La salud en Perú: entre la cobertura universal y la crisis de atención

El sistema de salud peruano ha alcanzado un hito histórico en 2024; por primera vez, el país registra una cobertura de aseguramiento del 100% de su población, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Este logro, impulsado principalmente por el crecimiento del Seguro Integral de Salud (SIS), que hoy protege a más de 26 millones de peruanos, representa el cierre de una brecha que durante décadas dejó a millones de ciudadanos en la vulnerabilidad. Sin embargo, detrás de esta cifra aparentemente exitosa se esconde una realidad preocupante; contar con un seguro no garantiza necesariamente recibir atención médica oportuna y de calidad cuando se la necesita.

El SIS ha demostrado ser el pilar fundamental del aseguramiento universal en el Perú, logrando afiliar a más de 1 millón de personas adicionales durante 2024 y superando los 90 millones de atenciones en el año. Sin embargo, su éxito en cobertura contrasta con las limitaciones en la prestación de servicios. La población asegurada en el SIS depende exclusivamente de la red de establecimientos del Ministerio de Salud, lo que genera congestión en los hospitales públicos y tiempos de espera que desalientan la búsqueda de atención. Según la Encuesta Nacional de Hogares, solo el 46.2% de los peruanos con problemas de salud acude a establecimientos formales, mientras que el 21.5% prefiere automedicarse en farmacias y boticas, evidenciando una desconfianza generalizada en el sistema público.

Por otro lado, EsSalud, el seguro social que cubre a aproximadamente el 22.6% de la población, atraviesa una profunda crisis de credibilidad y funcionamiento. A pesar de contar con los hospitales de mayor complejidad del país, como el Nacional Edgardo Rebagliati y el Guillermo Almenara, solo 4 de cada 10 asegurados recurren a sus servicios. El resto opta por no atenderse, automedicarse o buscar alternativas privadas, asumiendo costos que promedio superan los S/ 636 anuales por persona. Entre 2019 y 2024, los trabajadores asegurados en EsSalud han desembolsado más de S/ 26,000 millones de sus propios bolsillos para cubrir atenciones que deberían ser gratuitas, revelando un colapso en la capacidad de respuesta de la institución.

La fragmentación del sistema constituye uno de los principales obstáculos para una atención eficiente. Perú mantiene dos subsistemas paralelos e independientes: el SIS, financiado con recursos fiscales y destinado a población vulnerable, y EsSalud, sostenido por aportes de empleadores y trabajadores. Esta segmentación genera duplicidad de infraestructura en algunas zonas urbanas mientras deja desatendidas vastas regiones rurales. Además, crea barreras artificiales; un asegurado del SIS no puede acceder a un hospital de EsSalud y viceversa, desperdiciando capacidad instalada y generando inequidades inaceptables en el acceso a la salud.

Ante este escenario, el Congreso de la República ha presentado propuestas de reforma estructural que buscan transformar radicalmente el panorama. El proyecto de ley más ambicioso propone la unificación progresiva, en un plazo de tres años, de todas las entidades del sector salud: Minsa, EsSalud, SIS, Sanidad de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Esta integración busca crear un sistema único de regulación y dirección, permitiendo que todos los peruanos accedan indistintamente a la red completa de hospitales públicos, independientemente de su tipo de seguro. La propuesta promete mantener los mismos recursos actuales pero distribuirlos de manera más eficiente, eliminando duplicidades y optimizando la inversión en infraestructura.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su reciente estudio sobre el sistema de salud peruano, ha respaldado la necesidad de integrar los subsistemas y armonizar los planes de aseguramiento. Sin embargo, advierte que el proceso no será sencillo. EsSalud opera como empresa pública con una compleja gobernanza tripartita que involucra al Estado, empleadores y asegurados, mientras que el SIS funciona como un organismo técnico especializado de gestión financiera. Superar estas diferencias estructurales requerirá no solo cambios legales, sino una voluntad política firme para priorizar el derecho a la salud sobre los intereses institucionales corporativos.

El financiamiento sigue siendo un desafío crítico para el futuro del sistema. A pesar del incremento en afiliaciones, el gasto en salud en Perú representa apenas el 5.3% del Producto Bruto Interno, muy por debajo del promedio de América Latina (8%) y de los países de la OCDE (12.3%). El presupuesto asignado para 2025, de S/ 30,373 millones, representa un incremento marginal del 3% respecto al año anterior, insuficiente para atender las crecientes demandas de una población que esta envejeciendo y las necesidades de modernización de la infraestructura hospitalaria. Sin un incremento sostenido de recursos, cualquier reforma estructural corre el riesgo de quedar en letra muerta.

El camino hacia un sistema de salud verdaderamente universal y eficiente exige transformaciones profundas que vayan más allá de la mera ampliación de coberturas. Se necesita combatir la corrupción institucionalizada que aqueja a EsSalud, donde 9 de cada 10 trabajadores reportan irregularidades en designaciones y contrataciones; implementar la transformación digital para reducir la fragmentación de la información; y fortalecer la atención primaria en las regiones más alejadas del país. La unificación del SIS y EsSalud representa una oportunidad histórica para construir un sistema cohesionado, pero su éxito dependerá de la capacidad de las autoridades para articular un consenso técnico-político que ponga al ciudadano en el centro de las políticas sanitarias, garantizando no solo que todos tengan un seguro, sino que todos reciban atención médica digna y oportuna cuando la necesiten.