Cómo el Perú puede blindar su 5G sin caer en la trampa geopolítica del "Escudo de las Américas"

La reciente formalización del pacto del "Escudo de las Américas" entre Estados Unidos y 14 países de la región, incluido el Perú, ha encendido las alarmas en el sector de las telecomunicaciones. Bajo el pretexto de diversificar el abastecimiento de minerales críticos, el acuerdo promueve normativas sobre "proveedores de confianza" para la infraestructura digital. Aunque el texto evita mencionar explícitamente a China, medios como Diario Las Américas confirman que el objetivo estratégico es impulsar la sustitución de equipos de Huawei y ZTE por tecnología occidental. Como señala un análisis de Yahoo Noticias, esta alianza va mucho más allá del combate al crimen transnacional; funciona como un muro de contención geopolítico frente a Pekín en el hemisferio.

Sin embargo, aplicar esta doctrina en el Perú choca frontalmente con la realidad operativa del país. Lejos de ser actores marginales, Huawei y ZTE constituyen la columna vertebral de la infraestructura de telecomunicaciones nacional. Bitel ha modernizado su red con ZTE para el despliegue del 5G; Claro Perú mantiene una histórica participación de Huawei y contratos recientes de modernización; y tanto Movistar como Entel dependen de estos proveedores en segmentos clave de sus redes de radioacceso (RAN) y fibra óptica. Desmantelar esta base no es una simple actualización técnica, sino una cirugía mayor a todo un ecosistema digital consolidado.

El dilema económico que esto plantea es monumental, y no es exclusivo del Perú. Medios chilenos como BioBioChile y CNN Chile han reportado que los países firmantes del "Escudo de las Américas" se comprometieron a explorar mecanismos de control de inversiones extranjeras y a promover regulaciones para "proveedores de confianza", lo que genera incertidumbre sobre los costos reales de esta transición. Una migración forzada, al estilo del "rip and replace" (quitar y reemplazar), implicaría inversiones de miles de millones de dólares que los operadores, tarde o temprano, trasladarían a las tarifas de los usuarios finales, encareciendo el servicio. Además, esta medida frenaría en seco el despliegue de la red 5G y pondría en grave riesgo la viabilidad de los proyectos de cierre de brecha digital, como los impulsados por el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), que dependen intrínsecamente de la relación costo-eficiencia que ofrece la tecnología china.

Más allá de lo económico, se abre un debate crucial sobre la verdadera soberanía tecnológica. Como advierte el medio De Habla Hispana, el "Escudo de las Américas" funciona como una herramienta que "entierra la autonomía diplomática" de los países latinoamericanos, diseñada específicamente para frenar la influencia china en sectores estratégicos. Aceptar ciegamente la presión geopolítica de Washington implica condicionar futuras licitaciones de espectro y financiamientos internacionales, pero también supone caer en una trampa conceptual: cambiar una dependencia tecnológica por otra bajo un nuevo sello de "confianza" occidental. La seguridad nacional no se garantiza prohibiendo banderas, sino fortaleciendo la capacidad del Estado para auditar, regular y blindar la infraestructura crítica, independientemente de su origen geopolítico.

Ante este escenario, la solución más pragmática y viable para el Perú reside en lo que podría denominarse una "excepción peruana": un modelo híbrido y segmentado. Esta estrategia consistiría en excluir a los proveedores chinos del núcleo (Core) de la red, donde se procesa la información más sensible y crítica de los usuarios, exigiendo allí estándares de ciberseguridad avanzados y proveedores alternativos. Al mismo tiempo, se mantendría a Huawei y ZTE en las redes de acceso (RAN y FTTH), donde el riesgo de seguridad es significativamente menor y su eficiencia económica resulta insustituible para la masificación del servicio. Este enfoque ya ha sido considerado en países europeos como Alemania durante sus fases de transición, demostrando que es técnicamente viable y diplomáticamente equilibrado.

Finalmente, el futuro de las telecomunicaciones en el Perú no debe definirse en un despacho extranjero, sino en las mesas de regulación nacional. Corresponde a OSIPTEL y al gobierno de turno liderar una postura de neutralidad tecnológica con verificación estricta. Al exigir certificaciones de seguridad, auditorías de hardware y garantías de que los datos de los peruanos se almacenen bajo jurisdicción nacional para todos los proveedores, el Perú puede proteger su infraestructura crítica y aprovechar la competencia global, sin convertirse en un peón pasivo en la guerra tecnológica entre las superpotencias. La verdadera soberanía no se mide por a quién se excluye, sino por la capacidad de regular con inteligencia y autonomía.