Litio: el espejo chileno y la oportunidad peruana

Chile se ha consolidado como un actor de primer orden en el mercado global del litio, aunque su posición relativa ha cambiado. En 2025, el país produjo 56,000 toneladas métricas de litio, un 14.5% más que el año anterior, pero descendió al tercer lugar mundial con una cuota del 19.4%, por detrás de Australia y China. A pesar de ello, sigue siendo el mayor exportador de carbonato e hidróxido de litio, con 321,695 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) embarcadas y precios que alcanzaron los 14,547 dólares por tonelada en el primer trimestre de 2026. Estos ingresos han significado 791 millones de dólares para CORFO en el primer semestre de 2026, un 427% más que el año anterior, impulsados por la asociación entre Codelco y SQM a través de Novandino Litio.

La estrategia chilena se ha centrado en la participación estatal mediante asociaciones público-privadas (APP) y contratos especiales de operación. El hito es el ingreso de Codelco como socio mayoritario en el Salar de Atacama, junto con proyectos como Salares Altoandinos (ENAMI-Rio Tinto) y Maricunga (Codelco-Rio Tinto), con inversiones que superan los 3,000 millones de dólares. Además, se creó el Instituto Nacional de Litio y Salares y se avanza en una Red de Salares Protegidos para resguardar el 30% de estos ecosistemas al 2030. Sin embargo, el modelo enfrenta tensiones; las comunidades indígenas Colla y Aymara denuncian el consumo de agua subterránea, y la Contraloría ha objetado algunos procesos administrativos.

El futuro chileno depende de metas ambiciosas. Novandino Litio proyecta producir entre 280,000 y 290,000 toneladas de LCE en 2026 y aspira a 470,000 toneladas a largo plazo, un aumento de más del 70%. Para ello, tanto Novandino como Albemarle tramitan permisos para implementar Extracción Directa de Litio (EDL), con inversiones superiores a los 3,000 millones de dólares cada una. El desafío es mantener la competitividad frente a Argentina, Brasil y Canadá, agregando valor y manteniendo estándares ambientales y sociales elevados. La experiencia chilena demuestra que el litio puede generar ingresos fiscales significativos, pero también que la sostenibilidad y la gobernanza son condiciones indispensables para el éxito a largo plazo.

Perú, en cambio, se encuentra en una etapa embrionaria pero con un potencial geológico enorme. A diferencia de Chile, su litio está en roca volcánica, lo que implica un menor consumo de agua. Los yacimientos en Puno, Arequipa y Tacna bordearían las 880,000 toneladas de recursos, y el proyecto Falchani, en la meseta de Macusani, es uno de los más grandes del mundo con 9.5 millones de toneladas de LCE. Liderado por Macusani Yellowcake, avanza en su Estudio de Impacto Ambiental semidetallado, con una inversión inicial de 834 millones de dólares para producir 25,000 toneladas anuales a partir de 2028-2029, generando más de 3,000 empleos. Otros proyectos como Quelcaya e Isibilla complementan el panorama, pero todos enfrentan un marco legal incipiente.

La Ley N.° 31283, aprobada en 2021, declaró el litio como recurso estratégico y de necesidad pública, pero es una norma meramente declarativa, sin contenido jurídico vinculante. A la fecha, no se ha aprobado su reglamento, y solo se creó un grupo de trabajo en 2022 sin resultados visibles. Esta carencia ha generado inseguridad jurídica, como evidencia el litigio que congeló la inversión en Falchani por años. Además, la ley fue criticada por aprobarse sin la consulta previa requerida por el Convenio 169 de la OIT a las comunidades quechuas. Sin un marco claro, el potencial geológico no se traduce en desarrollo, y Perú corre el riesgo de repetir la historia de exportar materia prima sin agregar valor.

Para mejorar la Ley N.° 31283, es urgente cerrar la brecha reglamentaria con plazos perentorios y responsabilidades claras para cada ministerio. Se necesita una ley específica para minerales críticos que otorgue estabilidad y predictibilidad a proyectos de décadas, con incentivos a la inversión de largo plazo. Asimismo, se propone crear una Autoridad Nacional del Litio o una empresa pública estratégica que lidere la política, promueva las APP y administre los recursos. Un fondo soberano alimentado por regalías debería financiar la investigación, el desarrollo y la cadena de valor de las baterías, atrayendo fabricantes y tecnológicas para formar un clúster industrial. La experiencia chilena enseña que la APP es viable, pero requiere reglas claras y transparencia.

Finalmente, la sostenibilidad socioambiental debe ser el pilar de cualquier reforma. La consulta previa, libre e informada debe ser vinculante y realizarse desde el diseño de los proyectos, no como un trámite posterior. Dado que el litio peruano es de roca y consume menos agua, el país puede posicionarse como un productor "verde", pero esto exige estándares ambientales de clase mundial, especialmente por la proximidad de depósitos de uranio y la fragilidad de los ecosistemas altoandinos. Perú tiene una oportunidad histórica para diversificar su matriz minera y convertirse en un actor relevante de la transición energética. Chile es un espejo invaluable, pero no un molde. El éxito peruano dependerá de construir un andamiaje legal e institucional robusto, con visión de Estado y responsabilidad social y ambiental.