La salud peruana en 10 pasos hacia la universalidad real

1. El Perú exhibe una cobertura nominal del 95 % de su población, pero esa cifra esconde una red fragmentada: EsSalud atiende al tercio formal, el SIS protege a los más pobres, los militares y la policía mantienen hospitales propios y el sector privado escolta a quienes pueden pagar. La brecha entre afiliación y acceso efectivo —servicio oportuno con protección financiera— alcanza 35 puntos porcentuales, la más alta de la región andina.

2. El Seguro Integral de Salud (SIS), bandera de la gratuidad, ya cubre a más de 20 millones de personas y financia el 40 % de las atenciones del país; sin embargo, su presupuesto apenas crece 3 % real anual, mientras la demanda lo hace al 6 %. La consecuencia es lista de espera, desabastecimiento de oncológicos y un gasto de bolsillo que aún alcanza al 35 % de sus usuarios.

3. Para salvar al SIS sin quebrar las finanzas públicas, el Gobierno debe impulsar la creación de la Autoridad Nacional de Aseguramiento en Salud (ANAS); un fondo único que comprará servicios a hospitales públicos, militares o privados bajo un mismo plan de beneficios y pagos por resultados. La clave será trasladar recursos hacia quien resuelva, no hacia quien posea la infraestructura.

4. EsSalud, por su parte, ingresó en déficit operativo en 2023 y proyecta pérdidas crecientes a medida que envejezca su población asegurada. Su rescate pasa por restablecer la cotización sobre gratificaciones, crear un fondo de reserva previsional y abrir la afiliación voluntaria a independientes con tasas progresivas, subvencionadas durante los primeros cinco años para no expulsar al informal a la indigencia sanitaria.

5. Los sistemas castrenses —FOSPEME, FORSMAR y FOSFFAA— atienden a 250,000 beneficiarios en 38 hospitales propios, pero su financiamiento no es previsional y 30 % de sus miembros ya son jubilados. La solución consensuada es convertirlos en “regímenes especiales” dentro de la futura ANAS, conservar sus camas críticas y comprar alta complejidad al resto del país mediante contratos-paquete.

6. El primer nivel de atención es el cuello de botella común; más de 700 distritos rurales carecen de médico titular y 75 % de los centros no tiene laboratorio básico. La respuesta inmediata incluye una carrera sanitaria rural con remuneración competitiva, telemedicina 4G y pago por rendimiento que libere hasta 20 % del presupuesto regional cuando la hipertensión, la diabetes o el parto se resuelvan en la comunidad.

7. El desabastecimiento de medicamentos —más de 70 fármacos esenciales con faltantes superiores a 60 días— obliga a reformar el Centro Nacional de Abastecimiento: convertirlo en agencia logística independiente, actualizar precios trimestralmente y licitar a nivel internacional. Paralelamente, se relanzarán dos laboratorios públicos para producir genéricos estratégicos y actuar como “fábrica de precios” en el mercado andino.

8. La digitalización es otro talón de Aquiles; apenas 25 % de establecimientos posee historia clínica electrónica y ninguna plataforma habla con la otra. La meta 2027 es una única ficha HL7/FHIR alimentada por identidad digital biométrica, incentivos fiscales a start-ups de inteligencia artificial y un centro de ciberseguridad sanitaria que proteja la infraestructura crítica.

9. Para financiar todo el paquete sin quebrar el techo de deuda, se propone un fondo único alimentado por copago progresivo (tope 3 % del ingreso), un impuesto escalonado a bebidas azucaradas, alcohol y tabaco (0,7 % del PBI) y la destinación del canon minero sobrecanon a la salud rural. El dinero fluirá por “paquetes de beneficios” y seguirá al paciente, rompiendo la lógica presupuestaria por institución que hoy reproduce la ineficiencia.

10. El Perú tiene, pues, tres años para demostrar que la cobertura universal no es un eslogan: debe unificar aseguradores, fortalecer la atención primaria, garantizar medicamentos, digitalizar la información y financiar el conjunto con reglas progresivas y transparentes. De fallar, la desigualdad sanitaria se regionalizará aún más y el gasto de bolsillo superará el 45 %, condenando a millones de peruanos a ser pobres cada vez que se enfermen.