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La brecha invisible: la Diabetes Tipo 2 en el Perú entre la estadística y la realidad

  • Foto del escritor: Alfredo Arn
    Alfredo Arn
  • hace 2 días
  • 4 Min. de lectura

En el Perú contemporáneo, la diabetes tipo 2 se ha consolidado como una epidemia silenciosa que afecta al 10.7% de la población adulta, equivalente a aproximadamente 2.6 millones de personas, según el Instituto Nacional de Salud. Esta cifra, aunque menor al promedio latinoamericano, esconde una bomba demográfica; cerca de 6 millones de peruanos se encuentran en estado prediabético, lo que proyecta un aumento del 50% en la carga de la enfermedad para 2045. Con un 96% de los casos correspondiendo a diabetes tipo 2, el país enfrenta una transición epidemiológica acelerada donde la urbanización y el incremento del 158% en la obesidad desde 1975 están reconfigurando el mapa de la morbilidad nacional, desplazando a las enfermedades infecciosas por condiciones crónicas no transmisibles que demandan atención médica continua y costosa.

Sin embargo, la verdadera crisis del Perú no reside únicamente en la prevalencia, sino en el abismo entre diagnóstico y control. Mientras que los tratados internacionales sugieren que al menos la mitad de los pacientes diabéticos deberían mantener niveles de HbA1c inferiores al 7%, en el sistema público peruano apenas el 30.6% logra este objetivo. Esta cifra se descompone dramáticamente cuando se analiza por tipo de aseguramiento: los asegurados en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional alcanzan un 52.4% de control adecuado, los usuarios de EsSalud llegan al 35.5%, pero los pacientes atendidos por el Ministerio de Salud y el Sistema Integral de Salud (SIS) —la mayoría de la población— apenas alcanzan un 25.2% de control metabólico efectivo. Esta fragmentación revela un sistema de salud profundamente estratificado donde la calidad del tratamiento depende más del tipo de seguro que de la necesidad clínica.

La desigualdad se profundiza en el acceso a medicamentos esenciales. A pesar de que el SIS garantiza teóricamente la gratuidad de tratamientos antidiabéticos, la realidad es de desabastecimiento crónico y discriminación farmacéutica. Entre 2019 y 2023, el presupuesto para insulinas en el SIS se recortó a la mitad, obligando a pacientes a comprar en farmacias privadas donde una terapia mensual con insulina humana consume entre el 10% y 20% del salario mínimo peruano (S/ 1,025 o $278 dólares). Mientras que el Estado puede adquirir insulinas biosimilares indias a S/ 9 ($3 dólares) por frasco, el paciente desabastecido debe pagar S/ 100-200 ($27-54) en el sector privado. Esta brecha se amplía con los fármacos innovadores; los agonistas de GLP-1 como Ozempic o los inhibidores de SGLT2, estándares en países de altos ingresos, son virtualmente inexistentes en el sector público peruano, creando un abismo terapéutico entre lo médicamente posible y lo económicamente accesible.

El colapso logístico se agrava por una ausencia crítica de infraestructura digital. A diferencia de otros países de la región, el Perú no posee un registro nacional de pacientes con diabetes, ni siquiera de aquellos que requieren insulina para sobrevivir. La mayoría de establecimientos de salud mantienen registros en papel, impidiendo la cuantificación precisa de la demanda y generando compras públicas "a ciegas" basadas en consumo histórico que sistemáticamente subestiman la necesidad real. Esta opacidad administrativa se traduce en un desabastecimiento selectivo: mientras las farmacias públicas urbanas reportan 75% de disponibilidad de insulinas, en zonas rurales esta cifra se desploma al 28-50%, condenando a pacientes de la sierra y selva a racionar sus dosis o recurrir a prácticas de automedicación peligrosa.

La barrera tecnológica se extiende al diagnóstico y monitoreo. El gold standard para el control diabético, la hemoglobina glicosilada (HbA1c), permanece inasequible para la mayoría del sistema público, obligando a médicos a depender de glucómetros cuyas tiras reactivas están disponibles solo en el 21% de establecimientos de salud. Esta limitación tecnológica genera un diagnóstico tardío y un control empírico, donde el ajuste de dosis se realiza a ciegas sin conocer el promedio glucémico real del paciente. En zonas rurales, donde la prevalencia es menor (0.7-2.5%) pero el subregistro es masivo, muchos pacientes viven años con hiperglucemia crónica sin diagnóstico formal hasta que desarrollan complicaciones agudas o crónicas avanzadas.

El impacto económico de estas brechas recae directamente sobre los hogares más vulnerables. El Perú presenta uno de los porcentajes más altos de gasto de bolsillo en salud de Sudamérica (39.5% del gasto total), y la diabetes es una de las condiciones que más empobrece. A pesar de la gratuidad teórica de medicamentos en el SIS, los pacientes gastan en promedio S/ 13.45 ($3.60) mensuales solo en transporte para retirar medicamentos, y cuando estos faltan —lo cual ocurre frecuentemente— deben asumir costos catastróficos en farmacias privadas. Solo el 46% de los pacientes SIS recibe todos los medicamentos prescritos, mientras que el resto debe elegir entre comprar insulina o cubrir otras necesidades básicas, generando adherencia terapéutica fragmentada y resultados clínicos pobres.

La dimensión geográfica de la inequidad es particularmente dramática. En Lima y la costa urbana, donde se concentra la mayor prevalencia (5.5-6.3%), existe cierta infraestructura para el manejo crónico, aunque deficiente. Sin embargo, en la sierra sobre 3,000 metros de altitud —donde paradójicamente la prevalencia es menor por factores metabólicos de adaptación hipóxica— la disponibilidad de insulinas análogas es casi nula y los pacientes deben viajar horas a centros regionales para obtener medicamentos básicos. Tumbes, con la mayor mortalidad por diabetes del país a pesar de tener prevalencia media, ejemplifica cómo la lejanía de los centros de salud y la falta de especialistas convierten la diabetes en una sentencia de muerte prematura evitable, especialmente para la población rural y amazónica.

Frente a este escenario, el Perú enfrenta el desafío de reconciliar su normativa sanitaria —que establece diabetes como prioridad en el Plan Nacional de Enfermedades Crónicas— con una realidad de subfinanciamiento y fragmentación. La transición hacia insulinas análogas y terapias cardiorrenales modernas (GLP-1, SGLT2) que revolucionan el manejo de la diabetes en países de altos ingresos, resulta un objetivo distante cuando el sistema aún no garantiza el suministro estable de insulinas humanas básicas. Sin un registro nacional que permita compras planificadas, sin acceso universal a monitoreo de HbA1c, y con un sistema de salud que premia el tipo de seguro sobre la necesidad médica, la diabetes tipo 2 peruana permanece como una metáfora de la inequidad latinoamericana; una enfermedad que se puede controlar, pero que el sistema elige —mediante omisión o estructura— dejar descontrolada en sus poblaciones más pobres.

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