Del megapuerto a la visa: el Escudo de las Américas llega al Perú

La ofensiva de la alianza “Escudo de las Américas” , impulsada por Estados Unidos, se materializó el 28 de septiembre de 2026 con la cancelación de visas a 27 funcionarios, exfuncionarios y sus familiares de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La medida, ejecutada por el Departamento de Estado, acusa a los señalados de socavar gobiernos democráticamente elegidos mediante corrupción o narcotráfico. Entre los afectados peruanos figura el juez Juan Carlos Núñez Matos, magistrado del Primer Juzgado Constitucional de Lima, cuya visa fue revocada junto con la de sus familiares directos.

El caso del juez Núñez Matos no es aislado. El magistrado emitió el 29 de enero de 2026 un fallo que declaró fundada una demanda de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., empresa de capitales chinos que opera el megapuerto de Chancay. La resolución ordenaba a Ositrán abstenerse de ejercer sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal, limitando la intervención estatal a la fijación de tarifas. Aunque la Segunda Sala Constitucional revocó posteriormente dicho fallo, el episodio colocó al juez en el centro de la controversia geopolítica entre Washington y Pekín. Adicionalmente, Núñez Matos archivó investigaciones contra el excongresista José Luna Gálvez por lavado de activos y organización criminal, y concedió una medida cautelar a un investigado por narcotráfico.

El impacto específico en Perú es dual. Por un lado, el gobierno de Keiko Fujimori defiende la adhesión argumentando que fortalece la cooperación en inteligencia y seguridad. El canciller Carlos Espá destacó que la colaboración entre la Policía Nacional del Perú y el FBI ya ha permitido capturas de objetivos de alto valor vinculados a organizaciones criminales transnacionales. El internacionalista Juan Velit Granda subrayó que Perú aprovechará especialmente la información que Estados Unidos proporcione en esquemas de inteligencia para combatir el narcotráfico y la delincuencia. Sin embargo, la oposición política cuestiona que la adhesión se realizó “repentinamente y sin mayor debate”, y senadores como Ruth Luque y Flavio Figallo advierten que el acuerdo también contempla compromisos vinculados con minerales críticos y cadenas de suministro que podrían comprometer la autonomía nacional.

Las implicancias para las relaciones con China son especialmente sensibles. La embajada china en Lima respondió con firmeza a los cuestionamientos del secretario de Estado Marco Rubio, quien afirmó que los proyectos respaldados por Pekín “pasan por alto los marcos legales del Perú”. En dos publicaciones en redes sociales, la representación diplomática china recordó que su país aplica una exención de visa unilateral para todos los ciudadanos peruanos y declaró que “el hemisferio occidental no es el patio trasero de nadie”. China es el principal socio comercial del Perú: en el primer bimestre de 2026 fue destino del 39% de las exportaciones peruanas, con un valor de US$6,936 millones, y las inversiones chinas superan los US$ 30,000 millones, concentradas en minería y en el megapuerto de Chancay.

El debate interno refleja una profunda preocupación por la soberanía y la transparencia del proceso. El canciller Espá aseguró ante el Senado que el ingreso al Escudo “no se ha instrumentado mediante un tratado internacional” y que “no implica cesión de soberanía, transferencia de competencias ni autorización para que otro Estado adopte decisiones en nuestro territorio”. No obstante, la senadora Mirtha Vásquez calificó la iniciativa como “una sujeción a la política de Estados Unidos”, y organizaciones sociales advirtieron que la integración “compromete la soberanía y la diversificación de mercados del país”. El internacionalista Óscar Vidarte consideró que “sí es real la lectura de que el Escudo de las Américas funciona, en la práctica, como una herramienta contra la influencia china”.

En definitiva, Perú se encuentra ante un delicado equilibrio: obtiene acceso privilegiado a inteligencia y cooperación en seguridad, pero asume un costo político interno considerable y el riesgo de tensionar su relación con China, su motor económico. El gobierno sostiene que no existe disyuntiva real entre ambos socios, pero la evidencia sugiere que la línea entre cooperación en seguridad y alineamiento geopolítico es cada vez más difusa. El resultado dependerá de la capacidad peruana para gestionar esa ambigüedad sin comprometer su autonomía ni su principal fuente de crecimiento económico.