Perú en llamas: la emergencia que exponen los incendios y el retraso del Estado

El Perú atraviesa una de las emergencias por incendios forestales más severas de los últimos años. Según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en lo que va de 2026 se han registrado 385 incendios en distintas zonas del país, mientras que sistemas de monitoreo ambiental contabilizaron hasta 77 focos activos de manera simultánea. El saldo humano ya es irreversible: 08 personas fallecidas, 172 damnificados y más de 600 personas cuyas fuentes de subsistencia resultaron afectadas. Estas cifras, que varían según la fuente y la fecha de corte, describen una crisis que no se limita a la pérdida de vegetación: golpea directamente a comunidades que dependen de la tierra para vivir y que llevan días solicitando apoyo sin recibir una respuesta proporcional al peligro.

El epicentro de la emergencia se encuentra en la región Cusco, donde se han concentrado cerca de 280 incendios y más de 16,000 hectáreas de cobertura vegetal afectada, con 05 víctimas mortales. Pero el fuego no se restringe a un solo territorio: reportes de las últimas horas ubican focos activos en Ayacucho, Moquegua, Puno, Junín y Amazonas, donde se han contabilizado al menos quince incendios en provincias como Bagua, Luya, Chachapoyas y Utcubamba. En Junín, la superficie afectada alcanzaría las seis mil hectáreas. La dispersión geográfica es precisamente uno de los factores que vuelve crítica la situación; un mismo sistema de respuesta debe atender frentes lejanos entre sí, en regiones con caminos precarios y escasa presencia de servicios de emergencia.

Las condiciones que alimentan esta ola de incendios eran previsibles. La sequía y el déficit hídrico han dejado pastizales y bosques convertidos en combustible, una situación agravada por las condiciones asociadas a El Niño que ya venían siendo advertidas por especialistas. El Gobierno lo reconoció al declarar el estado de emergencia en 707 distritos por déficit hídrico, una medida anunciada en medio de la contingencia y no como parte de una prevención efectiva. A ello se suma un factor determinante: una parte importante de los incendios tiene origen antrópico, ligado a quemas agrícolas, quemas de pastos y negligencia. El clima explica la velocidad del avance, pero no explica por qué no se controlaron las prácticas de riesgo durante meses en los que el peligro estaba documentado.

En primera línea no están las instituciones nacionales, sino los pobladores. Comuneros, rondas campesinas, bomberos voluntarios y brigadas locales contienen el fuego con herramientas precarias y sin el equipamiento adecuado. En Cutivireni, la comunidad asháninka pidió públicamente más bomberos y maquinaria ante dos incendios que amenazaban su territorio, y denunció un apoyo apenas parcial. Ese testimonio resume una realidad extendida: quienes mejor conocen el terreno y pueden actuar en las primeras horas son también quienes menos recursos reciben. La falta de equipos de protección, motobombas, herramientas y comunicación radial no es un detalle logístico; pone en riesgo la vida de las mismas personas que intentan evitar que el fuego llegue a sus viviendas.

La reacción del Gobierno central, en cambio, ha sido descrita por la prensa y por columnistas como tardía y desproporcionadamente limitada frente a la escala del desastre. Reportajes recientes han cuestionado por qué incendios que duraron varios días en Cusco y Apurímac no recibieron atención oportuna, incluso cuando ya existían 33 focos activos en 12 regiones. El despliegue de dos aeronaves cisternas de la Fuerza Aérea en Calca y el anuncio de kits de ayuda para Cusco muestran una movilización que recién se intensifica cuando el daño ya es extenso. La pregunta de fondo es de gestión: un Estado de emergencia declaratorio, sin puestos de mando avanzados en el territorio ni liberación ágil de recursos, no se traduce en incendios controlados ni en familias protegidas.

La dimensión humanitaria exige la misma urgencia que el combate del fuego. El humo afecta de manera desproporcionada a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, y la atención médica en zonas rurales es escasa o inexistente. Sin agua potable, alimentos, abrigo y protección respiratoria, las familias evacuadas quedan expuestas a una segunda emergencia. A mediano plazo, el daño es estructural; la pérdida de pastizales compromete la ganadería, la destrucción de cobertura vegetal afecta las fuentes de agua y la degradación del suelo puede prolongarse por años. Ignorar esta etapa —la recuperación de medios de vida— convierte un desastre agudo en pobreza duradera, y explica por qué las comunidades sienten que la ayuda llega tarde o simplemente no llega.

En este contexto se ha vuelto recurrente la pregunta ciudadana sobre el “Escudo de las Américas”, la iniciativa de seguridad impulsada por Estados Unidos a la que el Perú se incorporó en septiembre de 2026. Conviene precisar de qué se trata: es una coalición orientada al intercambio de inteligencia, la cooperación militar y el combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional, con componentes económicos vinculados a minerales críticos. No es un mecanismo de defensa civil ni una flota de aeronaves contra incendios. Que sus integrantes puedan contemplar formas de asistencia humanitaria no la convierte en una respuesta operativa para esta emergencia. El contraste, sin embargo, es políticamente revelador: mientras se invierte capital diplomático en una alianza de seguridad, las comunidades afectadas reclaman recursos elementales que el Estado nacional sí tiene la obligación de proveer.

Lo urgente es concreto y no admite más demoras: desplegar brigadas especializadas y capacidad aérea donde el acceso terrestre es inviable; equipar y proteger a las brigadas comunales; instalar coordinación efectiva en las regiones afectadas; liberar fondos de contingencia con contratación simplificada y fiscalizada; y garantizar agua, alimentos, atención médica y alertas en lenguas originarias. La cooperación internacional debe solicitarse por los canales correctos —protección civil y ayuda humanitaria—, no mediante alianzas diseñadas para otros fines. Y junto a la respuesta inmediata debe abrirse una discusión inaplazable sobre prevención, presupuesto y vigilancia del territorio. Los incendios de 2026 no son un hecho aislado ni un destino climático inevitable; son la advertencia de que, si no se corrige ahora, la próxima emergencia encontrará al país exactamente en las mismas condiciones.