Cuando las instituciones fallan: corrupción, leyes y la crisis de seguridad en Perú

El Perú enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. Entre 2018 y 2024, los homicidios aumentaron un 137%, mientras que las extorsiones crecieron un 370% entre 2021 y 2023. Frente a esta emergencia, el debate público ha tendido a centrarse en la respuesta operativa —más policías, penas más severas, estados de emergencia—, pero un análisis riguroso revela que la raíz del problema es institucional. La corrupción policial, las deficiencias estructurales del Ministerio Público y el Poder Judicial, y un conjunto de normas aprobadas por el Congreso que debilitan la persecución penal han creado un ecosistema donde el crimen no solo no se castiga, sino que se incentiva. Cómo estas tres dimensiones se entrelazan para configurar lo que diversos analistas describen como un Estado que, en la práctica, ha dejado de proteger a su ciudadanía.

La corrupción en la Policía Nacional del Perú (PNP) no es un fenómeno marginal. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, la PNP concentró el 94.4% de las denuncias por presunta corrupción registradas en el primer semestre de 2026, con 85 casos de un total de 90. Al cierre de 2025, 570 efectivos fueron retirados por supuestos actos de corrupción y la Inspectoría General impuso más de 4,100 sanciones disciplinarias. Hasta el primer trimestre de 2026, unos 280 policías habían sido condenados por corrupción, mientras que otros 1,200 continuaban bajo investigación penal. El excomandante general Eduardo Pérez Rocha advirtió que la mayoría de las sanciones recaen sobre suboficiales recién egresados, lo que evidencia deficiencias estructurales en los procesos de selección y formación policial. Esta realidad no solo erosiona la confianza ciudadana —siete de cada diez peruanos desconfían de la PNP—, sino que tiene un efecto directo sobre la criminalidad; cuando los propios encargados de hacer cumplir la ley participan en actividades ilícitas, la impunidad se convierte en la regla y no en la excepción.

El Ministerio Público, por su parte, enfrenta una crisis de legitimidad y eficacia que se manifiesta en la llamada "puerta giratoria". El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, denunció que de las 91,907 personas detenidas por la policía entre enero y marzo de 2025, el 92% fue puesto en libertad por la Fiscalía. Solo en Lima, 338 criminales con participación demostrada en 167 bandas fueron liberados por decisión fiscal. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha desafiado estas cifras argumentando que la policía no siempre comunica las detenciones —de las 91,907, solo 32,578 fueron reportadas formalmente— y que un porcentaje significativo corresponde a conductores en estado de ebriedad o detenciones arbitrarias. Más allá de la disputa de cifras, lo cierto es que existe un problema estructural de coordinación entre ambas instituciones que genera impunidad. A ello se suma la asfixia presupuestal; el Ministerio Público requiere 783 peritos pero solo cuenta con 219, y carece de 120 médicos legistas y 31 técnicos necropsistas para atender la demanda investigativa.

El Poder Judicial no escapa a este diagnóstico. La Comisión de Venecia, organismo del Consejo de Europa que reúne a expertos constitucionalistas, identificó "serias debilidades estructurales" en el sistema de justicia peruano y advirtió sobre el alto número de jueces con nombramientos temporales, situación que "debilita la estabilidad en el cargo y puede generar riesgos de presión política o institucional". El organismo europeo también señaló que el enfoque de reformas parciales y simultáneas "no solo resulta insuficiente para corregir las fallas del sistema, sino que podría profundizar problemas como la inestabilidad institucional". A esta fragilidad estructural se suma la corrupción; investigaciones periodísticas y académicas han documentado la existencia de redes de jueces y fiscales vinculados a mafias de poder, y la percepción ciudadana de una justicia politizada y lenta es generalizada. El resultado es un sistema que, en lugar de disuadir el delito, lo tolera y, en muchos casos, lo facilita.

El elemento más disruptivo en esta ecuación ha sido el paquete de ocho leyes aprobadas por el Congreso entre marzo de 2023 y 2025, calificadas por juristas, fiscales y organizaciones civiles como "leyes procrimen". Human Rights Watch (HRW), en su informe "Legislar para la impunidad", concluyó que el Congreso peruano, con el apoyo del Ejecutivo, ha aprobado normas que favorecen a grupos delictivos. Entre las más cuestionadas figuran la Ley 31990, que debilita el sistema de colaboración eficaz —herramienta históricamente vital para desarticular mafias—; la Ley 32108, que redefine el concepto de "organización criminal" y dificulta allanamientos y capturas; la Ley 32130, que transfiere a la Policía la conducción de investigaciones preliminares, limitando la capacidad operativa del Ministerio Público; y las leyes 31751 y 32104, conocidas como "leyes Soto", que reducen los plazos de prescripción penal para delitos de corrupción. A ellas se suman la Ley 32054, que impide procesar a partidos políticos como organizaciones criminales, y la Ley 32326, que eleva los requisitos para la incautación de bienes vinculados al lavado de activos.

Estas normas no operan en el vacío; forman parte de un patrón sistemático de debilitamiento institucional. La Comisión de Venecia advirtió que ciertas propuestas legislativas "pueden representar un retroceso, al afectar la independencia judicial, el equilibrio de poderes y el funcionamiento del sistema democrático". El organismo también cuestionó mecanismos como la ratificación periódica de jueces, al considerar que "pueden convertirse en herramientas de control". En paralelo, HRW documentó que el Congreso ha impulsado una ofensiva contra la independencia judicial, la prensa libre y las organizaciones de derechos humanos, y ha aprobado una ley de amnistía que otorga impunidad por delitos graves cometidos durante el conflicto armado interno. Como sintetizó Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas, lo que distingue a Perú en la región es que "tenemos un congreso activamente legislando para fortalecer el crimen organizado".

Los datos sobre el impacto de estas leyes son contundentes. Un análisis del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú (CEEEP) concluyó que el país enfrenta una "crisis profunda y mutuamente reforzada de inseguridad, criminalidad y corrupción, impulsada principalmente por economías ilícitas en expansión —minería ilegal y producción de cocaína— que aprovechan y profundizan la debilidad institucional". El informe señala que la minería ilegal, alimentada por altos precios del oro, "se ha convertido en la principal fuente de ingresos ilícitos, corrompiendo el panorama político". Esta dinámica crea un círculo vicioso; la debilidad institucional facilita el crimen organizado, y el crimen organizado, a su vez, captura y corrompe aún más las instituciones. En este contexto, la "puerta giratoria" no es un accidente, sino una consecuencia lógica de un sistema donde las herramientas de investigación han sido deliberadamente desmanteladas y los incentivos para la corrupción permanecen intactos.

Frente a este panorama, las propuestas de reforma existen, pero requieren voluntad política y consenso. La Comisión de Venecia urgió a Perú a emprender "una reforma integral" del sistema de justicia "con consenso y enfoque institucional", y recomendó avanzar hacia "sistemas de evaluación continua basados en criterios objetivos" para la judicatura. En el ámbito policial, exministros del Interior como Rubén Vargas y Wilfredo Pedraza han sugerido "reforzar los mecanismos de control interno, reformar la formación policial y acelerar la separación definitiva de los efectivos involucrados en actos irregulares". La derogación de las leyes procrimen se ha convertido en la "piedra angular" de cualquier estrategia seria contra el crimen organizado, y organizaciones como Generación Z, junto con el Colegio de Abogados de Lima, impulsan un proyecto de ley en ese sentido. Sin embargo, ninguna de estas medidas prosperará si el Congreso, que ha sido identificado por HRW como parte activa del problema, no asume un rol de contrapeso institucional en lugar de facilitador de la impunidad.

El diagnóstico es claro; en Perú, la corrupción policial, las deficiencias del Ministerio Público y el Poder Judicial, y un marco legislativo que debilita la persecución penal han convertido al sistema de justicia en un eslabón funcional a la expansión del crimen organizado. No se trata de fallas aisladas, sino de un entramado institucional que, en su configuración actual, produce impunidad de manera sistemática, revertir esta situación exige algo más que medidas operativas; requiere una reforma integral que restaure la capacidad del Estado para investigar, procesar y sancionar el delito, y que devuelva a las instituciones de justicia su autonomía frente a los poderes políticos y económicos que las han capturado. Mientras eso no ocurra, la seguridad ciudadana seguirá siendo una promesa incumplida y el crimen organizado encontrará en el propio Estado a su más eficaz aliado.