La protesta como mecanismo de presión ante la ausencia estatal: analisis del paro de transportes del 6 de octubre de 2025

El paro nacional de transportistas convocado el 6 de octubre de 2025 en Perú constituye un evento de alta relevancia sociopolítica que trasciende la simple interrupción del servicio de transporte público. Su origen se encuentra en el asesinato del conductor Daniel José Cedeño Alfonso, ocurrido en la noche del 4 de octubre en el distrito de San Juan de Miraflores, hecho que fue interpretado por el gremio como la materialización extrema de una crisis de seguridad sistémica que ha cobrado la vida de al menos 47 trabajadores del sector en lo que va del año. Este evento desencadenante revela la vulnerabilidad estructural de un sector clave para la movilidad urbana y la economía popular, expuesto a la violencia criminal en ausencia de una respuesta institucional efectiva.

Desde una perspectiva teórica, el paro puede ser analizado como una forma de protesta colectiva que responde a la teoría de la acción racional, donde los actores gremiales evalúan costos y beneficios de su participación en contextos de alta incertidumbre y riesgo. La elección de un “apagado de motores” como modalidad de protesta, en lugar de marchas o bloqueos masivos, representa una estrategia de presión simbólica y económica que busca minimizar la confrontación directa con el aparato estatal, manteniendo el control territorial del gremio sobre sus rutas y terminales. Esta forma de acción colectiva también refleja una adaptación táctica ante la criminalización histórica de la protesta social en el Perú.

El impacto económico del paro fue cuantificado por la Asociación Automotriz del Perú en aproximadamente S/ 230.44 millones, considerando la Población Económicamente Activa Ocupada que depende del transporte público para acceder a sus centros de trabajo. Esta cifra, sin embargo, subestima los efectos indirectos sobre el comercio informal, los servicios de salud, la educación y la cadena de valor urbana, especialmente en una ciudad como Lima donde el 52.5% de la población utiliza transporte público tradicional. La interrupción del servicio revela la alta dependencia estructural de la economía popular respecto a un sistema de transporte precario y altamente vulnerable a eventos de inseguridad.

Desde el enfoque de la gobernanza urbana, el paro evidencia una falla en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana en los espacios públicos y las rutas de transporte. La ausencia de una respuesta coordinada entre los ministerios del Interior, Transportes y Comunicaciones, y las municipalidades, refleja una fragmentación institucional que debilita la legitimidad del aparato estatal. La protesta, en este sentido, funciona como un mecanismo de presión para forzar la rendición de cuentas de las autoridades, aunque sin garantizar una transformación estructural del modelo de seguridad pública.

La dimensión simbólica del paro también debe ser considerada. El asesinato del conductor no solo representa una pérdida individual, sino que funciona como un acto comunicativo que revela la desprotección extrema de un sector estratégico. La respuesta gremial, al articularse en torno a la figura del “conductor asesinado”, construye una narrativa de víctima colectiva que legitima la acción protesta ante la opinión pública, aunque también genera tensiones con los usuarios afectados por la interrupción del servicio. Esta tensión entre legitimidad gremial y malestar ciudadano refleja una crisis de representatividad en los mecanismos tradicionales de negociación entre Estado y sociedad civil.

El desarrollo del paro también revela una geografía de la protesta altamente segmentada. Mientras en algunos distritos como Carabayllo se registraron enfrentamientos con la policía y bloqueos viales, en otros el paro se limitó a la no circulación de unidades sin presencia callejera. Esta variabilidad espacial refleja la heterogeneidad del gremio transportista, compuesto por empresas formales e informales, con distintos niveles de organización y capacidad de presión. Asimismo, la respuesta estatal también fue diferenciada, con una presencia policial más intensa en zonas consideradas críticas, lo que evidencia una lógica de control territorial reactiva más que preventiva.

Desde una perspectiva de seguridad humana, el paro pone en evidencia cómo la inseguridad ciudadana se ha convertido en un factor de riesgo para la gobernabilidad democrática. La violencia criminal, al afectar a un sector esencial como el transporte público, no solo pone en riesgo la vida de los trabajadores, sino que también interrumpe el derecho a la movilidad de millones de personas, generando una externalidad social que trasciende al gremio. En este sentido, el paro funciona como un mecanismo de alarma que revela la urgencia de repensar el modelo de seguridad pública desde un enfoque de derechos humanos y protección social.

Finalmente, el paro del 6 de octubre de 2025 debe ser comprendido como un síntoma de una crisis más profunda: la pérdida del monopolio estatal de la violencia y la incapacidad para garantizar condiciones mínimas de seguridad en el espacio urbano. La repetición de este tipo de protestas, anunciadas de forma escalonada ante nuevos asesinatos, configura un escenario de alta volatilidad política y económica. La lección principal es que, en ausencia de una política pública integral de seguridad ciudadana, el transporte público —y con él, la vida urbana— seguirá siendo rehén de la violencia criminal y de la respuesta gremial que esta provoca.