Petroperú: El rescate infinito de una empresa técnicamente insolvente.

Por qué los US$ 2,000 millones del Decreto de Urgencia 003-2026 son solo otro parche en una crisis de más de una década.

Petroperú atraviesa la crisis más grave de sus 52 años de historia, y los números lo dicen todo; una deuda que supera los US$ 7,900 millones, un EBITDA de apenas US$  13 millones en 2025 —lo que arroja un ratio deuda/EBITDA de más de 400 veces— y una caja disponible de US$ 33.9 millones frente a vencimientos de deuda por US$ 175 millones. Desde 2013, el Estado peruano ha inyectado más de S/ 24,000 millones (aproximadamente US$ 6,500 millones) en rescates, capitalizaciones y garantias, sin lograr revertir la tendencia. El reciente Decreto de Urgencia N°003−2026, que autoriza hasta US$ 2,000 millones en garantías contingentes, representa el cuarto salvataje en menos de 18 meses, pero profundiza un patrón preocupante; el de tratar los síntomas mientras las causas estructurales permanecen intactas.

El origen de esta debacle se encuentra en la Refinería de Talara, cuya modernización se presupuestó en US$ 2,700 millones en 2013 y termino costando US$  5,994.7 millones —casi el triple— según la auditoría de PwC. Este sobrecosto de US$ 3,300 millones, impulsado durante la gestión de Humberto Campodónico y respaldado por la Ley 30130 del gobierno de Ollanta Humala, hipotecó el futuro financiero de la empresa. Hoy, Talara opera entre 55,000 y 70,000 barriles diarios, muy por debajo de sus 95,000 barriles de capacidad, y sufrió paradas críticas en febrero de 2025 (cuando cayó a 43,000 BPD por fallas en el flexicoking) y en abril de 2026 (por problemas en el sistema de agua de mar). Una refinería que debería ser el activo estrella de Petroperú se ha convertido en su principal pasivo operativo.

La vulnerabilidad estructural; más allá de Talara, Petroperú padece una vulnerabilidad estructural que pocos países petroleros comparten: no produce crudo. Es una refinadora-importadora pura, dependiente al 100% de compras internacionales de petróleo, expuesta a la volatilidad del Brent, al tipo de cambio y a las restricciones de crédito de proveedores que ya exigen pago al contado. Perú es importador neto de petróleo; la producción nacional cubre menos del 10% de la demanda interna. En este contexto, la ausencia de activos de upstream convierte a Petroperú en una empresa con altos costos fijos, márgenes negativos estructurales y escasa capacidad de generar valor agregado. La pregunta incómoda que el debate público evita es simple: ¿por qué el Estado debería operar una refinería si no puede hacerlo eficientemente?

El debate sobre el futuro de Petroperú ha sido reducido a un falso dilema entre el estatismo puro y la privatización inmediata, cuando ninguna de las dos opciones es viable sin una reestructuración previa. El estatismo puro ha demostrado su fracaso: US$ 6,500 millones inyectados sin resultados sostenibles. La privatizacion inmediata es inviable porque ningun inversionista privado comprara una empresa con ratio deuda/EBITDA de 400 veces, perdidas netas de US$  468 millones en 2025 y calificaciones de riesgo en territorio especulativo (B- en S&P, Caa1 en Moody's). La liquidación, por su parte, implicaría que el Estado asuma toda la deuda y colapse el abastecimiento en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde Petroperú controla más del 75% del mercado. La solución no está en los extremos ideológicos, sino en un diagnóstico técnico honesto.

El Decreto de Urgencia 003-2026 encubre un riesgo fiscal masivo bajo la etiqueta de "garantía contingente". El gobierno presenta los US$ 2,000 millones como un compromiso sin impacto presupuestal inmediato, pero la realidad es que la garantía es explícita del Estado; si Petroperú no paga, asume el Tesoro Público. Como advierte David Tuesta, exdirector de Petroperú, "cualquier mercado o clasificadora de riesgo entenderá que se trata de una garantía implícita del Estado". El costo de oportunidad es abrumador: esos recursos equivalen al 40% de la inversión de la Línea 2 del Metro de Lima, a 15 o 20 hospitales de alta complejidad, o al triple del presupuesto del programa Juntos. Desde 2013, más de S/ 32,000 millones han sido destinados a Petroperú, dinero que no se invirtió en educación, salud o infraestructura.

Frente a este escenario, cualquier solución requiere una hoja de ruta de tres fases con plazos realistas, no aspiracionales. La primera fase, de estabilización inmediata (0-3 meses), debe incluir la constitución del fideicomiso con gobernanza técnica, la publicación de los estados financieros auditados 2025 —pendientes desde julio del año pasado— y la contratación urgente de la auditoría forense del sobrecosto de Talara, anunciada en mayo de 2025 pero aún inconclusa. La segunda fase, de reestructuración técnica (3-18 meses), debe abordar la refinanciación de la deuda total, la operación de Talara al 85% de capacidad y la reducción de costos operativos. La tercera fase, estructural (1-3 años), debe definir el modelo de propiedad sostenible, ya sea capital mixto, concesión parcial o —si la rentabilidad no mejora— el cierre ordenado de Talara con fortalecimiento del sistema de importaciones.

Una alternativa estratégica que merece debate serio: la posibilidad de importar derivados refinados en lugar de mantener una refinería deficitaria. Perú consume aproximadamente 200,000 barriles diarios de derivados; Talara, con 95,000 BPD de capacidad, no cubre ni la mitad. El costo de refinación en Talara se estima entre US$ 8 y 12 por barril, mientras que el margen de refinacion regional (crackspread) oscila entre US$ 5 y 8. Esto significa que Talara opera con margen negativo estructural. Importar derivados de refinerías eficientes de la región —como las operadas por PBF Energy o Repsol— podría ser más económico. La "soberanía energética" no requiere propiedad estatal de refinerías; puede construirse mediante reservas estratégicas de 30 días, diversificación de proveedores privados y contratos de suministro a largo plazo con cláusulas de contingencia. Cerrar Talara no es traición a la patria; puede ser la decisión más racional si la alternativa es seguir sangrando S/ 2,000 millones cada año.

El tiempo apremia. Cada mes sin acciones profundas; se profundiza el riesgo fiscal y acerca al Perú a una crisis energética de consecuencias impredecibles. El Decreto de Urgencia 003-2026 no es la solución; es un parche que compra tiempo, pero a un costo fiscal insostenible. La evidencia de más de una década es clara; los rescates infinitos no rescatan empresas, solo postergan su colapso. La verdadera soberanía energética no se defiende con cheques estatales millonarios ni con discursos nacionalistas, sino con empresas públicas eficientes o con una regulación inteligente del mercado que garantice abastecimiento, competencia y transparencia. Decidir entre una u otra no es una opción ideológica; es una obligación ineludible de este gobierno y del próximo. La pregunta no es si Petroperú debe ser estatal o privada, sino si merece seguir existiendo tal como está. La respuesta, por desgracia, ya la sabemos.