La punta del iceberg: cómo la quiebra de Ueno Bank reconfiguró el mapa financiero, político y previsional de la región

Lo que comenzó como un problema de solvencia en un banco digital paraguayo se ha convertido en un evento sísmico cuyas ondas expansivas reconfiguran el panorama financiero, político y social de Sudamérica. El colapso de Ueno Bank —una entidad que concentraba el 9% de los depósitos y el 8% de los préstamos del sistema paraguayo, y que atendía a 2.9 millones de clientes, equivalentes al 60% de la población adulta— no es la quiebra de un banco cualquiera; es la punta del iceberg de una crisis multidimensional cuyas consecuencias finales aún no pueden medirse. La intervención congeló los ahorros de millones de personas y empresas, desató una estampida de solicitudes hacia otras entidades financieras y puso a prueba, como nunca antes, la capacidad de las autoridades para gestionar la resolución de una entidad de gran escala en la era digital.

El impacto político fue inmediato y devastador. La crisis desencadenó un terremoto institucional que culminó con la renuncia del presidente Santiago Peña en medio de un juicio político por su presunta responsabilidad y sus vínculos con el banco, convirtiéndolo en el segundo mandatario paraguayo en ser removido por esta vía en la historia reciente. A ello se sumaron la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo —quien previamente había dirigido la entidad predecesora de Ueno, lo que generó serias dudas sobre la independencia del supervisor— y la detención de altos directivos del banco, incluido su CEO. La crisis escaló a tal punto que dejó de ser un asunto interno para convertirse en un tema de preocupación regional de primer orden, con gobiernos como el de Bolivia emitiendo llamados urgentes a preservar la estabilidad institucional y la seguridad jurídica.

Detrás de las cifras, el costo humano es devastador. Además de los ahorristas particulares, el banco administraba aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos. El mayor impacto recae sobre el Instituto de Previsión Social (IPS), que tenía invertidos unos 355 millones de dólares —cerca del 9% de su cartera total—, poniendo en jaque las pensiones de miles de jubilados. La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay advirtió sobre una "semiparalización" del mercado, ya que dos de cada tres operaciones electrónicas del país se realizaban a través de Ueno. Para miles de personas, la imposibilidad de acceder a su dinero significó no poder comprar alimentos o medicinas, mientras que la represa binacional de Itaipú y la Administración Nacional de Electricidad también reportaron fondos congelados en la entidad intervenida.

El alcance internacional del caso es igualmente profundo. En Argentina, la sede de ITTI (1) —la empresa tecnológica del Grupo Vázquez que daba soporte a la banca digital— fue cerrada y sus aproximadamente 800 a 1,000 empleados fueron suspendidos abruptamente, con salarios impagos. La situación se extendió a filiales y empleados remotos en Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, México y Nicaragua. En el plano financiero, el mayor banco de Hungría, OTP Bank, había invertido 47 millones de dólares por una participación cercana al 10% en Ueno; la entidad realizó la mayor emisión de bonos de un banco paraguayo por 350 millones de dólares, coordinada por Bank of America y J.P. Morgan, cuyos tenedores son ahora acreedores de una entidad insolvente; y el BID Invest otorgó un préstamo de casi 20 millones de dólares que no ha recuperado en su totalidad. Brasil, a través de Itaipú Binacional, tiene una exposición directa de aproximadamente 180 millones de dólares.

Para Perú, el impacto directo en el sistema financiero es muy limitado, pero el contagio se ha sentido en el ámbito laboral y regulatorio. Trabajadores de ITTI en Perú quedaron alcanzados por las dificultades de la compañía, sumándose a los cientos de afectados en la región. En el plano regulatorio, el caso ha servido como una señal de alerta; Alejandro García, directivo de Fitch Ratings para la región, diagnosticó que la crisis de Ueno es un caso de "limitados controles, un apetito desmedido de riesgo y pocos balances de poder en la toma de decisiones", con préstamos a empresas vinculadas al mismo grupo económico y una peligrosa concentración de depositantes de alto valor como detonantes. La lección para el Perú es que los neobancos "no pueden venir a reemplazar los sólidos controles crediticios" y que la regulación debe ser estricta para todas las entidades, sin excepción. Los ahorros de los peruanos, en principio, están protegidos por la supervisión de la SBS y el Fondo de Seguro de Depósitos, que cubre hasta S/ 123,000 por persona en el sistema bancario tradicional.

Los efectos geopolíticos son igualmente significativos. La crisis ha erosionado la imagen de Paraguay como un socio estable y confiable, asestando un golpe directo a la estrategia de Estados Unidos en la región; el gobierno de Peña se había posicionado como un aliado clave de Washington, presentado por el secretario de Estado Marco Rubio como un "modelo" por su estabilidad y su lealtad a Taiwán frente a la influencia china. La caída de Peña representa un revés para los esfuerzos de la administración Trump por ampliar su influencia en América Latina, al perder un "vasallo" estratégico. La incertidumbre también complica negociaciones comerciales clave, como la expansión del acuerdo preferencial de India con el Mercosur, y afecta la logística de integración en la Hidrovía Paraguay-Paraná, un eje comercial vital para la región.

A nivel sistémico, el mayor daño es la pérdida de confianza. Paraguay había trabajado arduamente para obtener el grado de inversión y atraer capital extranjero, argumentando estabilidad macroeconómica y baja carga impositiva. La crisis ha debilitado la idea de que el país era un caso sin riesgo político ni de supervisión, lo que probablemente elevará la prima de riesgo que los inversionistas exigirán a Paraguay, encareciendo su financiamiento externo. Los bonos internacionales de Ueno se desplomaron a 7 centavos por dólar desde los 86 centavos previos a la crisis, y bancos de inversión como J.P. Morgan han recomendado cautela con los mercados emergentes de América Latina tras el evento. Moody's señaló que la crisis revela "falencias persistentes en el control de la corrupción y la efectividad del Gobierno", enviando una señal de alerta a los mercados sobre la calidad de la gobernanza regulatoria en la región.

Las lecciones regulatorias para la banca digital son contundentes y apuntan a un cambio de paradigma. Primero, los supervisores deben redefinir la "importancia sistémica" más allá del tamaño de los activos; un banco que procesa una parte crucial de las transacciones diarias de un país es un pilar de la infraestructura económica, independientemente de su balance. Segundo, la gobernanza corporativa sólida y la gestión de riesgos deben ser condiciones previas para operar y escalar, no un objetivo a alcanzar. Tercero, se deben limitar ex-ante (2) los riesgos conocidos —préstamos vinculados y concentración de depositantes— en lugar de esperar a que se materialicen. Cuarto, los esquemas de garantía y la supervisión deben rediseñarse para proteger a los millones de usuarios que dependen de estas plataformas para su vida financiera diaria. Y quinto, se debe acelerar la adopción de estándares internacionales como Basilea III, con requisitos de capital y liquidez más estrictos y una supervisión especializada.

El caso de los fondos de jubilación ilustra la gravedad y la heterogeneidad del impacto regional. En Paraguay, el IPS tiene cientos de millones de dólares de sus afiliados atrapados en el banco, y aunque se han prometido pagos a corto plazo, la recuperación del grueso de los fondos es incierta y dependerá del complejo proceso de resolución. En Chile, un grupo de senadores ha solicitado formalmente a la Superintendencia de Pensiones que investigue si las AFP tienen alguna exposición a Ueno Bank o al sistema financiero paraguayo. En Perú, en cambio, no hay evidencia pública de que los fondos de pensiones (AFP u ONP) tengan exposición directa; la ONP opera bajo un esquema de reparto que no coloca capital en bancos privados, y las AFP están sujetas a límites de inversión por emisor que impiden concentrar los ahorros previsionales en una sola entidad extranjera de alto riesgo. La lección para Perú no es una pérdida patrimonial, sino la confirmación de que su marco de supervisión y los límites de inversión previsional funcionan como un dique de contención frente a crisis bancarias externas. En definitiva, la quiebra de Ueno Bank es la punta del iceberg porque ha expuesto las vulnerabilidades de un modelo de crecimiento acelerado, ha quebrado la confianza en las instituciones y ha puesto en primer plano la necesidad de repensar la regulación y la gestión de riesgos en la era de la banca digital.

(1) ITTI son las siglas de IT Consultores S.A.E.C.A., una empresa paraguaya de tecnología fundada en 2004.

(2) Ex-ante: prohibir o limitar desde el inicio los préstamos del banco a empresas del mismo grupo controlador (préstamos vinculados), o exigir mayores requisitos de capital y liquidez antes de que el banco crezca demasiado.