El manejo geopolítico de la religión: Fe, poder e intereses en América Latina

La religión ha sido, históricamente, un instrumento de poder. En América Latina, el manejo geopolítico de la fe no es una teoría conspirativa, sino una estrategia documentada que ha moldeado el mapa religioso, político y económico de la región. Lejos de ser un asunto exclusivamente espiritual, las creencias se han convertido en un campo de batalla donde se disputan influencia, recursos y control social. Comprender esta dinámica exige examinar cómo las potencias globales, en particular EE.UU., han utilizado las iglesias como herramientas de soft power (poder blando) para preservar sus intereses estratégicos en el continente.

El punto de inflexión fue el Informe Rockefeller de 1969. Tras una gira por América Latina, el entonces vicepresidente Nelson Rockefeller entregó a Richard Nixon un documento que diagnosticaba una amenaza inédita: la Iglesia católica, antes un pilar de estabilidad y aliada de las oligarquías, había dejado de ser un socio confiable para Washington. El Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín (1968) habían impulsado la "opción preferencial por los pobres", y sectores de la Iglesia adoptaban un discurso crítico contra la desigualdad que EE.UU. percibía como una amenaza revolucionaria. La primera gran crítica a la Teología de la Liberación no provino del Vaticano, sino de este informe, que calificó a la Iglesia como "un centro peligroso de revolución potencial".

La recomendación del informe fue inequívoca: contrarrestar la influencia de la Iglesia católica comprometida socialmente mediante la promoción de "iglesias protestantes y evangélicas, mucho más afines ideológicamente a los intereses estadounidenses". El objetivo no era teológico, sino geopolítico. Se trataba de sustituir un cristianismo que cuestionaba las estructuras de poder por otro que enfatizara la salvación personal y la sumisión a la autoridad. Esta estrategia no surgió de una preocupación pastoral, sino de la necesidad de neutralizar un movimiento que, a ojos de Washington, amenazaba con desestabilizar el statu quo en su "patio trasero".

La escalada llegó con los Documentos de Santa Fe (1980), un conjunto de directrices secretas preparadas para la administración de Ronald Reagan. Estos documentos fueron explícitos: la política exterior estadounidense debía "comenzar a enfrentar —y no simplemente a reaccionar con posterioridad— la 'teología de la liberación'". La Teología de la Liberación fue definida como "una doctrina política disfrazada de creencia religiosa" contraria a la libre empresa y a los intereses de Estados Unidos. Para ejecutar esta política, en 1981 se creó el Instituto de Democracia y Religión, cuyo fin era integrar y financiar a las iglesias evangélicas para su predicación en el continente.

El financiamiento no fue simbólico. Agencias como la USAID canalizaron recursos hacia organizaciones evangélicas, convirtiéndolas en promotoras de un modelo de "supremacía occidental" y de obediencia al poder establecido. Figuras carismáticas como el evangelista argentino Luis Palau fueron clave en esta estrategia de expansión. El resultado fue un crecimiento explosivo: en Guatemala, el porcentaje de población evangélica pasó de ser marginal a alcanzar el 41% para 2013, coincidiendo con el gobierno del pastor evangélico Efraín Ríos Montt, quien utilizó la religión como política contrainsurgente. En Brasil, la Iglesia Universal del Reino de Dios, fundada por Edir Macedo, se convirtió en un imperio mediático y político, con una bancada evangélica en el Parlamento que respaldó a Jair Bolsonaro.

El sustento financiero de este modelo se apoya en una doctrina que convierte la fe en una transacción económica: la Teología de la Prosperidad. Bajo esta corriente, el diezmo —el 10% de los ingresos— deja de ser una ofrenda voluntaria para convertirse en una deuda contraída con Dios, so pena de maldición. Se cita Malaquías 3:8-10 para argumentar que no pagarlo es "robar a Dios". La lógica es perversa: si el creyente "siembra" (da dinero), Dios está "obligado" a "cosechar" bendiciones en forma de prosperidad. Si la riqueza no llega, la culpa recae en la falta de fe del fiel, no en la institución. En la práctica, esta doctrina genera coacción, control y empobrecimiento de los feligreses más vulnerables, cuyo presupuesto familiar se reduce drásticamente para sostener una estructura eclesiástica que, en muchos casos, opera como una empresa.

La estructura legal de estas iglesias revela su naturaleza híbrida entre lo espiritual y lo empresarial. En Perú, las iglesias no católicas se organizan como asociaciones civiles sin fines de lucro, inscritas en la SUNARP, que ostentan la personería jurídica y la titularidad de los bienes. Esto significa que la propiedad de los templos no recae en el pastor ni en una entidad extranjera directamente, sino en la asociación que representa a la comunidad. Sin embargo, muchas misiones de origen estadounidense —como la Junta de Misiones de la Iglesia Metodista Unida— aún conservan la titularidad de predios históricos, evidenciando la huella duradera del financiamiento externo en la infraestructura religiosa de la región.

El manejo geopolítico de la religión en América Latina es, en suma, una historia de intereses, no de dogmas. El Informe Rockefeller identificó a la Teología de la Liberación como una amenaza y diseñó una respuesta; promover un cristianismo despolitizado, enfocado en la prosperidad individual y financiado desde el exterior. Los Documentos de Santa Fe convirtieron esa estrategia en política de Estado. El resultado ha sido una reconfiguración del mapa religioso, donde el evangelicalismo conservador —con su teología de la prosperidad y su exigencia del diezmo como deuda— se ha convertido en un actor político y económico de primer orden. La fe, en este contexto, no es un refugio espiritual, sino un instrumento de dominio que, bajo la apariencia de salvación, reproduce las lógicas de poder y desigualdad que dice combatir.