Red Nacional de Estado (REDNACE): ¿Infraestructura estratégica o distorsión del mercado?

La reciente publicación de OSIPTEL de las tarifas tope para el servicio de transporte IP en las redes regionales ha reavivado un debate que va más allá de los precios: el rol del Estado en el mercado de telecomunicaciones y cómo su participación como cliente principal está reconfigurando -y distorsionando- el sector.

Las tarifas que pocos conocen (y que explican la distorsión)

Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO):

• ≤ 80 Mbps: US$ 11/Mbps/mes

• 80-200 Mbps: US$ 3.5/Mbps/mes

• 200 Mbps-1 Gbps: US$ 1.3/Mbps/mes

• 1 Gbps: US$ 1.1/Mbps/mes

Redes Regionales (transporte dentro de la región):

• Tarifa fija: US$ 23/Mbps/mes (sin IGV)

Para un circuito de 100 Mbps Lima-Cusco, un operador privado paga US$ 2,650/mes (US$  350 de RDNFO + US$ 2,300 de red regional). La misma capacidad para una entidad REDNACE cuesta cero en su factura, pero se descuenta del presupuesto nacional vía Pronatel.

El modelo REDNACE costo cero para el Estado, costo real para todos. La Resolución 233-2022-MTC/24 establece que las entidades públicas que conforman la Red Nacional de Estado (REDNACE) no pagan por el transporte IP. Sin embargo, este "costo cero" es engañoso; el financiamiento proviene del presupuesto general del MTC a través de Pronatel, lo que significa que todos los peruanos pagamos indirectamente por esta conectividad a través de nuestros impuestos.

El problema no es solo quién paga, sino cómo se está pagando. Mientras las oficinas del gobierno no internalizan estos costos en sus propios presupuestos, no tienen incentivos para optimizar el uso del ancho de banda o buscar alternativas más eficientes. La ausencia de mecanismos de facturación interna transparente ha creado un sistema donde el consumo no tiene límite presupuestario real.

La distorsión del mercado; cuando el Estado se convierte en cliente principal. El mercado de telecomunicaciones peruano está experimentando una transformación preocupante. Las operadoras privadas, que fueron inicialmente contratadas para construir y operar estas redes, han encontrado en el Estado su cliente más rentable y confiable. ¿Por qué competir por clientes privados en mercados rurales difíciles cuando puedes tener contratos garantizados con el gobierno?

Este fenómeno ha creado varios efectos perversos:

1. Desplazamiento del mercado privado real: Las operadoras priorizan la conectividad estatal sobre la expansión del servicio a empresas y hogares, dejando zonas enteras dependientes únicamente de la conectividad gubernamental.

2. Distorsión de precios: Las tarifas tope fijadas por OSIPTEL se han convertido en precios de referencia para el mercado privado, encareciendo la conectividad donde el Estado es cliente dominante.

3. Falta de innovación: La garantía de ingresos estatales desincentiva la mejora de servicios y la reducción de costos que típicamente trae la competencia real.

4. Dependencia crónica: Las operadoras se han vuelto dependientes de estos ingresos estatales, creando una relación de codependencia que dificulta cualquier transición hacia un modelo más competitivo.

El costo oculto de la invisibilidad; quizás el problema más grave es la falta de transparencia. Ni OSIPTEL ni Pronatel reportan públicamente:

• Qué entidades públicas consumen cuánto ancho de banda

• Cuáles son los patrones de uso por institución

• Cuál es el retorno real de la inversión de más de US$ 1,800 millones

• Cómo se distribuyen los costos entre tráfico estatal y privado

Esta opacidad impide evaluar si estos recursos públicos se están usando eficientemente y si realmente están cumpliendo su objetivo de reducir la brecha digital.

Hacia un modelo más equilibrado; para corregir estas distorsiones sin favorecer a nadie en particular, se requieren cambios estructurales:

1. Implementar un sistema de facturación interna transparente; cada entidad pública debería asumir el costo real de su conectividad desde su propio presupuesto anual. Esto crearía incentivos para uso eficiente y permitiría evaluar el valor real que cada institución obtiene de estos servicios.

2. Establecer métricas públicas de uso y eficiencia; OSIPTEL debería publicar trimestralmente datos desagregados sobre consumo por institución, velocidades contratadas, y comparativas de eficiencia. La transparencia es el primer paso hacia la rendición de cuentas.

3. Gradual transición hacia competencia real; el Estado debería ir reduciendo su rol como cliente directo y facilitar la entrada de operadores privados que compitan por clientes finales, tanto públicos como privados, en condiciones de igualdad.

4. Subsidios focalizados y transparentes Si se requiere apoyo estatal para servicios rurales o sociales, estos deberían ser explícitos, focalizados y con mecanismos de subasta competitiva, no a través de tarifas artificialmente bajas para todas las entidades públicas.

5. Separación de funciones; romper la concentración donde el mismo ente fija tarifas, es el principal cliente y controla la infraestructura. Esto requiere instituciones independientes con mandatos claros y separados.

El camino hacia adelante, la participación del Estado en telecomunicaciones no debe verse como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar objetivos sociales que el mercado privado no puede cubrir eficientemente. El modelo REDNACE, en su forma actual, ha cruzado esa línea peligrosa donde la solución estatal se convierte en el problema.

La pregunta no es si el Estado debe participar en telecomunicaciones, sino cómo hacerlo sin distorsionar el mercado ni crear dependencias crónicas. La respuesta requiere voluntad política para implementar reformas que puedan ser impopulares en el corto plazo pero que son necesarias para un sector telecomunicaciones saludable, competitivo y verdaderamente al servicio de todos los peruanos.

El reto es grande, pero el costo de mantener el statu quo puede ser aún mayor; un sector telecomunicaciones dependiente del presupuesto estatal, sin incentivos a la innovación, y donde los verdaderos beneficiarios -los ciudadanos- terminan pagando más por servicios de menor calidad.