Transformación digital en el Perú al 2025: entre la hoja de ruta institucional y la brecha territorial

A mitad del segundo lustro del siglo XXI, el Perú exhibe un mapa de transformación digital desigual: avances notables en el aparato estatal, avances sectoriales en grandes empresas y una masiva franja de micro y pequeñas unidades productivas que apenas inician la travesía. El Gobierno logró, en menos de cuatro años, pasar de la dispersión de portales y trámites en papel a un marco normativo que obliga a todas las entidades públicas a tener planes digitales, líderes de transformación y sistemas de seguridad. Sin embargo, fuera de Lima la realidad sigue marcada por la mala señal de celular, la fibra óptica inexistente y la desconfianza en plataformas que muchos ciudadanos no saben usar.

El punto de partida fue el Decreto Legislativo N.º 1418, promulgado en enero de 2021, que convirtió la “digitalización” en un mandato legal y no en un slogan de campaña. A partir de ahí se diseñó el Plan Nacional de Gobierno Digital 2021-2025, cuyo objetivo era “digitalizar el 100 % de trámites de alta demanda” y “migrar toda la información pública a formatos abiertos”. Cuatro años después, el 100 % de los organismos del nivel central ya cuenta con planes aprobados, oficiales de seguridad y comités de gobierno digital, una tasa de cumplimiento que pocos países de la región pueden mostrar.

La piedra angular de esa estrategia es GOB.PE, un portal único que reemplazó a más de 1,700 sitios institucionales y concentró más de 2,300 trámites. La plataforma reduce el tiempo promedio de atención de 7 días hábiles a 45 minutos cuando el ciudadano ya tiene firma digital. Además, la integración con la Plataforma Digital Georeferenciada permite visualizar escuelas, hospitales y obras públicas en un mapa interactivo, dando un primer paso hacia el “Estado basado en datos” que promete el Plan.

Pero la transformación no es solo de interfaz; también es de “espalda”. En 2024 se crearon 24 equipos CSIRT (Computer Security Incident Response Team) en ministerios y gobiernos regionales, y se registraron 1.800 incidentes de seguridad atendidos de forma coordinada. El gasto en ciberseguridad del Estado creció un 38 %, aunque todavía representa menos del 0,02 % del PIB, muy lejos del promedio de la OCDE (0,06 %).

En el sector privado la historia se bifurca. Las grandes empresas —sobre todo minería, agro-exportación y consumo masivo— ya operan bajo lógicas de Industria 4.0; sensores IoT en cultivos de arándanos, control remoto de camiones en las minas a 4,800 m de altura y algoritmos de pronóstico que reducen el desperdicio de alimentos en un 12 %. La Asociación de Exportadores calcula que la productividad laboral en esos sectores creció 1.8 % anual adicional gracias a la automatización.

Las pymes, en cambio, viven una digitalización “por susto”; el 98 % adoptó alguna solución digital en 2024, pero el 70 % lo hizo solo para sobrevivir a la pandemia y a la exigencia de facturación electrónica. El e-commerce pasó de representar el 2 % de sus ventas en 2019 al 18 % en 2024, pero la mayoría aún usa WhatsApp como “ERP” y almacena sus archivos en laptops personales. La brecha de seguridad es dramática; menos del 40 % de las empresas medianas tiene un plan de respaldo o un CSIRT propio.

La brecha territorial es aún más profunda. El 54 % de la población rural cuenta con 4G, pero la fibra óptica llega solo al 20 % de hogares a nivel nacional y al 4 % en la sierra sur. El costo de un megabit por segundo en Puno es tres veces mayor que en Lima, lo que encarece la migración de la educación y la salud a modelos híbridos. El Estado ha desplegado 1,800 kilómetros de fibra óptica backbone en zonas rurales, pero faltan 8,000 km para cerrar el anillo nacional.

El talón de Aquiles sigue siendo el capital humano. El Instituto Nacional de Estadística revela que el 72 % de la PEA no posee habilidades digitales intermedias; no sabe usar hojas de cálculo avanzadas, ni proteger sus contraseñas, ni distinguir un correo phishing. En las escuelas públicas solo el 35 % de los docentes tiene formación en TIC pedagógicas, y en las universidades el 60 % de las carreras de ingeniería no incluye ciberseguridad en sus planes de estudio.

El financiamiento es el otro cuello de botella. El gasto público en TIC representa el 0,4 % del PIB, la mitad del promedio latinoamericano y un tercio del promedio OCDE. El mercado de capital de riesgo local apenas movilizó 120 millones de dólares en 2024, y el 80 % fue para fintech que ya operan en México o Colombia. El Estado ha creado el Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) con 50 millones de soles anuales, pero el monto es insuficiente para una economía de 240 mil millones de dólares.

El horizonte inmediato apunta a una segunda fase (2025-2026) donde deberán converger infraestructura, capacidades y confianza. Se espera la aprobación de la Ley de Firma y Confianza Electrónica 2.0, el despliegue de una Identidad Digital Única y la meta de que el 100 % de trámites de alta demanda sean “cero papel”. Si el Período logra ejecutar el anillo de fibra óptica rural, formar a un millón de ciudadanos en habilidades intermedias y articular un ecosistema de financiamiento público-privado, la transformación digital dejará de ser un mapa de buenas intenciones para convertirse en un territorio de oportunidades reales.