Construir país o repartir bonos: la disyuntiva que definirá el rumbo

En medio de la vorágine electoral que vive el Perú a menos de un mes de los comicios generales, emerge con fuerza una reflexión ciudadana que trasciende encuestas y sondeos: la política no puede seguir siendo sinónimo de reparto de dádivas ni de ocurrencias pasajeras. “El día que un político sepa que solo ayudar no es hacer política, ese día tendremos políticos de verdad”, plantea una voz anónima que resume el hartazgo de millones de peruanos. La frase golpea justo en el centro del malestar nacional, allí donde la ciudadanía ha aprendido a desconfiar de todo aquel que ofrece bonos, gasolina o “novedades” como sustituto de soluciones estructurales. No se trata de negar la urgencia de la ayuda social, sino de recordar que la política —en su sentido más noble— consiste en construir reglas, normas y condiciones duraderas para que las personas puedan desarrollarse por sí mismas. Esa distinción, tan simple en apariencia, se ha vuelto casi invisible en un escenario donde el asistencialismo y el clientelismo han terminado por desplazar cualquier intento de institucionalidad.

El contexto electoral de 2026 refleja con crudeza esta paradoja. Con 36 candidaturas en liza y un electorado profundamente fragmentado, las propuestas que realmente movilizan no siempre son las más sólidas institucionalmente, sino aquellas que conectan con la urgencia emocional de una población agotada por la inseguridad, la corrupción y la precariedad. Los sondeos muestran que el principal “líder” de la contienda es el voto en blanco o viciado, una suerte de voto de castigo que concentra alrededor del 30% de las preferencias. Este fenómeno revela que una parte considerable de los peruanos no encuentra en la oferta electoral actual un reflejo de lo que considera “política de verdad”. En lugar de reglas claras y condiciones para el desarrollo, lo que muchos perciben es una continuidad de prácticas que privilegian el gesto inmediato sobre la reforma estructural, y el espectáculo mediático sobre el trabajo silencioso de construir instituciones.

Los principales candidatos que encabezan las encuestas —Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Carlos Álvarez— encarnan, cada uno a su manera, esta tensión entre el cortoplacismo y la construcción institucional. Mientras unos apelan a la “mano dura” como respuesta a la crisis de seguridad —un discurso que seduce por su inmediatez pero que rara vez viene acompañado de reformas profundas en el sistema de justicia o la policía—, otros construyen su campaña sobre la base de una imagen de “no político” que promete barrer con la vieja clase dirigente. Sin embargo, el verdadero desafío que plantea el archivo ciudadano es más exigente; no basta con prometer orden ni con declararse ajeno al sistema; se requiere demostrar que se entiende la política como la capacidad de establecer reglas de juego estables, predecibles y justas. En un país que ha tenido cinco presidentes en cinco años y donde el Congreso y el Ejecutivo han vivido en permanente confrontación, esa capacidad es hoy más necesaria que nunca.

Lo que está en juego, entonces, no es solo quién ocupará la Presidencia o qué alianzas se tejerán en un Congreso inevitablemente fragmentado. Lo que se dirime en estas elecciones es si el Perú será capaz de recuperar un sentido mínimo de institucionalidad o si, por el contrario, seguirá atrapado en un ciclo donde la política se reduce a una sucesión de promesas efímeras y soluciones de parche. El archivo analizado apunta a una verdad incómoda; la ciudadanía ha desarrollado una lúcida conciencia de lo que la política debería ser, pero al mismo tiempo se encuentra con una oferta electoral que rara vez está a la altura de esa exigencia. Esa brecha entre lo deseable y lo disponible es la que alimenta la desesperanza y el alejamiento de los jóvenes, el 64.8% de los cuales afirma que no votaría por ningún candidato. Cuando la política falla en su función de establecer condiciones para el desarrollo, termina siendo percibida como un estorbo, cuando no como una amenaza.

Las consecuencias de esta desconexión serán profundas para el futuro inmediato del país. Con un escenario de alta fragmentación parlamentaria y un presidente que probablemente llegue al poder con un porcentaje de apoyo bajo, el riesgo de una nueva etapa de ingobernabilidad es más que real. La historia reciente muestra que cuando los gobiernos carecen de respaldo sólido y no logran articular una visión de país basada en reglas claras, la conflictividad social se dispara —hoy Perú registra un promedio de 230 protestas mensuales— y la inversión privada se resiente, afectando el empleo y el crecimiento. En ese contexto, la exigencia de “poner reglas y normas” no es un lujo ni una abstracción académica; es la condición mínima para que un país con las profundas desigualdades del Perú pueda aspirar a un desarrollo sostenible y a una convivencia social menos violenta.

Al final, el mensaje que sintetiza el archivo compartido en la foto del articulo, deja una lección ineludible para los candidatos, los partidos y los propios ciudadanos. La política no se agota en el gesto solidario ni en la ocurrencia ingeniosa; su verdadera grandeza —y también su mayor dificultad— reside en construir instituciones que resistan el paso del tiempo y que pongan a las personas en condiciones de forjar su propio destino. Las próximas elecciones serán, en el fondo, un examen sobre si el Perú está dispuesto a exigir esa política de verdad o si, por comodidad o desencanto, seguirá conformándose con la versión empobrecida de la misma. Lo que le espera al país en los próximos años dependerá en gran medida de la respuesta que los peruanos den a esa pregunta en las urnas. Porque, como bien lo advierte la reflexión ciudadana, solo cuando los políticos entiendan que su tarea es construir condiciones y no solo repartir ayudas, tendremos, por fin, políticos de verdad.