Entre la hamburguesa y el chifa: ¿puede Perú comer en dos mesas sin que se caiga el plato?

Los conflictos actuales entre Rusia y Ucrania, y entre Estados Unidos e Israel contra Irán, distan de ser crisis aisladas; operan como engranajes de un mismo sistema geopolítico interconectado. La alianza estratégica entre Moscú y Teherán, la transferencia bidireccional de tecnología militar y la retroalimentación de tácticas de guerra moderna han demostrado que los teatros de conflicto ya no respetan fronteras geográficas. En este contexto, la competencia por recursos, rutas logísticas y esferas de influencia ha reconfigurado el orden internacional, acelerando la transición hacia un sistema multipolar donde las decisiones en un continente generan ondas expansivas inmediatas en los demás.

Frente a esta volatilidad, China y la Unión Europea adoptan roles complementarios pero asimétricos. Beijing se perfila como un equilibrista estratégico que busca estabilidad energética y expansión comercial sin asumir riesgos militares directos, aprovechando la crisis para consolidar su imagen como mediador global ante el Sur Global. Por su parte, la UE navega entre su dependencia estructural de la OTAN y su ambición de autonomía estratégica, priorizando el sostén a Ucrania mientras intenta mitigar el impacto de la inestabilidad en el Golfo Pérsico sobre sus mercados y cohesión interna. Ambos actores, aunque con herramientas distintas, comparten un interés vital; evitar una escalada que colapse los flujos comerciales y energéticos globales.

América Latina, aunque geográficamente distante de los frentes de batalla, no es inmune a estas dinámicas. La región experimenta una paradoja estratégica; se mantiene al margen de las disrupciones físicas directas, pero enfrenta presiones crecientes en inflación, financiamiento externo y balanzas comerciales. Los precios internacionales de combustibles y fertilizantes, las condiciones financieras globales más restrictivas y la reconfiguración de cadenas de suministro transmiten los choques geopolíticos a economías que dependen de la exportación de commodities y la importación de tecnología, generando un escenario de resiliencia aparente con vulnerabilidades estructurales profundas.

En el caso de Perú, esta interdependencia global se materializa en una doble afectación económica y una posición diplomática de cautela activa. Como importador neto de combustibles y derivados del petróleo, Perú es altamente sensible a las fluctuaciones del mercado energético internacional, lo que presiona sus cuentas fiscales a través del FEPC (1) y encarece el costo de vida. Simultáneamente, la Cancillería ha sostenido una línea basada en el derecho internacional, la solución pacífica de controversias y el no alineamiento militar, priorizando la protección consular y la defensa de la soberanía nacional frente a presiones externas que buscan instrumentalizar la región en disputas ajenas.

Esta postura se enmarca en la estrategia peruana frente a la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, definida oficialmente como una relación diferenciada y pragmática. Con Washington, Perú mantiene un vínculo de seguridad, cooperación institucional y valores democráticos; con Beijing, consolida una asociación comercial y de inversiones que concentra más de un tercio de sus exportaciones y una cuarta parte de la inversión extranjera. Lejos de caer en la trampa de la polarización, Lima busca maximizar beneficios desde ambas esferas, reconociendo que la interdependencia económica no implica subordinación política cuando se gestiona con coherencia y previsión institucional.

Para traducir esta postura en resultados tangibles, Perú cuenta con palancas de negociación estratégicas que pueden transformarse en ventajas comparativas. Sus reservas de minerales críticos, especialmente cobre y litio, lo sitúan en el centro de la transición energética global, ofreciendo margen para exigir transferencia tecnológica, procesamiento local y encadenamientos productivos antes que la simple extracción. Asimismo, el puerto de Chancay, más que un punto de tensión, puede funcionar como un activo logístico regional que atraiga inversión complementaria de múltiples socios, siempre que se garantice transparencia regulatoria, supervisión estatal robusta y cláusulas de beneficio compartido a largo plazo.

Sin embargo, capitalizar estas oportunidades requiere fortalecer las capacidades internas del Estado peruano. La inestabilidad política, la fragmentación institucional y la falta de continuidad en la política exterior debilitan el poder de negociación frente a potencias con agendas estructuradas y equipos técnicos especializados. Es imperativo profesionalizar la diplomacia económica, blindar los marcos regulatorios de infraestructura crítica, fomentar la coordinación público-privada y mantener una voz unificada que priorice el interés nacional por encima de coyunturas partidarias. Solo un Estado predecible y técnicamente competente puede evitar que la competencia entre grandes potencias se convierta en un juego de suma cero para la economía local.

En definitiva, los conflictos globales contemporáneos no son solo amenazas para un país de mediano tamaño como Perú, sino también catalizadores que obligan a repensar su inserción internacional. La clave no reside en elegir bandos, sino en construir resiliencia estratégica: diversificar socios, agregar valor a los recursos naturales, invertir en capacidades institucionales y defender un multilateralismo basado en reglas claras. En un mundo fragmentado y volátil, la soberanía ya no se mide solo por la capacidad de defender fronteras, sino por la habilidad de negociar con inteligencia, anticipar escenarios y transformar la interdependencia global en una herramienta de desarrollo sostenible.

(1) FEPC significa Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, un mecanismo económico que utiliza el Estado peruano para suavizar el impacto de las fluctuaciones internacionales en los precios de los combustibles sobre la economía doméstica.