La RedNACE: Cómo el Estado peruano convirtió una infraestructura estratégica en un elefante blanco financiero

La promesa de la autosuficiencia. Cuando el Congreso aprobó la Ley N° 29904 en 2013, la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) se presentó como un modelo de ingeniería financiera innovador; el Estado construiría la infraestructura, un operador privado la gestionaría, y las instituciones públicas —escuelas, postas médicas, comisarías— pagarían tarifas de conectividad que financiarían tanto la inversión inicial como el mantenimiento operativo. Era, en teoría, un circuito virtuoso donde el dinero público sembraría una red que luego se sostendría con los propios recursos de sus usuarios. El Estado no sería un subsidista eterno, sino un facilitador inteligente. Esa fue la promesa. La realidad resultó ser otra.

La inversión millonaria sin retorno; más de una década después, los números hablan por sí solos: S/ 3,352 millones de soles invertidos en capital físico para desplegar más de 13,500 kilómetros de fibra óptica que conectan 22 capitales de región y 180 capitales de provincia. Una cifra monumental, comparable al presupuesto anual de ministerios enteros. Sin embargo, esa infraestructura —gestionada por Pronatel desde un Centro de Operaciones en Huachipa— genera ingresos por tarifas que apenas alcanzaron los S/ 6.7 millones en 2024, frente a costos operativos de S/ 69.5 millones en el mismo período. El déficit operativo: S/ 62.8 millones anuales. Es decir, por cada sol que la red recauda, el Estado debe poner diez más para mantenerla encendida. La matemática no miente; esto no es un negocio, es una hemorragia fiscal.

La tarifa DGPRC: el disparo en el pie. El punto de inflexión ocurrió en noviembre de 2023, cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aplicó una nueva tarifa regulatoria —la de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones (DGPRC)— que redujo los ingresos por tarifas en un 78%. La justificación oficial fue hacer la red "más accesible", pero el efecto colateral fue demoler lo poco que quedaba de sostenibilidad financiera. Paradójicamente, mientras los ingresos se desplomaban, la capacidad contratada de la red crecía un 236%; más usuarios, más tráfico, más demanda de mantenimiento... y menos dinero para pagarlo. Es el equivalente financiero a abrir las puertas de un hotel de lujo y cobrar precios de hostal, mientras los costos de operación siguen siendo los de un cinco estrellas.

RedNACE y el "pago cero": cuando lo gratis sale caro. La cereza sobre el pastel de esta insostenibilidad es la RedNACE (Red Nacional del Estado), que opera bajo la modalidad de "pago cero". Los operadores privados que se conectan a la RDNFO para brindar internet a instituciones públicas no pagan un céntimo por usar la capacidad de la red dorsal. A julio de 2025, el 22.4% de la capacidad total contratada —más de 32 Gbps— correspondía a RedNACE y otras modalidades de costo cero. Es decir, casi una cuarta parte de una infraestructura multimillonaria genera ingresos nulos. La lógica política es comprensible: "internet gratuito para el Estado". La lógica financiera, en cambio, es suicida; si el usuario no paga, el contribuyente paga dos veces.

La doble tributación del ciudadano; aquí reside el verdadero escándalo fiscal. Las escuelas, postas médicas y comisarías siguen teniendo partidas presupuestarias para "servicios de internet" en sus respectivos presupuestos institucionales. Esos fondos no desaparecen; simplemente no fluyen hacia la RDNFO. Se quedan en las entidades, se subejecutan o se desvían a otros rubros. Mientras tanto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones —a través de Pronatel— debe destinar más de S/ 120 millones anuales de recursos fiscales directos solo para mantener la red operativa. El ciudadano peruano, entonces, paga dos veces: una con los impuestos que financian el presupuesto de Pronatel para el OPEX de la dorsal, y otra con los impuestos que alimentan las partidas de conectividad de cada institución pública que, en la práctica, no se usan para eso. Es una doble tributación encubierta, una ineficiencia estructural que nadie audita con la severidad que merece.

La desnaturalización del modelo es evidente. Lo que debía ser una red autofinanciada —donde las entidades del Estado eran clientes que pagaban por un servicio— se convirtió en un subsidiopuro y permanente. Las instituciones públicas nunca internalizaron el costo de la conectividad como un servicio que deben contratar y pagar. La cultura del "gratis" se instaló en el aparato estatal, y la presión política por ofrecer "internet para todos" terminó por destruir el mecanismo de sostenibilidad. El resultado es una infraestructura de clase mundial —13,500 km de fibra óptica es algo que pocos países latinoamericanos tienen— que funciona como un elefante blanco: imponente, costoso y prácticamente inútil desde la perspectiva del retorno financiero. Las denuncias recientes hablan de 0% de conectividad efectiva en escuelas, postas y comisarías, pese a los miles de millones invertidos.

La proyección del desastre; si la tendencia actual continúa, la factura para el Estado no hará más que crecer. Los proyectos regionales de banda ancha —que dependen de la RDNFO como columna vertebral— proyectan otros S/ 3,000 millones en gastos operativos durante los próximos diez años. Es decir, el país está comprometiendo recursos equivalentes al presupuesto de un ministerio completo, durante una década, para sostener una red que no genera ingresos suficientes ni garantiza conectividad real en los sectores que más la necesitan. Mientras tanto, el MTC y ProInversión anuncian que trabajan en un "modelo competitivo, eficiente y sostenible" con resultados previstos para el primer semestre de 2026. La pregunta obligada es: ¿por qué ese modelo no se diseñó antes de gastar S/ 3,352 millones? La planificación financiera retrospectiva es el hobbie caro de un Estado que confunde gasto con inversión.

La RDNFO es un caso de estudio sobre cómo no debe financiarse una infraestructura crítica. Mezcló la ambición de una obra faraónica con la irresponsabilidad de un modelo de negocio que nadie se atrevió a defender cuando la política clientelar exigió "gratis". El Perú tiene una red dorsal de fibra óptica que envidiarían países más desarrollados, pero la paga como si fuera un programa asistencialista más. La verdadera tragedia no es que la red cueste mantenerse; es que nunca se exigió a quienes la usan que contribuyan a su sostenibilidad. Hasta que el Estado peruano aprenda que "gratis" no existe —que alguien siempre paga, y ese alguien es el contribuyente— seguiremos viendo elefantes blancos de fibra óptica pastando en el altiplano de la deuda pública. La conectividad es un derecho, pero también es un servicio que cuesta. Ignorar esa segunda verdad es condenar al país a financiar fantasmas digitales con plata de verdad.