Dos soberanías, una moneda; Suiza y Perú en la encrucijada del dinero físico

El 8 de marzo de 2026, mientras los suizos acudían a las urnas para consagrar constitucionalmente la protección del efectivo, en Perú el debate sobre el futuro del dinero físico adquiría tonos distintos pero igualmente urgentes. Dos naciones, dos realidades, una misma pregunta: ¿debe el Estado garantizar el derecho a usar dinero en efectivo indefinidamente? La respuesta, sin embargo, emerge desde fundamentos radicalmente diferentes. Donde Suiza defiende la libertad individual desde la abundancia tecnológica, Perú lucha por la inclusión básica desde la brecha digital. Este contraste revela cómo una misma política monetaria puede responder a necesidades opuestas según el contexto de desarrollo.

En Suiza, el referéndum que aprobó con un 73% la protección del efectivo respondió a una motivación principalmente filosófica y política. Los votantes helvéticos, ciudadanos de una de las democracias más maduras del mundo, rechazaron la "dictadura digital" no por necesidad, sino por principio. Con una economía formalizada al 90% y una bancarización cercana al 100%, los suizos podían permitirse el lujo de elegir el efectivo como acto de soberanía. Su decisión protege el anonimato comercial contra la vigilancia estatal, reserva un espacio de autonomía frente a la centralización del poder monetario, y establece un límite constitucional a la ambición tecnocrática. Para Suiza, el efectivo se convirtió en símbolo de resistencia democrática; la garantía de que el ciudadano, no el algoritmo, tiene la última palabra sobre su dinero.

Las implicaciones sociales del voto suizo son profundas pero sutiles. Al preservar el efectivo, Suiza mantiene una válvula de escape para grupos vulnerables—ancianos tecnológicamente excluidos, personas con discapacidad, víctimas de violencia doméstica que necesitan ocultar sus gastos—sin sacrificar la eficiencia de su avanzado sistema digital. Sin embargo, el costo económico es real; el Banco Nacional Suizo deberá continuar financiando la impresión de billetes, el mantenimiento de cajeros automáticos en zonas remotas de los Alpes, y la logística de transporte de efectivo que el sistema digital habría hecho obsoleto. Estos gastos, asumidos voluntariamente por una de las economías más prósperas del mundo, representan un seguro de lujo contra riesgos que la mayoría de países no puede costear. La sociedad suiza acepta este precio como inversión en libertad, no como carga.

Perú, en cambio, enfrenta una realidad invertida. Aquí, el efectivo no es opción de lujo sino condición de supervivencia para millones. Con más del 40% de la población adulta sin cuenta bancaria y un sector informal que absorbe el 70% del empleo, la eliminación del dinero físico sería catastrófica inmediatamente. Un referéndum similar al suizo en territorio peruano probablemente alcanzaría cifras aún más abrumadoras de aprobación, pero el significado sería distinto; no sería un voto por la privacidad, sino por la existencia económica. El campesino ayacuchano, el comerciante ambulante de Gamarra, la ama de casa en Piura sin acceso a internet, todos dependen del sol físico para transar. Para ellos, la protección constitucional del efectivo no es gesto libertario, es derecho humano básico a la participación económica.

Las implicaciones políticas en Perú revelan tensiones que Suiza no conoce. El Estado peruano ha invertido décadas en programas de "inclusión financiera" que operan precisamente en sentido contrario: Juntos, Pensión 65 y Beca 18 funcionan mediante cuentas digitales forzosas. Un referéndum pro-efectivo chocaría frontalmente con esta política estatal, creando una paradoja donde el mismo aparato gubernamental promovería digitalización mientras la Constitución la dificultaría. Además, el efectivo en Perú arrastra estigmas que Suiza no sufre; asociación con evasión tributaria, corrupción, lavado de activos y economía ilícita. La SUNAT y el Ministerio de Economía verían con recelo cualquier blindaje constitucional al dinero físico, interpretándolo como obstáculo a la formalización. La sociedad peruana, entonces, debería navegar entre la necesidad real de millones y la presión institucional por transparencia fiscal.

Económicamente, ambos países enfrentan costos de oportunidad opuestos. Suiza asume gastos logísticos para mantener una opción que la mayoría no usará, pero gana estabilidad política y confianza ciudadana. Perú, si protegiera constitucionalmente el efectivo, podría frenar su lenta pero real transición hacia la formalización, manteniendo la ineficiencia de una economía dual donde el fisco no alcanza al 70% de la actividad productiva. Sin embargo, eliminar el efectivo prematuramente—como han intentado algunos países latinoamericanos—ha demostrado causar exclusión severa, protestas sociales y retroceso en indicadores de pobreza. La elección peruana, entonces, no es entre libertad y control, sino entre exclusión financiera inmediata y formalización gradual imperfecta.

El contraste Suiza-Perú ilustra una verdad incómoda sobre la política monetaria global; no existe modelo único. Lo que en Ginebra es acto de soberanía individual, en Lima es reivindicación de inclusión básica. Ambas posiciones son legítimas, ambas responden a realidades concretas, y ambas exigen que los organismos internacionales—FMI, Banco Mundial, BIS—abandonen sus recetas uniformes. El futuro del dinero no es binario; no se trata de efectivo versus digital, sino de qué combinación sirve a cada sociedad. Suiza y Perú, desde sus extremos opuestos del espectro desarrollo, coinciden en una intuición fundamental; el dinero debe servir a la ciudadanía, no la ciudadanía al dinero. Que ese servicio signifique proteger la privacidad de los ricos o la participación de los pobres, es una distinción que cada democracia debe resolver por sí misma.