El espectáculo de la inestabilidad: Notes from the Peruvian collapse

El espectáculo político peruano, con sus vacancias presidenciales interminables, escándalos de corrupción y debates parlamentarios que rozan el absurdo, no es más que la superficie visible de una disputa mucho más profunda. Detrás del "circo" mediático que consume la atención pública, se juega una partida estratégica de alcance global donde Perú se ha convertido en un territorio de confrontación directa entre Estados Unidos y China. La inestabilidad institucional que parece un déficit democrático es, paradójicamente, funcional a intereses geopolíticos que trascienden las fronteras nacionales.

La competencia entre Washington y Beijing por el control de América Latina ha encontrado en el Perú su escenario más dramático. El megaproyecto del Puerto de Chancay, financiado con capitales chinos y destinado a convertir al país en el hub logístico dominante del comercio sudamericano con Asia, representa una amenaza existencial para la influencia estadounidense en la región. Mientras tanto, China controla aproximadamente el 70% de la energía nacional y el 100% del suministro eléctrico de Lima, además de ser el principal inversor en minería y recursos estratégicos como litio y tierras raras. La respuesta de Estados Unidos no se ha hecho esperar; designación de un embajador con perfil empresarial, declaración de Perú como "aliado principal no OTAN", inversión de 1,500 millones de dólares para modernizar la Base Naval del Callao a escasos kilómetros de Chancay, y una campaña de presión mediática constante contra la influencia asiática.

En este contexto, la crisis política peruana adquiere una lectura diferente. Un gobierno débil, sobreviviendo de crisis en crisis y consumido en luchas intestinas, carece de la capacidad institucional para negociar soberanamente con Beijing desde posiciones de fortaleza. La alternativa —un ejecutivo estable con capacidad de articulación nacional— podría equilibrar relaciones con ambas potencias, algo menos manejable para los intereses estadounidenses que buscan implementar una "Doctrina Monroe 2.0". La reciente caída del presidente José Jerí tras el escándalo "Chifagate", por reuniones con empresarios chinos, no ocurrió en un vacío: coincidió exactamente con advertencias públicas de Donald Trump sobre la "amenaza" que representaba Chancay para la soberanía peruana.

Los medios de comunicación cumplen un papel crucial en esta dinámica, actuando como herramientas de distracción y desinformación. Mientras la opinión pública se consume en debates sobre vacancias, audios filtrados y peleas partidarias, se desvía la atención de los temas estructurales que realmente definen el futuro del país. La cobertura mediática privilegia el cortoplacismo político y el escándalo menor, ignorando deliberadamente los procesos de captura del Estado por economías criminales y la consolidación de estructuras de poder que trascienden gobiernos. Esta "democracia de bolsillo", donde todo parece debatible menos lo fundamental, resulta funcional a quienes operan en las sombras.

El caso más elocuente de esta distracción mediática es el de la minería ilegal. El 71% de los peruanos cree que este sector financiará las campañas electorales de 2026, y el 68% considera que tiene alta influencia política. Sin embargo, el tema apenas aparece en la agenda pública. Al menos diez candidatos al Congreso tienen inscripciones en el Registro de Formalización Minera o sanciones por extracción ilícita. Paradójicamente, el Parlamento acaba de aprobar la quinta prórroga del Reinfo hasta diciembre de 2026, legalizando de facto la minería ilegal en año electoral. Esta "informalidad legal" permite a operadores continuar extrayendo recursos sin estándares ambientales ni laborales, mientras contaminan ríos y territorios indígenas, lejos de los reflectores mediáticos.

La fragmentación electoral programada —con 34 candidaturas presidenciales registradas— facilita la injerencia externa. Un sistema político diseñado para la atomización permite que potencias globales "inclinar la balanza" mediante apoyo explícito a candidatos específicos, como ya ocurrió en Honduras con el respaldo de Trump a Nasry Asfura. Expertos proyectan que Washington dará "espaldarazos" a candidatos conservadores que prometan alineamiento total, mientras que la dispersión del voto dificulta cualquier proyecto nacional de desarrollo soberano. La democracia se convierte así en un mecanismo de legitimación de intereses ajenos, donde la apariencia de competencia electoral oculta la ausencia de opciones reales.

Mientras tanto, los temas que definirán el siglo XXI para el Perú permanecen en la penumbra: la soberanía sobre recursos naturales esenciales para la transición energética global, el Ferrocarril Bioceánico que reconfiguraría el comercio internacional bypassando el Canal de Panamá, la captura institucional por economías criminales que han colonizado el Estado a nivel local y nacional, y la vulnerabilidad estratégica que representa la dependencia energética china. Estos debates no ocurren en el espacio público porque requerirían un nivel de madurez política e institucional que el "circo" mediático se encarga de impedir.

Las elecciones de abril de 2026 no decidirán únicamente al próximo presidente. Determinarán hacia qué potencia global se inclinará definitivamente el equilibrio geopolítico peruano, con consecuencias que trascienderán décadas. El verdadero desafío para la ciudadanía es trascender la cortina de humo mediática y comprender que la inestabilidad política no es un accidente, sino la expresión visible de una disputa por el control de recursos estratégicos, infraestructura crítica y flujos comerciales globales. En ese sentido, recuperar la capacidad de indignación por lo fundamental —y no por lo circunstancial— es el primer paso para reconstruir una democracia verdaderamente soberana.