Perú en la encrucijada: entre la mano dura de Fujimori, la geopolítica de las potencias y la apuesta por el diálogo

El 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori asumió la presidencia del Perú con una victoria tan ajustada como polarizante: apenas el 50,13 % de los votos frente al 49,87 % de Roberto Sánchez, en unas elecciones donde la mitad del país no la reconoció como legítima. Desde su primer día, el gobierno fujimorista envió señales contundentes: un gabinete ministerial plagado de perfiles cuestionados —quince de sus diecinueve ministros tienen antecedentes de investigaciones judiciales— y un discurso de orden que prioriza la seguridad ciudadana por encima de cualquier otra agenda. En un país fracturado por años de crisis institucional, la apuesta de Fujimori parece ser la de imponer autoridad desde el Ejecutivo, aunque el costo político y social de esa estrategia ya comienza a vislumbrarse.

Las medidas implementadas en las primeras semanas de gobierno confirman esa orientación. El despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles, el denominado "Plan Escudo" contra la extorsión, la expulsión masiva de extranjeros vinculados a la delincuencia y la reducción del 90 % de las multas de tránsito son, en apariencia, gestos populares dirigidos a una población exhausta por la inseguridad. Sin embargo, detrás de esa retórica de mano dura se esconden tensiones económicas que estallaron apenas quince días después de la toma de posesión: protestas masivas por el alza de combustibles en Ucayali, Tacna y Loreto, con bloqueos de carreteras que costaron la vida de al menos un paciente que no pudo ser trasladado a tiempo. El gobierno respondió con subsidios focalizados, pero la grieta entre promesas de campaña y realidad fiscal ya es visible.

En el tablero internacional, Fujimori no ha disimulado su alineamiento estratégico con Estados Unidos. La designación de Carlos Espá como canciller —un periodista que pasó quince años como director de comunicaciones de la Embajada de EE.UU. en Lima— y la voluntad explícita de incorporar al Perú al "Escudo de las Américas", la iniciativa antidrogas y antisecuestros impulsada por la administración Trump, dejan poco margen a la ambigüedad. La visita de una delegación de alto nivel estadounidense encabezada por el subsecretario de Estado Christopher Landau a la toma de posesión, y el documento conjunto titulado "Oportunidades para el Crecimiento de las Relaciones entre Estados Unidos y Perú", sellan una alianza que Pekín observa con recelo. En un contexto de creciente competencia entre Washington y China por la influencia en América Latina, el gobierno peruano ha elegido bando.

Y sin embargo, esa elección no es tan simple como parece. China sigue siendo el principal socio comercial del Perú, representando el 33 % de su comercio exterior frente al 14 % de Estados Unidos. El megapuerto de Chancay, operado por la estatal china COSCO con una participación del 60 %, ya está funcionando y posiciona al país como el hub logístico del Pacífico sur. Beijing no ha condenado el giro diplomático de Fujimori, pero sí ha advertido que entre "oportunidades e incertidumbres" coexisten. La tensión es estructural; el gobierno necesita la inversión china para crecer, pero su discurso geopolítico apunta hacia Washington. Esa contradicción, tarde o temprano, tendrá que resolverse.

En medio de este escenario, una figura inesperada emerge como posible moderadora: el Papa León XIV. El Pontífice, quien vivió más de veinte años en el Perú, fue obispo de Chiclayo y se nacionalizó peruano en 2015, conoce desde adentro las fracturas del país. Durante su audiencia con el presidente de la República en junio pasado, expresó su deseo de que los peruanos "se unan y eviten mayores discrepancias", pidiendo explícitamente que el país "deje de estar dividido políticamente". Su visita confirmada para noviembre de 2026 no es, entonces, un acto ceremonial más; es una oportunidad real de convocar a diálogo a partes que hoy no se hablan.

La Iglesia Católica peruana, por su parte, no es ajena a la mediación. La Conferencia Episcopal ya ofreció sus "buenos oficios" durante la crisis de 2023 bajo Dina Boluarte, y en marzo de este año publicó un duro mensaje advirtiendo sobre la "profunda fragmentación social", la violencia y la pérdida de confianza en la política. El cardenal Carlos Castillo ha dicho que la presencia del Papa puede ser un "impulso para fortalecer la fe, la fraternidad y la búsqueda de la paz". En teoría, León XIV podría convocar a Fujimori y a la oposición a una mesa de encuentro, moderar el discurso de mano dura en materia de derechos humanos o, al menos, recordar al gobierno que la mitad del país que no votó por la presidenta sigue siendo peruana y merece ser escuchada.

Pero los límites de esa mediación son claros. El Papa no tiene poder coercitivo; solo puede convocar, no obligar. El gobierno de Fujimori ha demostrado poca disposición al diálogo; su gabinete está compuesto por figuras con investigaciones judiciales en curso, ha impulsado medidas unilaterales sin consenso y mantiene una retórica de confrontación con la oposición. Además, León XIV es el primer Papa estadounidense de la historia, lo que genera desconfianza en Pekín y podría restarle neutralidad en los ojos de quienes ven en su figura un contrapeso al alineamiento con Washington. El Vaticano tampoco puede ofrecer alternativas de inversión a los proyectos chinos, por lo que su voz queda, en el plano económico, como un llamado ético sin palanca material.

Perú se encuentra, pues, en una encrucijada peligrosa. Gobernar para una población profundamente dividida con un gabinete cuestionado, una economía dependiente de China y una diplomacia alineada con Estados Unidos es una ecuación difícil de resolver. La visita del Papa León XIV en noviembre podría ofrecer una tregua simbólica, un espacio de reflexión nacional y un recordatorio de que existen instancias por encima de la polarización partidaria. Pero si el gobierno y la oposición no están dispuestos a escuchar, ni el Pontífice ni ninguna otra institución podrá evitar que el país siga tambaleándose entre la promesa de seguridad y el riesgo de una crisis social que, una vez más, lo arrastre al abismo.