Petroperú: la tormenta perfecta que amenaza el abastecimiento de combustibles en el Perú

La crisis de Petroperú ha alcanzado niveles sin precedentes en 2026, convirtiendo a la otrora principal abastecedora de combustibles del país en un gigante tambaleante que arrastra una deuda de US$ 7,899 millones y perdidas acumuladas de US$ 2,500 millones en los últimos cuatro años. La empresa estatal, que alguna vez fue el orgullo energético del Perú, enfrenta hoy una tormenta perfecta donde confluyen el colapso financiero, la corrupción sistémica y un contexto geopolítico internacional adverso que ha puesto en jaque la seguridad energética nacional.

La dimensión de la crisis financiera es abrumadora. En abril de 2026, el presidente de Petroperú, Roger Arévalo, advirtió al Congreso que, de no tomarse medidas de emergencia, el Perú se quedaría sin combustible a partir de mayo. La situación es tan crítica que la Refinería de Iquitos ya se encuentra paralizada por falta de petróleo crudo, mientras que las refinerías de Talara —la más grande del país— y Conchán están al borde de la paralización. La empresa ha perdido el grado de inversión y sobrevive gracias a rescates estatales que, desde 2017, superan los US$ 5,000 millones.

Esta debacle financiera ha tenido un impacto directo en la participación de mercado de Petroperú. En apenas en una década, la empresa ha pasado de controlar el 49% del mercado nacional de combustibles en 2014 a apenas el 25% en 2025. La pérdida de terreno no es casualidad: la construcción de la nueva refinería de Talara costó más de cuatro veces lo presupuestado inicialmente, y sus problemas operativos impiden que alcance su capacidad máxima de 95 mil barriles diarios, operando muy por debajo de esa meta.

La Amazonía es, sin duda, la región más golpeada por esta crisis. Dependiente en un 80% a 85% del abastecimiento de Petroperú, la selva peruana enfrenta un riesgo real de desabastecimiento que ya se manifiesta con la paralización de la Refinería de Iquitos. Los transportistas de combustible se han negado a operar por las deudas acumuladas, y los gremios empresariales de Ucayali han alertado sobre el "riesgo real e inminente de quiebre de inventarios". La situación es tan delicada que organizaciones como el Frente Patriótico de Loreto exigen que la Refinería Iquitos sea excluida de cualquier proceso de privatización.

El contexto geopolítico no ha hecho más que agravar el panorama. El conflicto en Medio Oriente, en particular el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% de la producción mundial de petróleo crudo— ha disparado los precios internacionales del crudo por encima de los US$ 100 por barril. Como país importador neto de petróleo, el Perú es extremadamente vulnerable a estas fluctuaciones, y el incremento del crudo se traslada de inmediato al precio de los combustibles que consumen los peruanos, con alzas que han llegado hasta el 30% en pocas semanas.

Pero quizás el factor más vergonzoso de esta crisis es la corrupción que ha carcomido a la empresa desde sus entrañas. El escándalo más emblemático es el caso Gunvor; entre 2015 y 2021, Petroperú adjudicó a esta empresa suiza contratos por US$ 1,727 millones .El representante de Gunvor, Raymond Kohut, confeso ante un tribunal de EE.UU. haber pagado US$ 22 millones en sobornos a funcionarios de Petroecuador para que le vendieran crudo, el cual luego revendía a Petroperú. Una auditoría del estudio Paul Hastings LLP concluyó que existen indicios claros de corrupción en estas operaciones. La Contraloría, por su parte, ha detectado pérdidas millonarias: solo en la Refinería de Talara, el perjuicio económico asciende a S/ 1,115 millones (aproximadamente US$ 278 millones).

Frente a este panorama desolador, el Gobierno ha tomado dos medidas de emergencia. La primera fue la aprobación del Decreto de Urgencia N° 003-2026, que autoriza un esquema de financiamiento de hasta US$ 2,000 millones proveniente de la banca privada internacional, con garantía contingente del Estado, para asegurar la compra de crudo y el abastecimiento de la cadena de suministro. La segunda fue la renovación casi total del directorio de Petroperú el 7 de agosto de 2026, con el retorno de Oliver Stark a la presidencia, acompañado por César Burga, Daniel Ortega y Víctor Belaunde. El nuevo directorio ha creado gerencias de Auditoría Interna, Gestión de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos, que reportarán directamente al máximo órgano de gobierno.

La crisis de Petroperú no es un problema aislado, sino el síntoma de décadas de mala gestión, corrupción y falta de visión estratégica. Mientras la empresa siga siendo un botín político y un agujero negro de recursos públicos, el riesgo de desabastecimiento y el alza de precios seguirán golpeando a los peruanos, especialmente a los más vulnerables de la Amazonía. El nuevo directorio tiene la misión de reestructurar la empresa, sanear sus finanzas y devolverle su rol estratégico, pero el camino es empinado y el tiempo, un lujo que Petroperú ya no tiene.