esta parálisis continúa, la proyección del CEPLAN para el 2030 se cumplirá inexorablemente: la inseguridad se normalizará, la presión sobre el sistema de justicia colapsará y el crimen organizado terminará de consolidar su poder, dejando a la ciudadanía atrapada en un ciclo de miedo e impunidad del que será muy difícil escapar.

Referencia:

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – Ceplan. (2026). Reporte de Tendencia global: Persistencia de la inseguridad ciudadana. https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/tg202