El nuevo régimen de pagos digitales de Remuneraciones en el Perú

El 6 de febrero de 2026, el Poder Ejecutivo del Perú aprobó el Decreto Supremo N.° 011-2026-EF, reglamento que desarrolla la Ley N.° 32413 y establece el marco legal para el pago de remuneraciones, gratificaciones, compensaciones por tiempo de servicios (CTS) y otras obligaciones laborales mediante billeteras digitales como Yape, Plin y otras plataformas autorizadas por la SBS. Esta normativa representa un punto de inflexión en la historia laboral peruana, ya que por primera vez se reglamenta de manera integral el uso de dinero electrónico para el pago de sueldos, abriendo la puerta a la modernización de los procesos de nómina en un país donde, paradójicamente, el 73.3% de las empresas aún pagan en efectivo y 33% de los trabajadores formales sigue recibiendo su salario en billetes y monedas, evidenciando una brecha entre la adopción de tecnología financiera en el consumo diario y su aplicación en las relaciones laborales formales.

El reglamento se estructura en cinco artículos que abordan aspectos fundamentales, desde definiciones técnicas hasta la implementación progresiva en el sector público. Establece dos modalidades principales de pago: la primera, mediante cuentas de ahorro vinculadas a billeteras digitales, donde el empleador deposita en la cuenta bancaria tradicional y el trabajador opera a través de la aplicación; y la segunda, más innovadora, mediante cuentas de dinero electrónico directas en las billeteras, que no requieren cuenta bancaria tradicional. Esta última opción es clave para la inclusión financiera de trabajadores no bancarizados, que representan aproximadamente el 50% de los adultos peruanos.

Los requisitos para el pago mediante billeteras digitales priorizan la protección del trabajador. El reglamento exige un acuerdo previo expreso entre las partes, garantiza la voluntariedad de la elección del trabajador —estableciendo que cualquier coerción constituye infracción muy grave sancionable—, prohíbe que el trabajador asuma costos por el servicio, y exige que las billeteras estén autorizadas por la SBS y cumplan con estándares de interoperabilidad del Banco Central de Reserva. Estas salvaguardas buscan evitar que la modernización tecnológica se traduzca en vulneración de derechos laborales.

El impacto potencial de esta normativa en la inclusión financiera es considerable. Mientras que 14 millones de peruanos ya utilizan billeteras digitales y las transacciones superaron los S/ 94,000 millones en 2024, la mitad de la población adulta permanece fuera del sistema financiero formal. Se proyecta que más de 4.5 millones de trabajadores podrán acceder al sistema financiero formal mediante esta modalidad, generando historial crediticio que facilitará el acceso a préstamos, seguros y otros productos financieros esenciales para el desarrollo económico personal.

Sin embargo, la implementación no está exenta de riesgos. La masificación de pagos digitales de sueldos introduce amenazas de ciberseguridad significativas, incluyendo phishing, malware financiero, fraudes internos y errores humanos en las transferencias. Las empresas deberán implementar medidas robustas de seguridad, incluyendo autenticación multifactor, cifrado de datos, segmentación de redes y auditorías periódicas, además de capacitar continuamente al personal en educación financiera y ciberseguridad para mitigar estas vulnerabilidades.

Los límites operativos actuales de las billeteras presentan desafíos técnicos que deberán superarse. Yape, por ejemplo, tiene un límite de envío de S/ 500 por operación con tarjeta de débito y recepción mensual máxima de 5 UIT (aproximadamente S/ 26,750), lo cual puede resultar insuficiente para sueldos elevados o pagos de gratificaciones y CTS. Se espera que la SBS ajuste estos topes específicamente para transacciones laborales, o que las empresas configuren límites especiales que permitan la operatividad fluida de la nómina digital sin restricciones que afecten la experiencia del usuario.

Para el sector público, el reglamento establece un cronograma progresivo de implementación, donde el Ministerio de Economía y Finanzas definirá plazos específicos para cada entidad según su madurez tecnológica. Esta gradualidad busca garantizar la seguridad de las transacciones y la capacitación del personal antes de la masificación. Para el sector privado, no hay plazos obligatorios, pero se incentiva la adopción mediante la flexibilidad operativa, la reducción de costos logísticos del efectivo y la capilaridad para alcanzar trabajadores en zonas sin infraestructura bancaria tradicional.

La brecha digital y la necesidad de alfabetización financiera constituyen desafíos adicionales. Dado que el 73.3% de empresas paga actualmente en efectivo, tanto empleadores como trabajadores requerirán capacitación intensiva en el uso de billeteras digitales, gestión de seguridad, y adaptación de sistemas de recursos humanos. El éxito de la normativa dependerá crucialmente de programas nacionales de educación financiera y de la mejora de la infraestructura de conectividad, especialmente en zonas rurales donde la informalidad laboral es más prevalente.

En el mediano plazo, se proyecta una reducción del 50% en pagos de sueldos en efectivo para empresas formales, la inclusión financiera de 2 a 3 millones de adultos adicionales, y el desarrollo de productos financieros innovadores basados en el historial de pagos digitales. La interoperabilidad total entre billeteras y el sistema bancario consolidará un ecosistema digital integrado, donde la trazabilidad de los pagos contribuirá significativamente a la formalización laboral y la lucha contra la informalidad económica que afecta al país.

El Decreto Supremo N.° 011-2026-EF constituye, en definitiva, un avance normativo significativo que moderniza el marco laboral peruano y lo alinea con tendencias globales de digitalización. Su éxito dependerá de una implementación cuidadosa que equilibre eficiencia operativa con protección de derechos, de la colaboración coordinada entre Estado, sector privado y trabajadores, y de la voluntad política para transformar la promesa legislativa en inclusión financiera tangible. El futuro del pago de sueldos en el Perú es inequívocamente digital, pero la velocidad de esa transición debe ser proporcional a la madurez de la infraestructura y la preparación de todos los actores involucrados.