El mensaje de investidura del premier Luis Galarreta: un gobierno de urgencia atado por sus propias leyes

El 20 de agosto de 2026, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, se presentó ante la Cámara de Diputados del nuevo Congreso bicameral para exponer la Política General de Gobierno 2026-2031. Su mensaje, en representación de la presidenta Keiko Fujimori, partió de un diagnóstico severo: el país recibió un "Estado desordenado y desbordado", entrampado por la burocracia, que "llega tarde al delito, llega tarde a las emergencias y a las necesidades de las familias". Galarreta prometió gobernar "con firmeza, con sentido de urgencia y con responsabilidad", pero lo que no dijo es que buena parte de ese desorden que critica fue gestado por el Congreso anterior, controlado por su propio partido.

El plan de gobierno se organiza en cinco ejes estratégicos: seguridad ciudadana, gestión de desastres, desarrollo social, productividad con empleo formal y gobernabilidad democrática. En seguridad, el tema central del mensaje, Galarreta calificó la inseguridad como una "amenaza directa para la libertad" y prometió recuperar "la autoridad del Estado". La respuesta del Estado, afirmó, "será firme y sostenida". Sin embargo, el gobierno ya ha encontrado un obstáculo legal que lo frena: la Ley N° 31570, que protege al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, con un período fijo de dos años y causales de cese muy limitadas. El propio ministro del Interior, César Astudillo, ha reconocido que no puede removerlo sin modificar la ley, y el gobierno impulsará un proyecto para cambiar esa norma que el Congreso anterior, de mayoría fujimorista, aprobó.

En el frente internacional, el gobierno ha logrado un avance concreto. El 12 de agosto de 2026, el comandante general Arriola confirmó la firma de un acuerdo con el FBI de Estados Unidos para fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional. El convenio incluye tecnología, logística, entrenamiento especializado y asistencia profesional de alto nivel, así como apoyo para el control fronterizo y penitenciario con herramientas biométricas. El embajador estadounidense, Bernie Navarro, calificó el acuerdo como "un nuevo paso" en la alianza para enfrentar el crimen organizado. Esta cooperación, impulsada por la administración Trump, representa un respaldo significativo para el Eje 1 del gobierno.

La gestión de desastres, el segundo eje, parte de un diagnóstico igualmente crítico. Galarreta admitió que encontraron un "retraso absoluto" en obras de prevención, con geomallas abandonadas y falta de mantenimiento. Para enfrentar el Fenómeno El Niño 2026-2027, el gobierno creó la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo, dependiente de la Presidencia y presidida por el ministro de Desarrollo Agrario. Sin embargo, el propio premier fue contundente; el Estado "va tarde" en prevención, y la inestabilidad ministerial de los últimos años ha impedido tener una política con metas de tiempo definidas. La promesa fue que "será la última vez" que el Estado llegue tarde.

El quinto eje, la gobernabilidad, es quizás el más incierto. Galarreta hizo un llamado a la unidad y afirmó que su gobierno "no viene a confrontar, viene a resolver problemas". Ofreció dialogar "bancada por bancada" y descartó recurrir a la cuestión de confianza para forzar proyectos. "Que este sea el inicio de una nueva era política; menos confrontación estéril, más coordinación", propuso. Pero la voluntad de diálogo choca con una realidad: el gobierno está atado por leyes que su propio partido ayudó a aprobar y necesita del Congreso para cambiarlas. La gobernabilidad dependerá de la frágil relación entre el Ejecutivo y un Legislativo que, aunque bicameral, mantiene las tensiones heredadas.

La reorganización de la Policía es el síntoma más claro de esta contradicción. El gobierno quiere cambios en la cúpula policial, pero la ley se lo impide. El diputado Harvey Colchado ha cuestionado abiertamente la continuidad de Arriola, responsabilizándolo por el incremento de la criminalidad. La presidenta Fujimori abrió la puerta a "cambios", pero la decisión final está en manos del ministro del Interior y, sobre todo, del Congreso, que debe modificar la ley. Mientras tanto, el gobierno invierte su capital político en intentar resolver este impasse legal en lugar de ejecutar su agenda de reformas. Como señaló el premier, "no vamos a permitir que las organizaciones criminales sigan avanzando mientras el Estado llega tarde", pero el Estado también llega tarde para resolver sus propias trabas.

Lo que nos espera es un gobierno que promete firmeza y urgencia, pero que enfrenta obstáculos legales y políticos heredados. La cooperación con el FBI puede dar resultados en el mediano plazo, pero la seguridad ciudadana no se resuelve solo con acuerdos internacionales. La gestión de desastres requiere continuidad y recursos que los constantes cambios de ministros han impedido. Y la gobernabilidad, el gran desafío, dependerá de que el Ejecutivo logre construir mayorías en un Congreso que, aunque bicameral, no ha mostrado señales de ser más proclive al diálogo.

El mensaje de Galarreta fue un diagnóstico de severidad y un anuncio de acción decidida. Pero la historia reciente del Perú muestra que los diagnósticos no bastan. El gobierno de Keiko Fujimori llega con la promesa de ordenar un Estado que, paradójicamente, su propio partido contribuyó a desordenar. El éxito de sus cinco ejes no dependerá solo de la voluntad del Ejecutivo, sino de su capacidad para desatar los nudos legales y políticos que él mismo ayudó a anudar. El país espera respuestas, pero las respuestas llegarán tarde si el gobierno no logra resolver primero sus propias contradicciones.