El costo de la inmediatez: los riesgos estructurales del primer mes de gobierno de Keiko Fujimori

A solo treinta y ocho días de haber asumido la presidencia, Keiko Fujimori ha demostrado una capacidad operativa innegable para enfrentar crisis sobrevenidas. Su primer mes de gestión ha sido un vendaval de anuncios, visitas a zonas de desastre y medidas de choque que buscaban calmar las urgencias más apremiantes: la inseguridad ciudadana, el descontento de los transportistas y la amenaza del Fenómeno de El Niño. Sin embargo, bajo la superficie de esa agenda frenética, especialistas y analistas advierten que la velocidad con la que se han tomado las decisiones, sin el debido análisis de proyecciones y consecuencias, podría estar sembrando las bases de problemas mucho más graves que los que se buscaba resolver.

El principal campo de batalla simbólico y real del gobierno ha sido la seguridad ciudadana. El "Plan Escudo", que moviliza a las Fuerzas Armadas junto a la Policía en las calles, fue presentado como la respuesta definitiva al crimen organizado. No obstante, los resultados en el corto plazo han sido desalentadores. A pesar del despliegue militar, el primer mes de gobierno cerró con 166 homicidios a nivel nacional, una cifra que evidencia que la estrategia no está logrando disuadir a las bandas criminales. El problema de fondo radica en que el plan se ha centrado en el resguardo de patios y rutas principales, mientras que los ataques se han desplazado a zonas no vigiladas. La falta de una estrategia de inteligencia robusta y la ausencia de un diagnóstico profundo sobre las rutas del crimen convierten al Plan Escudo en un parche de alto costo visual, pero de escasa efectividad real, que podría erosionar rápidamente la confianza ciudadana.

En el frente económico, la decisión más emblemática y riesgosa ha sido el anuncio del incremento del salario mínimo a S/1,300. Si bien la medida goza de popularidad, los economistas han alzado la voz para advertir sobre sus efectos colaterales. El presidente del Consejo Fiscal ha señalado que esta disposición "generará distorsiones en el mercado laboral", especialmente en las micro y pequeñas empresas, que son el motor del empleo en el país. El riesgo más inmediato es un salto en la informalidad, ya que muchas empresas optarán por no registrar a sus trabajadores para evitar el sobrecosto. El bono compensatorio anunciado para las mypes es una solución temporal para un gasto permanente, y su sostenibilidad en el tiempo es altamente cuestionable, lo que podría derivar en un aumento del desempleo encubierto y una presión fiscal insostenible.

Otro ejemplo paradigmático de esta política de "acción-reacción" fue la reducción del 90% en el pago de multas de tránsito, una concesión otorgada para desactivar un paro de transportistas. Si bien la medida logró su objetivo inmediato, los expertos en movilidad y derecho han calificado la decisión como un retroceso mayúsculo. Al reducir drásticamente el costo de las infracciones, se elimina el efecto disuasivo y se fomenta la impunidad en las calles, en una ciudad que ya es considerada la de tráfico más caótico del mundo. El precedente que se sienta es peligroso: se premia al infractor y se castiga a las municipalidades que pierden una fuente clave de ingresos. La señal que envía el gobierno es que, ante la presión social, está dispuesto a ceder en principios de orden y legalidad, lo que podría incentivar a otros gremios a tomar las calles para obtener beneficios similares.

La debilidad institucional del gabinete ministerial es otro factor que agrava el panorama. El hecho de que 15 de los 19 ministros hayan enfrentado investigaciones criminales, aunque muchas archivadas, ha minado la autoridad moral del ejecutivo desde el primer día. Este gabinete, con apenas dos mujeres y un perfil predominantemente conservador, ha tenido que dedicar una parte significativa de su capital político a defenderse en el Congreso, en lugar de impulsar las reformas prometidas. La sombra de la sospecha sobre sus integrantes no solo debilita la credibilidad del gobierno ante la ciudadanía, sino que lo convierte en un blanco fácil para la oposición, anticipando un escenario de constante fiscalización que podría paralizar la agenda legislativa y consumir energías en batallas políticas estériles.

La gestión de desastres, aunque rápida en la reacción, también adolece de una visión de largo plazo. La declaración de reorganización del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) por 120 días, si bien necesaria, genera un vacío de poder en un sector clave justo cuando se avecina el Fenómeno de El Niño. De manera similar, la atención al terremoto de Junín y los huaicos en Arequipa se ha centrado en anuncios de fondos inmediatos, pero persisten las dudas sobre la ejecución y el mantenimiento de las obras de prevención. El gobierno ha creado comisiones y anunciado partidas presupuestales, pero la historia reciente del país muestra que la planificación a largo plazo suele ceder ante la urgencia del día a día, dejando las estructuras vulnerables a los próximos embates de la naturaleza.

En el plano político, la polarización social que acompañó la llegada de Fujimori al poder no se ha disipado. Las movilizaciones de colectivos de derechos humanos y familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos bajo el lema "Keiko no me representa" son un recordatorio constante de que su gobierno nace en medio de una profunda división. La estrategia de gobernar para "todos los peruanos" choca con la realidad de un electorado fracturado y una oposición que no le dará tregua. El gobierno deberá navegar esta tensión con una habilidad política que aún no ha demostrado, especialmente cuando sus primeras medidas han sido interpretadas por muchos sectores como concesiones a los grupos de presión más organizados, en lugar de políticas de Estado consensuadas.

En resumen, el primer mes de gestión de Keiko Fujimori ha sido un ejercicio de alta intensidad, pero también de alto riesgo. La inmediatez con que se han tomado las decisiones, pensando más en apagar incendios que en construir estructuras sólidas, ha generado un conjunto de problemas futuros que podrían socavar la gobernabilidad. La inseguridad persiste, la economía enfrenta distorsiones, la impunidad vial avanza y la institucionalidad se resiente. El gobierno ha ganado tiempo, pero ha perdido credibilidad en su capacidad de proyectar soluciones sostenibles. La pregunta que queda en el aire es si esta estrategia de "parches" será suficiente para mantener la aprobación ciudadana, que ya muestra signos de desgaste al caer del 60% al 52,6% en apenas un mes, o si los costos de esta falta de previsión comenzarán a cobrar factura en los meses venideros.