La falta de competencia en el sistema financiero peruano: un diagnóstico, el debate en el Congreso y propuestas de solución

El sistema financiero peruano presenta una paradoja que afecta directamente a millones de ciudadanos: mientras la banca múltiple registra rentabilidades récord, los usuarios enfrentan algunos de los costos crediticios más altos de la región. Esta situación no es casual, sino que responde a una estructura de mercado profundamente concentrada que limita la competencia y perpetúa la exclusión financiera. Comprender las causas de esta problemática, el debate político que ha generado en el Congreso y explorar vías de solución resulta esencial para construir un sistema financiero más inclusivo y eficiente.

El primer problema estructural es la altísima concentración del mercado. Al cierre de diciembre de 2025, cuatro bancos —BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank— reunían el 82.31% de los créditos directos de la banca múltiple. Cuando tan pocos jugadores dominan el mercado, la presión competitiva se diluye y las condiciones para los usuarios se deterioran. El segundo problema son las tasas de interés exorbitantes que enfrentan los consumidores. Al 27 de agosto de 2026, la SBS reportaba una tasa promedio anual de 58.38% para los créditos de consumo en soles. Sin embargo, en productos específicos como el retiro de efectivo con tarjeta de crédito, el BCP aplica una tasa anual que llega al 112.9%. El tercer problema es el elevado spread bancario y la rentabilidad excepcional de la banca; a junio de 2026, el ROE de la banca peruana alcanzó el 20.14%, mientras que en Estados Unidos las instituciones aseguradas por la FDIC reportaron un ROE de 12.40% en el mismo periodo. Esta combinación de altas tasas para los usuarios y elevadas ganancias para los bancos sugiere que parte de la rentabilidad proviene de una "cancha con poca competencia" más que de eficiencia operativa.

La cuarta consecuencia es la exclusión financiera masiva; solo el 33% de los adultos accede a financiamiento formal, y el 65% de los peruanos no accede a crédito del sistema financiero formal. El quinto impacto recae sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), que representan el 99.4% del tejido empresarial peruano. Más del 70% de las MYPE opera en la informalidad, lo que limita severamente su acceso al financiamiento formal. Las cajas municipales, que atienden principalmente a microempresarios, registran TCEA en el rango de 35% a 65% anual, mientras que las plataformas fintech supervisadas alcanzan rangos de 60% a 120%. La sexta consecuencia es el auge del crédito informal conocido como "gota a gota", que ha escalado de S/ 1,000 millones a S/ 4,000 millones en solo dos años, y se proyecta que podría crecer un 50% adicional en 2026, alcanzando los S/ 6,000 millones. Este crecimiento no es un efecto de la ley antiusura, sino de la retirada de las entidades financieras formales de zonas consideradas peligrosas, lo que ha dejado un vacío que los prestamistas informales han ocupado.

La causa de fondo de todos estos problemas es la falta de competencia efectiva. El sistema financiero peruano es bancario-céntrico, con la banca comercial realizando el 90% de la intermediación financiera, mientras que el mercado de valores apenas representa el 10%. Además, existen barreras de entrada significativas, incluyendo la falta de información crediticia compartida, que eleva los costos para evaluar el riesgo de nuevos usuarios y desincentiva la competencia.

El debate en el Congreso: un choque de visiones

El pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo de Keiko Fujimori, que incluía la eliminación del tope a las tasas de interés, desató un intenso debate en la Cámara de Diputados. La propuesta original contemplaba 66 medidas agrupadas en ocho materias y una delegación por 120 días. La Comisión de Economía, presidida por José Miguel Salazar (Ahora Nación), fue el epicentro de la disputa. En una sesión maratónica de más de dos horas, los integrantes no lograron consenso y postergaron la votación. El punto de mayor discrepancia fue precisamente la eliminación del tope del 114% a las tasas de interés.

La diputada de Fuerza Popular, Rosangela Barbarán, propuso una cuestión previa para retirar del debate la eliminación de topes y así lograr un consenso, pero su pedido fue rechazado con 11 votos en contra. El informe técnico de la comisión concluyó que no existe suficiente sustento para eliminar el tope de manera general, argumentando que las tasas promedio de los créditos para MYPE y consumo ya se encuentran por debajo del límite vigente. El diputado José Marcelo señaló que los datos de la SBS evidencian que las tasas promedio se mantienen por debajo del límite legal, y enfatizó que la delegación de facultades debe ser específica y contar con el debido sustento.

Desde la vereda opuesta, la bancada de Juntos por el Perú calificó el pedido como un "caballo de Troya" diseñado para beneficiar a "grupos de interés y sectores privados". La diputada Jésica Pérez advirtió que el fortalecimiento del factoring y la eliminación del tope a las tasas podrían terminar beneficiando principalmente a las grandes financieras. Por su parte, la diputada fujimorista Cecilia Chacón cuestionó que el informe recomendara rechazar el pedido en bloque, sin abrir la discusión de cada propuesta, y consideró que no hubo un análisis técnico sino político.

El desenlace fue contundente: la Comisión de Economía aprobó, con 9 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, el informe que rechaza otorgar las facultades solicitadas por el Gobierno para legislar en materia económica. Ocho de las doce comisiones de la Cámara de Diputados se pronunciaron en contra del pedido. Posteriormente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un texto sustitutorio que otorgó solo 20 facultades legislativas, exclusivamente en seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño, por 90 días, dejando fuera la eliminación del tope a las tasas.

Hacia dónde va el debate: el Senado y las alternativas

El debate no ha terminado. El texto aprobado por la Cámara de Diputados pasó al Senado, donde el oficialismo espera reincorporar las medidas económicas, incluida la eliminación del tope a las tasas. En el Senado, Fuerza Popular preside comisiones clave como Constitución, Inteligencia y Presupuesto, lo que le otorga una posición estratégica para impulsar su agenda. Sin embargo, el camino es incierto y la correlación de fuerzas en la cámara alta aún no está clara. La Comisión de Constitución del Senado ha reanudado el debate del pedido de facultades, pero sin la presencia de las bancadas de oposición.

Más allá de las facultades delegadas, el Congreso también discute iniciativas legislativas que apuntan a aumentar la competencia. Una propuesta de Renovación Popular plantea "aperturar la competencia bancaria" mediante la incorporación de un régimen de autorización dinámica para entidades bancarias extranjeras de alta solidez. Otra iniciativa, del partido Ahora Nación, propone eliminar las comisiones por transferencias bancarias y por pago de tarjeta de crédito, incorporando una disposición a la Ley 31143. La Comisión de Economía también evalúa proyectos para que el Banco de la Nación compita con las instituciones financieras privadas, captando ahorros y ofreciendo créditos de manera abierta. Estas iniciativas reflejan que el diagnóstico sobre la falta de competencia es compartido, aunque las soluciones propuestas difieren en su enfoque.

Propuestas de solución que ya están en marcha

Frente a este diagnóstico, existen varias vías de solución que ya están en marcha. La primera es el Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), cuya implementación gradual está prevista entre 2027 y 2029. La SBS publicó el primer bloque normativo del SFA en octubre de 2026, estableciendo las bases para que los usuarios compartan su información financiera de forma segura, reduciendo los costos de cambiar de proveedor. La segunda es el fomento de la entrada de nuevos actores: la SBS ha otorgado autorización de organización a Revolut Bank Perú, que operará como un banco 100% digital, así como a Kori Financiera, enfocada en préstamos a microempresas. La tercera es el desarrollo de instrumentos como el factoring, que alcanzó S/ 27,019 millones en el primer semestre de 2026, ofreciendo a las MYPE una alternativa de financiamiento basada en sus facturas negociables. La cuarta es la regulación del modelo "Banking as a Service" (BaaS), cuyo reglamento fue publicado por la SBS en julio de 2026, permitiendo que empresas no financieras ofrezcan productos financieros a través de plataformas digitales. La quinta es la prórroga de la exoneración del Impuesto a la Renta sobre los intereses de los depósitos de ahorro, que vence el 31 de diciembre de 2026 y ya cuenta con un proyecto de ley para extenderla hasta 2029.

En sintesis, la falta de competencia en el sistema financiero peruano no es un problema abstracto: se traduce en créditos más caros, ahorros que rinden poco, exclusión financiera masiva y un auge del crédito informal que expone a los más vulnerables a prácticas abusivas. El debate en el Congreso ha evidenciado un choque de visiones sobre cómo abordar esta problemática. Mientras unos apuestan por eliminar los topes a las tasas como mecanismo para ampliar el acceso al crédito, otros sostienen que la solución pasa por aumentar la competencia y proteger a los consumidores. Las soluciones existen y ya están en camino —finanzas abiertas, nuevos competidores digitales, instrumentos alternativos de financiamiento— pero requieren voluntad política y regulatoria para acelerarse. La educación financiera, el fortalecimiento de la competencia y la modernización del sistema de pagos son pilares complementarios para construir un sistema financiero que realmente sirva a todos los peruanos, no solo a los cuatro bancos que hoy dominan el mercado.