La seguridad no se importa: Perú frente al atajo autoritario y la construcción de instituciones confiables”

La comparación entre Perú y El Salvador en materia de seguridad interna revela una de las paradojas más elocuentes del hemisferio occidental. Mientras El Salvador exhibe hoy una tasa de homicidios de 1.3 por cada 100,000 habitantes —la más baja de América Latina—, Perú registra una tasa de 10.7, casi ocho veces mayor, con 3,675 homicidios en 2025 frente a los apenas 82 salvadoreños. La tentación de importar el "modelo Bukele" es comprensible ante una ciudadanía peruana que percibe una inseguridad creciente y una desprotección generalizada. Sin embargo, un análisis riguroso de las realidades criminales, institucionales y normativas de ambos países demuestra que esa no es la solución para el Perú, y que intentarlo podría incluso agravar la crisis.

El "éxito" salvadoreño se sostiene sobre un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 que ha suspendido garantías constitucionales clave. Bajo esa figura se han ejecutado más de 91,000 detenciones masivas, se ha desarticulado a las pandillas MS-13 y Barrio 18 mediante un control férreo de las cárceles, y se reportan más de 1,100 días sin homicidios. Pero ese resultado tiene un costo que rara vez se menciona en los titulares: Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado detenciones arbitrarias, torturas, al menos 470 muertes bajo custodia estatal y juicios masivos calificados como "una burla a la justicia", donde cientos de personas son procesadas simultáneamente con pruebas débiles y sin oportunidad real de defensa. El régimen también ha sido utilizado para perseguir a críticos, periodistas y organizaciones no gubernamentales, erosionando la democracia salvadoreña. Este es un precio que el Perú, como democracia constitucional con heridas históricas propias, simplemente no debería estar dispuesto a pagar.

La razón más profunda por la que el modelo no es replicable radica en la naturaleza misma de la criminalidad. El Salvador enfrentó pandillas con estructuras jerárquicas claras, control territorial definido y miembros fácilmente identificables —incluso por tatuajes—, lo que facilitó las operaciones masivas de detención. Perú, en cambio, combate un ecosistema criminal "microsegmentado" y flexible; miles de bandas dedicadas a la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión y el sicariato, muchas con conexiones transnacionales y camufladas en la sociedad. Aplicar una táctica de "mano dura" indiscriminada contra un enemigo tan fragmentado y difuso es como intentar usar un martillo para desarmar un reloj. El propio gobierno peruano parece haberlo entendido; el ministro Marco Vinelli ha declarado que "no copiaremos el Plan Bukele", sino que se desarrollará un "Plan Perú" adaptado a la realidad nacional.

Existe, además, una barrera operativa insalvable; el sistema penitenciario peruano está al borde del colapso. Tiene capacidad para aproximadamente 41,000 personas pero alberga a más de 103,000, con un déficit que supera las 60,000 plazas. Cualquier ampliación de capacidad sería absorbida de inmediato, y en ese contexto de hacinamiento extremo es imposible implementar el "control penitenciario" que fue clave en El Salvador, donde se aisló a los líderes de las pandillas. Sin control interno, las cárceles peruanas seguirían operando como centros de coordinación del crimen, tal como lo demuestran las órdenes de secuestro y homicidio que se emiten desde ellas. El modelo Bukele requiere una infraestructura carcelaria que Perú simplemente no posee ni puede construir en el corto plazo.

Pero hay un obstáculo aún más profundo que la propia inseguridad: la corrupción sistémica en la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Según el exdiputado Francisco Diez-Canseco, el 96% de los delincuentes detenidos en flagrancia recupera su libertad en apenas 48 horas debido a irregularidades o deficiencias en la elaboración de los expedientes policiales. Se han documentado casos de policías que colaboran con redes de extorsión, participan en secuestros, integran organizaciones dedicadas al robo, o incluso "policías fantasma" que cobran coimas para abandonar sus puestos de patrullaje. La Fiscalía ha atribuido a policías corruptos el retraso deliberado de actuaciones y la simulación de diligencias para favorecer a investigados. Solo el 13.4% de la población confía en la institución policial, y un 59.6% identifica la corrupción como uno de los principales problemas del país, incluso por encima de la delincuencia (53.6%). La corrupción no es un problema adicional a la inseguridad es su causa fundamental y su principal facilitador.

Frente a este panorama, el Perú ya cuenta con un marco estratégico con enfoque de derechos: el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028, cuyos resultados entre enero y mayo de 2026 reportan reducciones en homicidios (23.53%), extorsiones (46.06%) y robos (16.46%). Las medidas clave incluyen el fortalecimiento de la investigación criminal y la inteligencia —con incremento de efectivos especializados, laboratorios de criminalística y coordinación permanente con el Ministerio Público y el Poder Judicial—; el uso de tecnología para la transparencia, como las cámaras corporales (bodycams) aprobadas por el Congreso, que aumentan la transparencia y aportan evidencia objetiva; y la prevención social mediante programas como "Rompiendo Cadenas" de la Defensoría del Pueblo, orientado a proteger a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Experiencias locales como la Comisaría PNP Tarma (Junín) con su proyecto "YAPANA" para la inclusión de personas con discapacidad, o la Comisaría de Familia El Agustino con su sistema de seguimiento de medidas de protección para víctimas de violencia, demuestran que la labor comunitaria con pertinencia cultural es una herramienta eficaz de prevención.

El desafío principal es político y de gestión; resistir la tentación de atajos represivos y garantizar que estas medidas, ya diseñadas, se implementen de manera efectiva, coordinada y con pleno respeto a los derechos fundamentales. La existencia de protocolos de uso de la fuerza, la creación de una Dirección de Derechos Humanos dentro del Estado Mayor de la PNP y la capacitación continua son salvaguardas necesarias contra abusos. Pero ninguna de estas medidas funcionará si los propios encargados de implementarlas son vulnerables a la captura criminal. La reforma del sistema de justicia en su conjunto —con integridad institucional y lucha contra la corrupción en su núcleo— no es un complemento de la política de seguridad; es su condición previa indispensable.

En síntesis, el "modelo Bukele" no es una solución para Perú porque fue un traje a medida para un problema específico (las pandillas) en un contexto institucional particular. Intentar imponerlo aquí ignoraría la complejidad del crimen organizado peruano, chocaría con la realidad de un sistema penitenciario colapsado y, lo más grave, implicaría sacrificar los derechos fundamentales y el Estado de derecho. La verdadera solución no es importar un modelo autoritario, sino construir uno propio que fortalezca las instituciones, invierta en inteligencia, ataque las raíces del crimen y erradique la corrupción que hoy captura a las propias instituciones encargadas de protegernos. El camino es más lento y menos espectacular, pero es el único compatible con una sociedad que aspire a vivir segura sin dejar de ser libre.