El costo de mirar para otro lado: energía, transporte y estabilidad social en Chile y Perú

La crisis energética global, impulsada por el conflicto en Oriente Medio y la reducción de inventarios de petróleo, golpea con fuerza al Cono Sur. El Banco Mundial proyecta un aumento del 32% en los precios de la energía para 2026, con el Brent promediando 91 dólares por barril. Chile y Perú, ambos dependientes de las importaciones de petróleo, enfrentan la misma tormenta internacional, pero sus respuestas políticas han marcado trayectorias divergentes: Chile ya vive una huelga nacional de transportistas con bloqueos de carreteras, mientras que Perú se encuentra en la etapa previa al estallido, con una huelga anunciada para el 16 de noviembre y aún pendiente de negociación.

En Chile, la situación es crítica. El precio del diésel acumula un alza de 53.5% en lo que va del año y la gasolina un 26.2%, mientras la inflación anual alcanza el 4.5%, la más alta en 18 meses. La causa raíz es una decisión política; en marzo, el gobierno de Kast, por razones fiscales, canceló el mecanismo de estabilización de precios (Mepco), trasladando completamente el aumento internacional del petróleo a los consumidores. Esto desencadenó el llamado "benzinazo" y llevó a los transportistas a una huelga nacional indefinida iniciada el 10 de noviembre, con bloqueos parciales de carreteras en múltiples regiones, a la que se han sumado taxistas, grúas y autobuses interprovinciales. El gobierno anunció un congelamiento de precios por 90 días y la reversión del último aumento, pero los gremios consideran la medida insuficiente y exigen reducciones reales, no solo congelamiento. Solo el costo fiscal del Mepco entre agosto y octubre alcanzó 1.1 billones de pesos, equivalentes a unos 1,200 millones de dólares.

En Perú, la tensión es latente pero igualmente peligrosa. La inflación en Lima supera el 5%, la más alta en más de tres años, y los combustibles y lubricantes acumulan un alza anual de 43.67%. El gremio de transporte de carga pesada ha convocado a una huelga nacional de 72 horas para el 16-18 de noviembre, abarcando Lima y múltiples regiones. A diferencia de Chile, el gobierno peruano mantiene una postura de diálogo y busca establecer una mesa de negociación, aunque los transportistas ya advirtieron que si no hay avances sustanciales antes de esa fecha, la paralización se concretará. El antecedente de Ucayali en agosto es una advertencia; durante ese paro, tres mercados principales de Pucallpa cerraron por saqueos, el precio del pescado boquichico pasó de S/ 5 a S/ 15, las verduras se triplicaron y las pérdidas se estimaron en S/ 10 millones diarios solo en esa región.

La diferencia clave entre ambos países radica en la respuesta política. Chile eliminó su mecanismo de amortiguación y ahora enfrenta el fuego ya encendido: una huelga nacional que amenaza con paralizar el suministro y agravar la inflación. Perú, en cambio, aún tiene la mecha encendida; reconoce la crisis, ha asignado fondos para subsidios focalizados del 15%-20% (aunque insuficientes según los transportistas) y mantiene abierta la puerta del diálogo. Sin embargo, el margen se estrecha. Si el gobierno peruano no logra avances concretos antes del 16 de noviembre —ya sea ampliar los subsidios o abrir mesas de negociación reales—, es muy probable que la huelga se concrete según lo previsto, y entonces la brecha con Chile se reducirá rápidamente.

A este panorama se suma un factor que agrava la fragilidad del sector en Perú: la ola de extorsiones y asesinatos contra transportistas en Lima. Entre enero y octubre de 2026 se registraron 164 atentados contra transportistas, con 93 fallecidos. Un sector ya golpeado por costos altos y violencia tiene menos margen para absorber nuevas crisis, y una paralización por combustible o por inseguridad podría potenciarse mutuamente, amplificando el impacto sobre la economía y la ciudadanía.

Las soluciones existen, pero requieren decisión política y urgencia. En el corto plazo, el alivio fiscal focalizado —reactivación del FEPC en Perú, reducción temporal del ISC, compensación directa a los transportistas y, en el caso chileno, restauración de un mecanismo de estabilización con financiamiento sostenible— puede descomprimir el conflicto social. En el mediano y largo plazo, la respuesta estructural es acelerar la transición energética; la electromovilidad en el transporte público y de carga ofrece ahorros significativos —un bus eléctrico puede generar un ahorro anual de hasta 48,750 dólares frente a uno diésel si los combustibles suben 50%— y Perú ya se ha planteado que el 100% de los nuevos buses de transporte público sean cero emisiones al 2040, mientras Chile es referente regional con una flota de buses eléctricos que pronto alcanzará el 60% del total.

El costo de no actuar se paga primero en los bolsillos de los ciudadanos y luego en la estabilidad social. Chile ya está pagando esa factura con una huelga nacional que paraliza carreteras y amenaza el abastecimiento. Perú está a tiempo de evitar ese escenario, pero la ventana se cierra el 16 de noviembre. La diferencia entre "el fuego ya encendido" y "la mecha todavía encendida" no es solo retórica; es la distancia entre una crisis desatada y una crisis que aún puede prevenirse con voluntad política y medidas oportunas.