El acoso telefónico en Perú: cuando el Spam se esconde detrás de números fantasma

En Perú, el acoso telefónico comercial se ha convertido en una epidemia silenciosa que ubica al país como el segundo más afectado del mundo, con un promedio de dieciocho llamadas spam por persona cada mes. A pesar de la existencia de la Ley N.º 32323, que prohíbe las llamadas publicitarias no autorizadas, los ciudadanos continúan sufriendo una interrupción constante en su vida diaria. Lo más preocupante es que muchas de estas llamadas no provienen de números identificables, sino de líneas que parecen inexistentes, fuera de servicio o que cambian constantemente, evidenciando una estrategia deliberada de las empresas infractoras para evadir la fiscalización.

Las causas de este fenómeno son múltiples y están profundamente arraigadas en la debilidad del sistema de control. Las empresas obtienen bases de datos personales sin un consentimiento verdaderamente informado, a menudo escondiendo cláusulas de autorización en contratos extensos. El principal problema, sin embargo, es el uso de sistemas automatizados de marcación predictiva combinado con números desechables o falsificados mediante técnicas de "spoofing". Al emplear números que no están registrados a su nombre, las compañías crean un escudo perfecto; si el usuario no puede identificar al responsable, le resulta casi imposible presentar una denuncia efectiva. Esta artimaña les permite seguir acosando mientras las autoridades luchan por rastrear el origen real de las comunicaciones.

Las consecuencias de esta práctica van mucho más allá del simple fastidio, generando un grave impacto emocional y económico en la población. Las constantes interrupciones provocan estrés y ansiedad en los usuarios, que ven invadida su privacidad. Pero el riesgo mayor es que esta infraestructura de números fantasma es el caldo de cultivo perfecto para el "vishing" (suplantación de identidad bancaria) y el "wangiri" (llamadas perdidas internacionales que vacían el saldo). Contestar y decir "aló" puede ser suficiente para que estafadores graben la voz de una persona con inteligencia artificial y la imiten para pedir dinero a sus familiares. Así, lo que empieza como una molestia publicitaria puede terminar en la pérdida de ahorros o en el robo de identidad.

Desde el punto de vista legal, el uso de números inexistentes no es una simple infracción administrativa, sino que cruza la línea hacia el terreno penal. Mientras que una llamada spam sin autorización es sancionada por Indecopi con multas de hasta 450 UIT (más de dos millones de soles), la usurpación de un número que no le pertenece a la empresa configuraría el delito de falsedad genérica previsto en el artículo 438 del Código Penal, castigado con pena privativa de libertad de dos a cuatro años. Por si fuera poco, las propias operadoras de telecomunicaciones (Movistar, Claro, etc.) también incurren en infracción si permiten que se realicen llamadas masivas sin identificar al titular de la línea. Por tanto, nos encontramos ante un problema que afecta simultáneamente las normas de consumo, el derecho penal y las regulaciones del sector telecomunicaciones.

Ante este panorama, las soluciones no pueden quedarse únicamente en manos del Estado. Si bien se espera la implementación del prefijo especial 500 que permitirá identificar las llamadas comerciales antes de contestar, y que Indecopi ya está utilizando inteligencia artificial para agilizar los procesos de sanción, los ciudadanos deben actuar de inmediato. La primera medida es revocar formalmente el consentimiento mediante un correo o carta dirigido a la empresa acosadora, guardando la constancia. La segunda es denunciar cada llamada sospechosa en la plataforma "Reclama Virtual" de Indecopi, adjuntando la captura de pantalla del número, ya que la ley invierte la carga de la prueba y obliga a la empresa a demostrar que sí tiene autorización. Finalmente, resulta indispensable instalar aplicaciones bloqueadoras como Truecaller o CallApp que funcionan como un blindaje personal ante estos ataques.

Funalmente, mientras el Estado peruano termine de ajustar su marco fiscalizador y haga efectiva la implementación del prefijo identificador, la lucha contra las llamadas spam con números fantasma depende fundamentalmente de la acción ciudadana organizada. No se trata de normalizar el acoso ni de resignarse a contestar el teléfono con temor. Cada captura de pantalla, cada denuncia en Indecopi y cada revocación del consentimiento es un golpe contra la impunidad de quienes creen que pueden esconderse detrás de un número desechable. La información es poder, y hoy los peruanos tienen las herramientas legales y tecnológicas para exigir que su derecho a la privacidad sea respetado, devolviendo la tranquilidad a sus hogares y la seguridad a sus comunicaciones.