La RNDFO: entre el elefante blanco y la columna vertebral digital del Perú

La Red Nacional Dorsal de Fibra Óptica (RNDFO) representa una de las paradojas más costosas de la infraestructura pública peruana: 13,500 kilómetros de fibra óptica conectando 22 capitales de región y 180 capitales de provincia, con una inversión acumulada superior a los S/ 3,352 millones, que registra simultáneamente una ocupación real del 7,8% de su capacidad, una caída del 71% en sus ingresos, y una conectividad efectiva del 0% en sectores críticos como salud y educación. Mientras el Estado proyecta gastar S/ 3,000 millones adicionales en OPEX durante la próxima década, la red opera como un elefante blanco tecnológico; infraestructura costosa, poco utilizada, gestionada provisionalmente por Pronatel desde 2022 tras la caducidad de la concesión original con Azteca Comunicaciones. La contradicción no reside en la tecnología desplegada, sino en la ausencia de un modelo de negocio claro, un operador con capacidad técnica, y una demanda institucional que justifique la inversión ya realizada.

La modernización tecnológica de la RNDFO debe priorizar la reducción de costos operativos sobre el despliegue de equipos de última generación. El cambio más impactante para la capa óptica de la dorsal es la migración a sistemas ROADM (Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer) de arquitectura CDC-F, que permiten reconfigurar tráfico de longitudes de onda remotamente desde el NOC central, eliminando la necesidad de enviar técnicos a nodos ubicados en geografía andina o amazónica de difícil acceso. Complementariamente, la incorporación de transponders coherentes de 400G/800G por canal y flex-grid multiplica la capacidad por fibra existente sin tender nuevos cables, reduciendo el costo por bit transportado. En la capa de red, la adopción de SDN (Software-Defined Networking) y virtualización de funciones de red (NFV) permite automatizar el aprovisionamiento de servicios y optimizar rutas dinámicamente, transformando una red gestionada manualmente en una infraestructura programable y resiliente. Para los proyectos regionales, la migración de GPON a XGS-PON mediante OLTs Combo PON ofrece velocidades simétricas de 10 Gbps, reutilizando fibra y splitters pasivos existentes, condición indispensable para que telemedicina, educación virtual y videovigilancia dejen de ser promesas teóricas y se conviertan en servicios operativos.

La separación funcional entre la RNDFO y REDNACE constituye un requisito regulatorio ineludible para evitar la distorsión del mercado de telecomunicaciones. Mientras la RNDFO debe operar como infraestructura mayorista abierta y neutral, vendiendo capacidad de transporte a operadores privados e instituciones públicas en igualdad de condiciones, REDNACE debe limitarse a comunicaciones críticas y seguridad nacional para el Ministerio del Interior, Defensa e Inteligencia. La asimetría actual —donde el Estado opera REDNACE sin costos de interconexión equivalentes mientras los privados pagan tarifas reguladas por el uso de la RNDFO— desincentiva la inversión privada y reduce la demanda potencial en el mercado comercial. El OSIPTEL debe asumir la regulación de tarifas mayoristas de la RNDFO, garantizando transparencia y acceso no discriminatorio, mientras el MTC o el Congreso emiten un marco normativo específico que delimite alcances, evitando que la propuesta de Pronatel de integrar ambas redes bajo una única tarifa a partir del cuarto trimestre de 2025 confunda funciones estratégicamente distintas.

La demanda constituye el eslabón perdido de la cadena de valor de la RNDFO. Construir infraestructura esperando que los usuarios lleguen ha demostrado ser un fracaso; los proyectos regionales ejecutaron más de S/ 3,352 millones sin generar conectividad efectiva porque los hospitales, colegios y municipios carecen de presupuesto para contratar servicios, equipos terminales y capacitación. Antes de destinar US$ 30-50 millones en modernización tecnológica, el Estado debe establecer contratos de servicio obligatorios con MINSA, MINEDU y gobiernos regionales, donde el uso de la RNDFO sea condición para el desembolso de otros fondos públicos. Paralelamente, se requiere un fondo de adopción digital que financie el "último metro": switches, WiFi 6, endpoints y personal capacitado en las instituciones conectadas. La infraestructura sin adopción es inversión muerta, y la RNDFO no necesita más kilómetros de fibra, necesita tráfico que justifique los kilómetros ya tendidos.

La definición del operador de la RNDFO debe preceder a cualquier decisión de compra de equipos. Pronatel, entidad de promoción y supervisión, nunca fue diseñada para gestionar una red de transporte de esta magnitud, y su operación provisional desde 2022 ha profundizado la subutilización y el descontrol operativo. El estudio de ProInversión con BlueNote Management Consulting, a entregarse en el tercer trimestre de 2026, evaluará modelos de concesión, APP o administración temporal, pero la indecisión no puede extenderse dos años más. La recomendación inmediata es nombrar un administrador temporal especializado —una empresa de gestión de redes con experiencia en fibra óptica a nivel internacional— que estabilice operaciones, implemente la modernización tecnológica con rigor, y prepare la transición al modelo definitivo. Operar la red con el personal actual mientras se decide el futuro garantiza que la RNDFO seguirá consumiendo OPEX sin generar valor, alienando cada vez más a inversores privados potenciales.

La inversión requerida para una RNDFO óptima es modesta en relación con el dinero ya gastado, pero debe secuenciarse con condiciones previas estrictas. Una propuesta realista contempla cuatro fases: primero, auditoría técnica-financiera y plan de demanda con administrador temporal (US$ 2−5 millones); segundo, ROADM en nodos regionales y SDN en capa de red (US$ 15-25 millones), pero solo tras compromisos de demanda que cubran mínimo el 40% de la capacidad; tercero, extensión de ROADM a nodos provinciales y XGS-PON en proyectos regionales críticos (US$ 20−30millones), condicionada a ingresos mayoristas crecientes; y cuarto,edge data centers y capacidad 400G/800G coherente (US$ 10-20 millones), solo si se alcanza rentabilidad operativa. El total, entre US$ 47-80 millones, representa apenas el 1.4-2.4% de la inversión histórica, pero su ejecución irresponsable —sin demanda, sin operador, sin marco regulatorio— repetiría los errores que convirtieron a la RNDFO en sinónimo de desperdicio público.

La transparencia operativa y la rendición de cuentas constituyen condiciones sine qua non para recuperar la confianza de operadores privados y ciudadanos. El OSIPTEL debe publicar métricas en tiempo real; ocupación de la red por tramo, ingresos, OPEX, número de clientes activos, disponibilidad y latencia. La opacidad alimenta la desconfianza que aleja a Claro, Entel y Movistar de contratar capacidad mayorista. Asimismo, una auditoría independiente debe determinar qué porcentaje de los S/ 3,352 millones invertidos generó infraestructura realmente aprovechable y qué porcentaje requiere reconstrucción o desmantelamiento. El Decreto Supremo N° 004-2025-MTC modernizó disposiciones para 5G pero ignoró la tensión RDNFO-REDNACE; se requiere legislación específica que resuelva esta dualidad antes de que cualquier inversión adicional se licite.

La RNDFO puede transformarse de elefante blanco en columna vertebral digital del Perú, pero esta transición exige disciplina estratégica más que ambición tecnológica. Los cinco pilares —modernización enfocada en OPEX, separación RNDFO-REDNACE, generación de demanda institucional, definición de operador capacitado, y marco regulatorio transparente— son interdependientes: la tecnología solo es rentable con demanda, la demanda solo existe con instituciones obligadas y operadores incentivados, los operadores solo participan con neutralidad y tarifas justas, y todo esto solo es sostenible con un gestor técnico autónomo. El tiempo opera en contra; cada mes de operación provisional consume recursos sin retorno, y cada año de indecisión reduce las probabilidades de atraer inversión privada. El estudio ProInversión/BlueNote debe orientar el modelo definitivo en 2026, pero las decisiones de demanda, separación funcional y administrador temporal pueden y deben ejecutarse ahora. La tecnología puede esperar; la estrategia, no.