Cuando el patio trasero se vuelve campo de batalla: amenazas híbridas y rivalidad geopolítica en América Latina

América Latina enfrenta hoy una transformación profunda en su panorama de seguridad interior, marcada por la convergencia de amenazas tradicionales y emergentes. Lejos de limitarse a conflictos armados convencionales o disturbios sociales puntuales, la región se ve afectada por dinámicas complejas como las guerras híbridas, el crimen organizado transnacional, los ciberdelitos, la radicalización violenta y nuevas prácticas delictivas potenciadas por la tecnología. Lo que antes parecía un problema exclusivamente interno ha adquirido una dimensión global: actores estatales extrarregionales —como Rusia, China, Irán y también Estados Unidos— han identificado a la región como un escenario clave para expandir su influencia, ya sea para contrarrestar rivales, proteger intereses estratégicos o ejercer control indirecto.

Las guerras híbridas han encontrado terreno fértil en América Latina, especialmente a través de campañas de desinformación, interferencia electoral y manipulación mediática. Mientras Rusia y China promueven narrativas antiestadounidenses o alternativas al orden liberal, Estados Unidos también ha utilizado herramientas de poder blando —y a veces duro— para moldear gobiernos y políticas en la región. Desde el apoyo histórico a golpes de Estado durante la Guerra Fría hasta operaciones más recientes de inteligencia, sanciones selectivas o financiamiento a ONGs y medios locales, Washington ha buscado neutralizar gobiernos considerados “hostiles” (como los de Venezuela, Nicaragua o Cuba) y reforzar aliados estratégicos. Estas acciones, aunque justificadas como defensa de la democracia o la seguridad nacional, son vistas por muchos sectores latinoamericanos como formas de injerencia que alimentan la desconfianza y la polarización, creando condiciones propicias para la desinformación y la radicalización.

El crimen organizado, por su parte, ha estado históricamente entrelazado con la política exterior estadounidense. La demanda interna de drogas en EE.UU. ha sido un motor fundamental del narcotráfico en México, Colombia y Centroamérica. Además, programas como la “Guerra contra las Drogas” o la Iniciativa Mérida han implicado el envío de miles de millones de dólares en equipamiento militar y entrenamiento a fuerzas de seguridad locales, con resultados mixtos; si bien han fortalecido capacidades tácticas, también han sido criticados por militarizar la seguridad ciudadana, violar derechos humanos y, en algunos casos, reforzar estructuras corruptas. Paradojalmente, mientras EE.UU. combate el crimen organizado en la región, su propio sistema financiero —incluyendo paraísos fiscales y leyes laxas de transparencia— ha facilitado el lavado de capitales ilícitos procedentes de América Latina.

En el ámbito cibernético, Estados Unidos es tanto víctima como actor influyente. Por un lado, agencias como la NSA o el FBI han colaborado con países latinoamericanos en la lucha contra el ciberdelito y el terrorismo. Por otro, revelaciones como las de Edward Snowden mostraron que EE.UU. ha espiado a líderes latinoamericanos (incluyendo a presidentes de Brasil y México), lo que generó crisis diplomáticas y reforzó narrativas antiimperialistas. Esta dualidad —protector y vigilante— complica la cooperación genuina en ciberseguridad y abre espacio para que potencias rivales ofrezcan “alternativas soberanas” de tecnología y defensa digital.

La radicalización violenta en la región también se ve afectada por la política exterior estadounidense. Las sanciones económicas, las intervenciones militares indirectas o el respaldo a ciertos actores políticos han generado percepciones de doble rasero que alimentan discursos extremistas, tanto de izquierda como de derecha. En este sentido, la sombra de EE.UU. actúa como catalizador simbólico; gobiernos críticos la usan para justificar medidas autoritarias, mientras movimientos sociales la invocan para denunciar neocolonialismo.

Las nuevas prácticas delictivas —como el uso de criptomonedas o drones— también reflejan la influencia estadounidense. Silicon Valley y Wall Street son epicentros globales de innovación financiera y tecnológica, pero también de regulaciones insuficientes que permiten que activos ilícitos circulen con relativa impunidad. Al mismo tiempo, empresas estadounidenses de ciberseguridad y defensa ofrecen soluciones costosas que, aunque útiles, pueden crear dependencia tecnológica y limitar la autonomía estratégica de los países latinoamericanos.

Frente a este panorama, la respuesta de América Latina requiere equilibrio. Si bien la cooperación con EE.UU. puede aportar recursos, inteligencia y experiencia, también exige cautela, transparencia y una agenda propia de seguridad regional. La tentación de alinearse incondicionalmente con Washington —o, en el extremo opuesto, rechazar toda colaboración por principios antiimperialistas— puede ser igualmente perjudicial. Lo que se necesita es una postura soberana que distinga entre cooperación legítima e injerencia encubierta.

La seguridad interior en América Latina no puede entenderse sin reconocer el papel de Estados Unidos como actor hegemónico cuyas decisiones —económicas, políticas, militares y tecnológicas— tienen efectos profundos en la región. Si bien Rusia, China o Irán buscan aprovechar las grietas abiertas por la influencia estadounidense, el verdadero desafío para América Latina es construir una arquitectura de seguridad autónoma, inclusiva y resiliente, capaz de gestionar tanto las amenazas internas como las presiones externas, sin convertirse en peón de una nueva guerra fría global.