Perú: el país donde las urnas viajan por carretera y las carreteras están cerradas

Los bloqueos de carreteras han resurgido como una forma recurrente de protesta en Perú durante el año 2026, enmarcado dentro de un proceso electoral general que buscó elegir presidente, vicepresidentes y congresistas el pasado 12 de abril. Estas movilizaciones han incluido a mineros artesanales, comunidades afectadas por la minería, sectores transportistas, agricultores de arroz del sur del país y, recientemente, productores agrícolas de la región San Martín en la selva norte, quienes se han sumado a las protestas con demandas similares de precios justos, acceso a fertilizantes y protección frente a la competencia de importaciones. Los corredores afectados abarcan la Panamericana Norte y Sur, el corredor sur andino, rutas que conectan regiones agrícolas y mineras con los principales puertos, y ahora también las vías de acceso a la selva central y norte. En un contexto donde ningún candidato alcanzó el 50% de votos válidos en la primera vuelta, lo que obliga a una segunda vuelta electoral programada para junio de 2026, la temporalidad y geografía de estos bloqueos —que ahora incluyen San Martín— ha generado interrogantes sobre si parte de su objetivo podría ser impedir o retrasar la distribución de material electoral hacia zonas rurales y de difícil acceso.

El contexto político peruano de la última década contribuye a la complejidad del fenómeno. Desde 2016, el país ha experimentado una crisis de gobernabilidad marcada por la destitución de presidentes, disoluciones del Congreso, protestas masivas y una desconfianza generalizada hacia las instituciones. Las elecciones de 2026 se desarrollaron en un ambiente de escepticismo, agravado por fallos logísticos que impidieron votar a miles de ciudadanos y retrasaron la entrega de resultados oficiales. Esta fragilidad institucional crea un escenario donde los actores sociales perciben los bloqueos como uno de los pocos mecanismos efectivos para visibilizar sus demandas ante un Estado que históricamente ha respondido con lentitud a las problemáticas regionales. Para los productores de San Martín —dedicados principalmente al café, cacao, palma aceitera y arroz— la crisis se ha profundizado por la escalada de precios de fertilizantes y la caída de precios de sus productos de exportación, situación que los ha llevado a bloquear la Carretera Marginal de la Selva y otras vías de acceso a la región. Sin embargo, el hecho de que estos bloqueos se intensifiquen y expandan precisamente en las semanas previas a la segunda vuelta electoral ha llevado a observadores a considerar que, además de las demandas sectoriales, podría existir una intención deliberada de obstaculizar la logística electoral en regiones donde ciertos candidatos tienen mayor respaldo.

La dimensión electoral de los bloqueos resulta particularmente relevante cuando se examina la geografía de las protestas y el perfil de los candidatos que compiten en la segunda vuelta. Las regiones afectadas —Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Ica en la costa; Ayacucho, Cusco, Apurímac en los Andes; y ahora San Martín, Amazonas y Loreto en la selva— son territorios donde el voto rural y el de provincias puede definir un balotaje ajustado. En la primera vuelta de abril de 2026, los resultados mostraron una marcada división territorial: mientras uno de los candidatos concentró mayor respaldo en Lima y las grandes ciudades de la costa, el otro obtuvo mejores resultados en el norte, el centro y parte de la selva. La región San Martín, históricamente volátil electoralmente, votó mayoritariamente por el candidato que se perfila como opositor al establishment limeño y que ha prometido mayor intervención estatal en la economía agrícola, subsidios a fertilizantes y renegociación de tratados comerciales. En este escenario, cualquier bloqueo que impida la instalación de mesas de sufragio o la llegada de votantes en San Martín y otras regiones selváticas afectaría desproporcionadamente al candidato que depende del voto provincial, mientras que beneficiaría al candidato cuya base electoral está concentrada en Lima y las urbes costeras donde la logística es más sencilla y los bloqueos tienen menor incidencia.

El impacto de estos bloqueos trasciende las fronteras peruanas debido a la posición del país como segundo productor mundial de cobre, principal exportador de arroz en la región andina y abastecedor clave de alimentos para el mercado sudamericano. Los corredores viales afectados transportan minerales que abastecen industrias en Asia, Europa y América del Norte, pero también productos agrícolas de la selva —café, cacao, palma aceitera— que sustentan la economía de regiones como San Martín. La paralización de la Carretera Marginal de la Selva y de rutas que conectan Tarapoto con Yurimaguas o Moyobamba genera desabastecimiento de alimentos y aislamiento de comunidades. Sin embargo, en el marco de una segunda vuelta electoral, la interrupción de carreteras que conducen a provincias alejadas de la selva puede tener como efecto colateral la imposibilidad de instalar mesas de sufragio completas, lo que distorsiona la representatividad del resultado. La región San Martín, con su geografía de selva alta y baja, depende críticamente de la red vial para el traslado de material electoral; los bloqueos en puntos estratégicos como el km 20 de la carretera Tarapoto-Yurimaguas o en accesos a distritos como El Dorado, Picota o Tocache pueden dejar sin votar a decenas de miles de electores en una región donde la participación ya es históricamente baja por la distancia y la falta de medios de transporte.

La presencia de actores con intereses en el resultado electoral constituye un elemento de análisis que diversos observadores han señalado con cautela. En el sector agrícola de San Martín, las protestas han denunciado la concentración del mercado de fertilizantes y la caída de precios del café y el cacao. Sin embargo, en un balotaje polarizado, existe la posibilidad de que sectores políticos o económicos con preferencia por uno u otro candidato incentiven o toleren bloqueos que afecten la distribución electoral en regiones donde su adversario tiene mayoría. La historia reciente del Perú ofrece precedentes: en las elecciones de 2021, denuncias de irregularidades logísticas en zonas rurales del norte y la selva fueron utilizadas para cuestionar la legitimidad del resultado. En 2026, con la polarización entre un candidato asociado a la continuidad del modelo económico neoliberal y alianza con sectores empresariales limeños, y otro que promete cambios estructurales en favor de la agricultura familiar y la renegociación de contratos mineros, los bloqueos en San Martín adquieren una connotación estratégica. Al candidato que representa la continuidad le conviene que haya menos electores en provincias como San Martín, donde el voto rural tiende a favorecer propuestas de cambio; al candidato opositor, por el contrario, le conviene maximizar la participación en estas regiones. Esta asimetría electoral hace que los bloqueos en zonas selváticas no sean solo una protesta sectorial, sino potencialmente un instrumento de influencia en el resultado del balotaje.

La competencia geopolítica por recursos naturales y seguridad alimentaria añade una capa adicional de complejidad a los bloqueos de carreteras peruanos. China, como principal comprador de minerales peruanos, tiene un interés directo en la estabilidad de las cadenas de suministro minero. Rusia y China son proveedores globales clave de fertilizantes, y la volatilidad de sus exportaciones ha impactado directamente los costos de producción agrícola en Perú, incluyendo la selva de San Martín. Estados Unidos y la Unión Europea han expresado interés en fortalecer cadenas de suministro agrícolas alternativas en Sudamérica y en reducir la dependencia de fertilizantes rusos. En este contexto, una segunda vuelta electoral peruana marcada por irregularidades logísticas debidas a bloqueos genera incertidumbre sobre qué fuerzas políticas resultarán favorecidas y, por ende, qué orientación geopolítica adoptará el próximo gobierno. Un candidato que promete renegociar contratos mineros y fortalecer la soberanía alimentaria podría afectar los intereses de inversiones chinas en minería y de corporaciones transnacionales de agroquímicos; un candidato que representa la continuidad garantiza la estabilidad de estos flujos. Los actores internacionales observan con atención si el balotaje se desarrolla con normalidad o si los bloqueos crean condiciones para una crisis postelectoral que reconfigure alianzas regionales.

La sincronización temporal entre los bloqueos en Perú y las crisis de similar naturaleza en países vecinos, particularmente Bolivia, ha generado debates sobre la existencia de patrones regionales de desestabilización. En Bolivia, durante mayo de 2026, se registraron 59 puntos de bloqueo activos en seis regiones del país, en el marco de una crisis política que dividió a la comunidad internacional. Aunque no existe evidencia pública de coordinación directa entre los bloqueos peruanos y bolivianos, la simultaneidad de ambas crisis debilita la capacidad de respuesta de los Estados andinos. En el caso peruano, la expansión de los bloqueos hacia San Martín añade una variable crítica: la selva norte ha sido históricamente un territorio de alta conflictividad por narcotráfico, tala ilegal y minería informal, donde la presencia del Estado es débil y donde actores ilegales tienen interés en mantener el statu quo. Si los bloqueos en San Martín logran retrasar la distribución de material electoral en distritos rurales, el resultado del balotaje podría cuestionarse en una región donde el candidato opositor tiene mayor respaldo, generando un vacío de legitimidad que diversos actores —internos y externos— podrían aprovechar para presionar cambios de política o mantener condiciones de impunidad en sus actividades ilícitas.

Los bloqueos de carreteras en Perú durante 2026 constituyen un fenómeno multifacético donde convergen demandas sociales legítimas —de mineros formales e informales, de agricultores de arroz del sur, de productores de café y cacao de San Martín afectados por precios deprimidos y fertilizantes encarecidos—, intereses económicos sectoriales, dinámicas electorales y presiones de alcance geopolítico. Descartar cualquiera de estas dimensiones resulta reduccionista; los productores de San Martín que bloquean la Carretera Marginal de la Selva buscan, efectivamente, precios justos para sus cosechas y acceso a insumos asequibles. Sin embargo, la temporalidad de estas protestas —coincidiendo con la preparación de la segunda vuelta electoral—, su expansión geográfica hacia regiones selváticas clave, y su impacto directo en las rutas de distribución logística del Estado, hacen plausible la hipótesis de que parte de estos bloqueos busquen impedir o retrasar la llegada del material electoral a zonas rurales. En particular, al candidato que representa la continuidad del modelo económico actual y que concentra su apoyo en Lima y la costa le conviene que haya menos electores en provincias como San Martín, donde el voto rural y selvático históricamente favorece propuestas de cambio estructural. La respuesta del próximo gobierno peruano —ya sea a través de la formalización minera, subsidios a fertilizantes, garantía de logística electoral o fortalecimiento de la presencia estatal en zonas de conflicto— determinará si los bloqueos se mantienen como instrumento de presión recurrente o si ceden ante canales de participación política más institucionalizados. Lo cierto es que, en un mundo donde los recursos naturales, los alimentos y la legitimidad democrática son moneda de poder geopolítico, la carretera peruana dejó de ser solo un medio de transporte para convertirse también en un escenario donde se disputan el futuro político del país y su lugar en el mapa global de recursos.