América Latina en la ONU 2026: Entre la reforma global, el giro conservador y los peligros de la retórica de seguridad

La 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre de 2026, se ha convertido en un termómetro de las profundas transformaciones políticas que atraviesan América Latina. A diferencia de otros foros internacionales, la tribuna de la ONU permite observar cómo cada gobierno proyecta su visión del mundo y sus prioridades nacionales. Este año, el contraste entre los discursos de los mandatarios latinoamericanos no solo refleja diferencias ideológicas, sino también estrategias geopolíticas radicalmente distintas frente a los desafíos globales.

En este contexto, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva mantiene la tradición histórica de abrir el debate general, utilizando este espacio privilegiado para posicionar a Brasil como un actor global indispensable. Su discurso se distingue por una crítica estructural al multilateralismo actual, denunciando que la ONU "fracasa en liberar a la humanidad del flagelo de la guerra" y que el Consejo de Seguridad, con su derecho de veto, convierte a todos en "rehenes" de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Lula propone reformas ambiciosas, como un impuesto mínimo global para que "los súper ricos paguen más impuestos que los trabajadores", y vincula la supervivencia democrática con la lucha contra el hambre y la crisis climática, destacando la reducción de la deforestación en la Amazonía.

Frente a esta narrativa expansiva, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha optado por un tono más diplomático y cauteloso. Aunque defiende la soberanía nacional y la primacía del derecho internacional sobre el uso de la fuerza, Sheinbaum ha evitado la confrontación directa con Estados Unidos, respondiendo en ocasiones de manera irónica o eludiendo el choque frontal en la tribuna internacional. Su discurso no busca proyectar a México como una potencia global articuladora, sino como un actor de cooperación regional, alejándose de la retórica más confrontativa que caracteriza a Lula hacia las grandes potencias.

En el extremo opuesto del espectro ideológico, el presidente chileno José Antonio Kast representa un giro conservador que cuestiona los fundamentos del multilateralismo progresista. En su debut en la Asamblea General, Kast criticó abiertamente a la organización, afirmando que "no ha estado a la altura de los desafíos de estos tiempos". Mientras Lula busca reformar y fortalecer las instituciones internacionales desde una perspectiva del Sur Global, el discurso de Kast se centra en un enfoque que prioriza la soberanía nacional desde una óptica de derecha, alejándose de las agendas climáticas o de derechos humanos ampliados que promueve Brasil.

La comparación más radical se encuentra en el caso de Colombia, donde el presidente Abelardo de la Espriella rompió con una tradición diplomática de larga data al no viajar a Nueva York, delegando la representación del país en su vicepresidente. Esta decisión responde a su promesa de campaña de priorizar los asuntos internos y no salir del país, lo que contrasta de manera abismal con el protagonismo internacional y la presencia física constante que Lula busca para Brasil en los foros globales. La ausencia de De la Espriella simboliza un aislamiento voluntario que refleja su enfoque nacionalista y su desconfianza hacia las instituciones internacionales.

Por su parte, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha utilizado la plataforma de la ONU con un enfoque centrado en la seguridad interna. Fujimori calificó al crimen organizado como "terrorista" y reivindicó la lucha antisubversiva de los años 90, señalando que "quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados". A diferencia de Lula, que enfoca su intervención en la desigualdad, el hambre y la reforma de la gobernanza global, Fujimori utiliza la tribuna para defender su legado familiar y priorizar la seguridad interna y el orden, con un enfoque mucho más nacionalista y menos orientado a la integración regional o la justicia social global.

Sin embargo, la retórica de Fujimori sobre declarar "terroristas" a las bandas criminales conlleva riesgos significativos según los expertos en derecho internacional y seguridad. La militarización de la seguridad ciudadana, la confusión conceptual entre terrorismo (motivación política) y crimen organizado (motivación económica), la erosión de las garantías procesales y el riesgo de escalada de la violencia son peligros concretos. Históricamente, en América Latina, esta etiqueta se ha utilizado para deslegitimar la protesta social y reprimir demandas legítimas. En el caso específico de Fujimori, vincular el crimen organizado actual con el terrorismo de los años 90 busca, además de justificar la "mano dura", rehabilitar políticamente el legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

En conclusión, los discursos de los presidentes latinoamericanos en la ONU 2026 revelan una región fragmentada y en búsqueda de identidad geopolítica. Mientras Lula da Silva apuesta por un multilateralismo reformista y progresista, otros mandatarios oscilan entre la cautela diplomática, el giro conservador, el aislacionismo o la retórica de seguridad interna. La declaración de "terroristas" a las bandas criminales, aunque popular entre ciertos sectores, representa un camino peligroso que puede erosionar el Estado de derecho sin resolver las causas estructurales de la violencia. El verdadero desafío para América Latina no es cambiar el nombre de los delitos, sino fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y generar oportunidades económicas que reduzcan el atractivo del crimen organizado