Tormenta perfecta en Petroperú: Escándalo salarial, crisis financiera y cambio de directiva

Petroperú atraviesa uno de los momentos más turbulentos de su historia reciente, en lo que ya se perfila como una tormenta perfecta para la petrolera estatal peruana. En medio de un escándalo por reajustes salariales en la alta gerencia y una asfixiante crisis financiera, la Junta General de Accionistas designó el pasado 7 de agosto de 2026 a Oliver Thomas Alexander Stark Preuss como nuevo presidente del Directorio de la empresa. Su llegada, que marca un retorno al cargo que ya ocupó antes de renunciar en 2024, se produce en un contexto de máxima tensión política, con el nuevo Gobierno decidido a tomar el control total de la estatal.

El escándalo estalló cuando el Directorio saliente adelantó sorpresivamente del viernes al miércoles una sesión en la que aprobó una profunda reorganización interna, que incluyó la creación de un Vehículo de Propósito Especial (VPE) y nuevas gerencias. Aunque la empresa aseguró que la medida no generaba gastos adicionales, diversas fuentes revelaron que la nueva estructura contempla ascensos y reajustes salariales en la alta gerencia, elevando incluso a la Gerencia Corporativa Legal y Asuntos Regulatorios a uno de los niveles salariales más altos. La maniobra, ejecutada a pocos días de la asunción del nuevo gabinete y pese al pedido de prudencia administrativa del Equipo de Transferencia, no cayó nada bien en las altas esferas del Ejecutivo, que de inmediato puso a la directiva en la mira y empezó a evaluar una purga.

El trasfondo de esta polémica es una crisis financiera de proporciones monumentales: Petroperú arrastra una deuda superior a los US$ 7,900 millones y perdió su grado de inversión. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió que la empresa enfrentaba una insolvencia operativa, un severo estrés de liquidez y un riesgo inmediato de default técnico. De hecho, la estatal llegó a cerrar el 2025 con un saldo de caja de apenas 66 millones de soles, y a inicios de año su propia presidencia urgía créditos de capital privado por unos US$ 2,000 millones para evitar la paralización de sus refinerías. En este sombrío panorama, el único respiro reciente fue la utilidad neta de US$ 121 millones registrada al cierre del primer semestre de 2026, que logró revertir las pérdidas de US$ 278 millones del mismo periodo del año anterior.

La purga no tardó en llegar: el Gobierno removió a casi todo el Directorio saliente y conformó un nuevo órgano de gobierno corporativo integrado, además de Stark, por miembros como César Burga y Daniel Cabrera. La decisión fue adoptada por la Junta General de Accionistas, integrada por el MEF (60%) y el Ministerio de Energía y Minas (40%), que hasta entonces no se había pronunciado públicamente sobre los polémicos acuerdos de la gestión anterior. El retorno de Stark, un economista con experiencia previa en la empresa, es leído como un intento del Ejecutivo por imponer orden, acelerar la reestructuración y recuperar la confianza del mercado en un momento crítico para la compañía.

Los desafíos que aguardan a la nueva directiva son tan urgentes como complejos. Stark deberá ejecutar la reconversión progresiva de la estatal y navegar el delicado proceso de promoción de la inversión privada, en un contexto en el que el MEF ya ordenó a Petroperú pagar S/ 144 millones a ProInversión para continuar con el proceso de privatización. Entre el fantasma de la insolvencia, la presión de la deuda multimillonaria y la necesidad de garantizar el abastecimiento de combustibles en el mercado nacional, el nuevo presidente del Directorio tiene la misión de apagar el incendio corporativo y reencauzar el rumbo de la petrolera más importante del país. La tormenta perfecta, por ahora, sigue latente.