Huelga general en España por la crisis de vivienda, con protestas coordinadas en varios países europeos

España registró el 11 de noviembre de 2026 su primera huelga general en catorce años. La convocatoria, de 24 horas, fue impulsada por los sindicatos CCOO y UGT junto a organizaciones sociales y sindicatos de inquilinos, bajo el lema "Salarios, vivienda, precios". El motivo declarado fue la crisis de acceso a la vivienda y la falta de respuesta parlamentaria a las medidas propuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez. La jornada se produjo tres semanas antes de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre y coincidió con un ciclo de movilizaciones por el coste de la vida y la vivienda en Portugal, Francia, Italia y Alemania.

El antecedente inmediato fue el caso de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años de Madrid que falleció en septiembre de 2026 poco después de ser desalojada del piso en el que había residido durante décadas. El suceso, difundido por televisión, fue vinculado por las organizaciones convocantes a la crisis habitacional y precedió a semanas de protestas en Madrid, Barcelona y Valencia. En la capital, los organizadores cifraron la asistencia en 500,000 personas, mientras que las cifras oficiales la situaron en 70,000. Las demandas planteadas fueron la reducción de los alquileres, la paralización de los desalojos, la limitación de la compra de vivienda por fondos de inversión y el freno a la expansión de los pisos turísticos.

El decreto de emergencia habitacional presentado por el Gobierno fue rechazado en el Parlamento. El Partido Popular y Vox votaron en contra con el argumento de que la norma reduciría la oferta en el mercado del alquiler, y la abstención del partido independentista catalán JxCat impidió su aprobación. Según el relato de los convocantes, ese resultado fue el factor que precipitó el anuncio de la huelga general. A lo largo de 2026, el Ejecutivo había intentado aprobar por decreto medidas de control de alquileres y de protección frente a los desalojos, sin éxito. La situación refleja la aritmética de un gobierno minoritario que depende de apoyos parlamentarios de partidos independentistas.

El seguimiento de la huelga fue desigual. Los sindicatos reportaron una participación del 90% en la industria automovilística y en los puertos, del 85% en la industria cárnica y del 75% en el sector energético. El transporte público de Barcelona quedó prácticamente paralizado, se registraron bloqueos en la M-30 de Madrid y el consumo eléctrico nacional descendió alrededor de un 10%, según los datos difundidos durante la jornada. En contraste, la hostelería y la restaurantes registraron una participación baja y la mayoría de los pequeños comercios y trabajadores autónomos abrieron con normalidad. Entre los factores citados figura el coste que supone perder un día de ingresos para quienes destinan la mayor parte de su salario al alquiler.

La jornada incluyó incidentes. Se produjeron enfrentamientos entre la policía y manifestantes en el mercado mayorista de Mercamadrid, barricadas con neumáticos en llamas en Barcelona y un total de 23 detenidos en el conjunto del país. En paralelo, en Barcelona y Madrid se exhibieron pancartas con el mensaje "Tenemos las llaves de toda la ciudad", en referencia a la disputa sobre el uso del espacio urbano. El precio medio del alquiler en España casi se ha duplicado en la última década, y la expansión de los pisos turísticos y de la compra por fondos de inversión ha retirado vivienda del mercado de alquiler de larga duración, según los datos manejados por las organizaciones del sector.

En el plano electoral, Sánchez convocó los comicios anticipados a principios de octubre con la intención de situar la vivienda como eje de la campaña, pero el accidente ferroviario de alta velocidad que causó 69 muertos alteró el desarrollo de la precampaña. Los sindicatos de inquilinos que participaron en la convocatoria han declarado que su objetivo es devolver la vivienda al centro de la agenda política y obtener compromisos concretos de los partidos antes del 29 de noviembre. El ascenso de Vox en las encuestas añade un elemento de presión sobre las fuerzas de izquierda, que afrontan la votación con la expectativa de que el malestar por el coste de la vida se traduzca en apoyo electoral.

Las movilizaciones españolas coinciden con protestas en otros países. En Portugal, los campamentos de Lisboa y Oporto se mantienen desde octubre y el desalojo de mediados de ese mes se saldó con 37 heridos por intervención policial; los precios de la vivienda subieron un 17.8% interanual en el primer trimestre de 2026, el mayor incremento de la UE. En Francia, las protestas de estudiantes de secundaria por la falta de recursos educativos derivaron en movilizaciones contra el coste de la vida, con sindicatos y "chalecos amarillos" durante tres fines de semana consecutivos, cientos de miles de participantes según el Ministerio del Interior y más de 500 detenciones.

El 3 de noviembre, representantes de sindicatos de inquilinos de España, Francia, Portugal, Italia, Grecia, Reino Unido y Bélgica anunciaron en París una acción coordinada en cientos de ciudades europeas del 20 al 22 de noviembre, con una plataforma común: derecho a la vivienda, control de los precios de la vivienda, los alimentos y la energía, y aumento de salarios y pensiones. Su portavoz en España, Carmen Alcalá, afirmó que el movimiento opta por "señalar hacia arriba" en un contexto de crecimiento de la ultraderecha. Los organizadores citan un alza superior al 60% en los precios de la vivienda en la UE entre 2010 y 2025, frente a salarios reales estancados y márgenes de acción pública limitados por las reglas fiscales y la deuda. La acción de noviembre y el resultado del 29 de noviembre serán los primeros indicadores de la continuidad de esta red.