El desierto no negocia: Perú tiene 10 años para resolver su crisis hídrica

El Perú no enfrenta un problema de falta de agua, sino de falta de agua donde vive su economía. El 70% de la población y casi toda la agroindustria de exportación se concentran en la costa desértica, una franja que recibe apenas el 2% de la precipitación nacional. Mientras tanto, las fuentes que sostienen a esa costa entran en declive estructural: los glaciares andinos perderán la mayor parte de su masa histórica hacia 2040, los acuíferos de Ica y La Libertad están sobreexplotados y salinizándose, y los ríos que abastecen a Lima dependen cada vez más de un deshielo que se acaba. La aritmética es implacable; con las fuentes actuales, entre 2033 y 2035 la costa centro-sur entrará en déficit hídrico estructural en años normales, y en déficit crítico cuando coincidan sequía andina y El Niño costero. No es un riesgo lejano ni especulativo; es hidrología proyectable.

La desalinización aparece entonces no como una opción tecnológica más, sino como la única fuente nueva de agua que puede crecer en la costa. Y aquí la comparación con la región resulta incómoda: Chile opera más de cuarenta plantas desalinizadoras, incluidas algunas de las mayores del mundo, y proyecta cubrir hacia el final de la década el grueso del déficit hídrico de su minería y sus ciudades costeras. Perú, en cambio, recién empieza. Cuenta con una planta pequeña en el sur de Lima que abastece a unas cien mil personas, y con Punta Grande en Ica, la primera del país diseñada para uso productivo masivo, que servirá de precedente para todo lo que venga después. Al ritmo actual, Perú llegará a 2036 donde Chile llegó en 2015; con una infraestructura capaz de cubrir solo una fracción del problema.

Punta Grande es, en ese sentido, el momento bisagra del sector. Si la planta demuestra que el modelo de desalación para la agroindustria es técnicamente confiable y financieramente rentable en el contexto peruano, es probable que entre 2027 y 2032 se produzca una cascada de inversiones privadas en la costa sur y centro. Si fracasa, se atasca en conflictos o no logra precios competitivos, la discusión se retrasará otra década, y la década que viene es precisamente la de los déficits estructurales. Ninguna otra decisión de infraestructura hídrica del país tiene tanta capacidad de señal; de ella dependerá si la desalinización peruana despega como industria o queda como un parque de experimentos costosos.

El obstáculo central, sin embargo, no es tecnológico sino institucional. El agua de riego en la costa se cobra a precios políticos, a veces apenas un subsidio disfrazado, mientras los pozos informales extraen de los acuíferos sin control ni concesión, en un nivel de informalidad que la autoridad fiscaliza muy poco. Mientras el agua "natural" siga estando mal cobrada, el agua desalada, que cuesta producirla entre 8 y 15 soles por metro cúbico, no puede competir, y ningún inversionista razonable construirá plantas para el agro. En Chile el despegue se dio porque la minería, usuaria grande y solvente, firmó contratos de compra de agua a veinte o treinta años; en Perú falta un ancla equivalente, porque el agroexportador es rentable pero atomizado, y las empresas municipales de agua tienen mal crédito y peor gestión.

Hay, eso sí, soluciones más baratas que la desalinización que el país viene postergando desde hace décadas, y su combinación es la verdadera respuesta. El reúso de aguas residuales es el ejemplo más llamativo; Lima descarga al mar unos 20 metros cúbicos por segundo de agua ya utilizada, con tratamiento parcial, cuando recuperar solo un tercio de ese caudal costaría dos o tres veces menos que desalinizar y equivaldría a "construir" varias plantas sin tocar el océano. A eso se suma un sistema de distribución que pierde o no factura más del 40% del agua que mueve, un mercado de derechos de agua legislado en 2009 pero nunca operado efectivamente, y una radiación solar entre las mejores del planeta en el sur del país, que todavía no se integra a la desalinación para bajar sus costos operativos. Cada uno de estos frentes es un huevo de Colón; la solución ya existe, solo falta ejecutarla.

Los escenarios hacia 2036 se pueden ordenar con probabilidades razonables. En el escenario base, de alrededor de 50% de probabilidad, la desalinización se consolida como complemento pero no como estructura: operan Punta Grande y un puñado de plantas más, se cubre el crecimiento marginal de la demanda, pero no el déficit estructural, y el agua sigue racionándose en los años secos mientras la agroindustria migra hacia el norte. En el escenario optimista, un reordenamiento de tarifas del agua, una planta de escala metropolitana para Lima y la integración con energía solar permiten que el país llegue a una capacidad desalada de 15 a 25 metros cúbicos por segundo, suficiente para hacer manejable el déficit costero y sostener el crecimiento del agroexportador. En el escenario negativo, una coincidencia de sequía andina y El Niño costero hacia mediados de la próxima década golpea simultáneamente a Lima, Ica y La Libertad, produce racionamiento severo, quiebras agroindustriales por miles de millones de dólares y convierte el agua en el eje central de la política peruana, con respuestas populistas que congelan tarifas y perpetúan el desperdicio.

Lo que está en juego no es menor. El agua condiciona al sector más dinámico de la economía peruana —la agroindustria de exportación, que pasó de 1,000 millones de dólares en 2005 a unos 12,000 veinte años después y tiene espacio para duplicarse—, así como la habitabilidad de una capital de once millones de personas construida sobre un desierto. También condiciona la estabilidad social: en los últimos años el agua superó a la minería como primera causa de conflictividad en el país, y una crisis hídrica combinada convertiría esa conflictividad en presión política permanente, con migraciones internas masivas hacia una costa que no tendría capacidad de recibirlas.

La desalinización, en sí misma, es inevitable pero no suficiente. Inevitable porque todas las fuentes renovables costeras están en declive y la demanda crece. Insuficiente porque, incluso en el mejor escenario, no puede reemplazar el agua de ríos ni para Lima ni para el riego extensivo; su rol legítimo es cubrir el déficit marginal de las ciudades y de la agroindustria de alto valor, mientras el reúso, la eficiencia de redes y una tarificación que refleje la escasez hacen el trabajo pesado. Pensarla como sustituto de todo lo demás es tan errado como ignorarla.

En definitiva, el Perú de 2036 será, en buena medida, el resultado de una decisión presente: si la política es capaz de cobrar el agua a quien puede pagarla y de invertir temprano en seguridad hídrica —reúso, desalinación, eficiencia, energía solar—, el país desacoplará su crecimiento de la geografía y convertirá su mejor ventaja comparativa no minera en motor de desarrollo. Si opta por subvencionar la escasez y postergar la decisión, el agua impondrá su propio precio por la vía de la crisis, y será un precio infinitamente mayor. El desierto no negocia; solo se le administra o se le pierde.