Perú en la encrucijada: ¿Crisis energética natural o tormenta geopolítica perfecta?

La explosión del gasoducto de Camisea el 1 de marzo de 2026 ha expuesto la fragilidad estructural del sistema energético peruano en un momento de máxima vulnerabilidad geopolítica. Lo que inicialmente se reportó como un incidente técnico en el kilómetro 43 del ducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP) —descrito por la propia empresa como el "más grave en más de 20 años de operación"— rápidamente adquirió tintes de misterio cuando Enrique Martínez Stolzembach, gerente senior de la compañía, declaró públicamente que no se descartaba un atentado. Esta afirmación, publicada por el diario Expreso el 5 de marzo, transformó una emergencia energética en una crisis de seguridad nacional con implicaciones que trascienden lo técnico.

La magnitud del colapso es difícil de sobreestimar. El incidente comprometió simultáneamente el ducto de gas natural y el de líquidos, paralizando el suministro desde el yacimiento de Camisea que alimenta a Lima y la costa peruana. El resultado inmediato fue un racionamiento que afecta a 350,000 vehículos con GNV —en su mayoría taxis y mototaxis que representan el transporte popular— y aproximadamente 1,000 industrias. Los costos de generación eléctrica se dispararon de US$32 a más de US$200 por MW/h, un incremento del 525% que inevitablemente se trasladará a tarifas domiciliarias. Para el transportista promedio, la transición forzada de GNV a gasolina implica pasar de gastar S/20 a más de S/70 diarios, una carga insostenible que presionará al alza los precios de transporte y, consecuentemente, de alimentos. Además, la escasez de gas natural afecta directamente la producción de GLP (gas licuado de petróleo), el combustible doméstico que utilizan millones de hogares peruanos para cocinar, encareciendo aún más la canasta básica familiar.

El contexto internacional no puede ignorarse. El incidente ocurrió precisamente cuando Estados Unidos atacaba Irán y Teherán respondía cerrando el Estrecho de Ormuz, por donde fluye una quinta parte del petróleo mundial. En ese escenario de guerra híbrida global, donde atacar infraestructura energética se convirtió en táctica dominante, el Perú aparece como un blanco estratégico vulnerable. La coincidencia temporal resulta incómoda; un país dependiente de un único ducto para su energía, con una petrolera estatal virtualmente en quiebra —Petroperú acumula deudas de US$5,350 millones y pérdidas de cuatro años consecutivos—, y a tres meses de elecciones generales donde el descontento social puede traducirse en convulsión política.

La comparación con Venezuela no es retórica exagerada sino advertencia estructural. La crisis venezolana demostró que cuando un país depende de un punto único de fallo —el embalse Guri en su caso, el gasoducto Camisea en el nuestro— cualquier incidente, natural o provocado, desencadena una cascada catastrófica. Venezuela nunca recuperó el 100% de su capacidad eléctrica tras los apagones de 2019; el Perú podría enfrentar una parálisis similar si la reparación del ducto se extiende más allá del 14 de marzo, fecha límite inicialmente anunciada. La diferencia crítica es que Venezuela contaba con una empresa estatal relativamente funcional cuando comenzó su debacle; Petroperú ya está "virtualmente en quiebra" según Proinversión, sin capacidad de actuar como colchón ante el shock.

Las hipótesis sobre las causas del incidente oscilan entre tres escenarios. El primero, un fallo técnico agravado por 20 años de dependencia de infraestructura única sin redundancias ni mantenimiento preventivo suficiente. El segundo, un sabotaje interno o externo que aprovechó la vulnerabilidad conocida del ducto en una zona de difícil acceso. El tercero, más inquietante, una "crisis fabricada" que permita justificar la privatización de Petroperú, contratos de emergencia sin licitación, o la entrada de actores geopolíticos —chinos o estadounidenses— al control de la energía nacional. Lo que sí es cierto es que, accidental o deliberadamente, el efecto es idéntico; un país expuesto a la especulación de precios, al colapso de su industria y al riesgo de revueltas sociales en pleno proceso electoral.

La respuesta del Estado hasta ahora ha sido reactiva, no estratégica. La declaratoria de emergencia y el racionamiento priorizan hogares sobre industrias, pero el ministro de Energía admitió públicamente que "en caso de crisis es muy difícil controlar la especulación". Mientras tanto, desde el Congreso se proponen "comandos de crisis" que evidencian la dimensión política del desastre. La pregunta que los peruanos debemos hacernos no es solo quién causó la explosión, sino quién se beneficia del caos. En un mundo donde la guerra híbrida se libra mediante infraestructura vulnerable, la energía se ha convertido en el campo de batalla preferido. Y el Perú, con su ducto único, su empresa petrolera estatal en bancarrota y su democracia en disputa, acaba de sufrir lo que podría ser el primer asalto de una campaña más larga.