Del crimen de Barrio al crimen Global: La metamorfosis de las bandas de delincuentes en el Perú

La delincuencia organizada en el Perú ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas, pasando de ser agrupaciones locales y poco estructuradas a redes criminales complejas, jerárquicas y transnacionales. Estas organizaciones han logrado diversificar sus actividades ilícitas, incluyendo el sicariato, la extorsión, el tráfico de drogas, la minería ilegal y la trata de personas, lo que representa un desafío estructural para el Estado peruano y su capacidad de garantizar seguridad ciudadana y justicia social.

Desde una perspectiva criminológica, las bandas delincuenciales peruanas presentan características propias de organizaciones criminales con estructuras jerárquicas o flexibles, adaptadas a su entorno y al tipo de delito que cometen. Aunque muchas de ellas operan a nivel local, otras han logrado insertarse en cadenas transnacionales de tráfico ilícito, especialmente en el contexto del narcotráfico y la trata de personas, lo que evidencia su capacidad de adaptación y expansión territorial.

Uno de los principales factores que explican el auge de estas organizaciones es la debilidad institucional del Estado peruano, manifestada en la precariedad de los servicios de inteligencia, la corrupción dentro de las fuerzas del orden, y la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Esta ausencia estatal en muchas zonas del país ha permitido que las bandas criminales ejerzan funciones de control social, económico y hasta político en diversos territorios.

Además de la debilidad institucional, existen factores socioeconómicos que alimentan la expansión del crimen organizado. La pobreza, la desigualdad territorial, la falta de oportunidades laborales y la exclusión social convierten a muchos jóvenes en potenciales reclutas para estas organizaciones. En este sentido, la criminalidad se presenta como una vía de ascenso social alternativa, especialmente en contextos donde el Estado ha sido históricamente ausente o represivo.

La violencia asociada a estas bandas no solo afecta a sus rivales o víctimas directas, sino que tiene un impacto colectivo en la percepción de seguridad y en la configuración del tejido social. La presencia de organizaciones criminales genera miedo, desplazamiento forzado, y una cultura de silencio que dificulta la investigación y persecución de estos delitos. Este clima de intimidación socava la confianza en las instituciones y profundiza la desigualdad.

El Estado peruano ha respondido a este fenómeno principalmente mediante estrategias represivas y legales, como la Ley N.º 30077-2013 contra el Crimen Organizado, que tipifica penalmente a las organizaciones criminales y establece herramientas para su investigación. Sin embargo, estas medidas se han mostrado insuficientes debido a la falta de capacidad de investigación, la mora judicial y la corrupción que permea el sistema de justicia.

Uno de los principales desafíos para la reducción de la criminalidad organizada es la necesidad de fortalecer la inteligencia criminal y las capacidades técnicas de investigación. La implementación de técnicas como el agente encubierto, la interceptación de comunicaciones y el análisis financiero es aún limitada y está rezagada frente a la sofisticación de las redes criminales. Además, la falta de especialización del personal policial y judicial dificulta la efectividad de estas herramientas.

Otro desafío crítico es la gestión penitenciaria. Las cárceles peruanas se han convertido en centros de reclutamiento y planificación delictiva, donde las organizaciones criminales consolidan sus estructuras y amplían sus redes. La falta de control interno, la sobrepoblación y la corrupción dentro del sistema penitenciario han convertido a las cárceles en una pieza clave del problema, en lugar de ser parte de la solución.

Frente a esta realidad, se hace necesario repensar la estrategia de seguridad desde un enfoque multidimensional que combine prevención, investigación, persecución y reinserción. Esto implica articular políticas sociales, educativas y económicas con acciones de seguridad, así como fortalecer la cooperación interinstitucional e internacional. La lucha contra el crimen organizado no puede depender exclusivamente de la represión, sino que requiere una transformación estructural del Estado y su relación con la sociedad.

La reducción de la criminalidad organizada en el Perú exige una estrategia integral que vaya más allá de la respuesta punitiva. Requiere fortalecer las instituciones democráticas, garantizar el acceso a la justicia, reducir las desigualdades sociales y recuperar el territorio perdido por el Estado. Solo a través de una política de Estado sostenida, basada en evidencia y con participación ciudadana, será posible desarticular las redes del crimen organizado y construir una sociedad más segura y justa.

Fuentes consultadas:

• Gobierno del Perú – Ministerio del Interior, 2025

• Crimen Organizado y Seguridad Multidimensional, ResearchGate, 2022

• La criminalidad organizada y su repercusión en la sociedad peruana, SciELO Bolivia, 2024

• ¿Cómo combatir la extorsión en el Perú?, Propuestas del Bicentenario, 2023

• Sobre la criminalidad organizada en el Perú, Universidad de Fribourg