Bloqueos de carreteras en Perú durante el ciclo electoral de 2026; entre la protesta social y los intereses estratégicos

Los bloqueos de carreteras han resurgido como una forma recurrente de protesta en Perú durante el año 2026, enmarcado dentro de un proceso electoral general que buscó elegir presidente, vicepresidentes y congresistas el pasado 12 de abril. Estas movilizaciones han incluido a mineros artesanales, comunidades afectadas por la minería, sectores transportistas y, de manera destacada, agricultores de arroz del sur del país, quienes han paralizado vías estratégicas para exigir precios justos por sus cosechas, medidas de control sobre el alza de precios de fertilizantes y protección frente a la competencia de importaciones. Los corredores afectados abarcan la Panamericana Norte y Sur, el corredor sur andino y rutas que conectan regiones agrícolas y mineras con los principales puertos. La diversificación de actores en las protestas —desde productores de Lambayeque y La Libertad hasta mineros de Ayacucho y Cusco— sugiere que el bloqueo vial se ha consolidado como el mecanismo de presión preferido frente a un Estado percibido como distante y lento en sus respuestas regionales.

El contexto político peruano de la última década contribuye a la complejidad del fenómeno. Desde 2016, el país ha experimentado una crisis de gobernabilidad marcada por la destitución de presidentes, disoluciones del Congreso, protestas masivas y una desconfianza generalizada hacia las instituciones. Las elecciones de 2026 se desarrollaron en un ambiente de escepticismo, agravado por fallos logísticos que impidieron votar a miles de ciudadanos y retrasaron la entrega de resultados oficiales. Esta fragilidad institucional crea un escenario donde los actores sociales perciben los bloqueos como uno de los pocos mecanismos efectivos para visibilizar sus demandas ante un Estado que históricamente ha respondido con lentitud a las problemáticas regionales. Para los agricultores de arroz, la crisis se ha profundizado por la escalada de precios de fertilizantes —producto de la volatilidad global de energéticos y de la concentración del mercado de insumos en pocas empresas transnacionales— lo que ha reducido drásticamente sus márgenes de utilidad incluso cuando los precios de venta permanecen estancados. La carretera, en este sentido, se convierte en un escenario de negociación donde los manifestantes intercambian el paro del transporte de personas, alimentos y materiales por atención gubernamental.

La dimensión electoral de los bloqueos resulta particularmente relevante. Durante el ciclo de 2026, al menos diez candidatos al Congreso presentaron inscripciones en el REINFO, sanciones por extracción ilícita de oro o mantenían vínculos directos con gremios mineros informales. En el sector agrícola, organizaciones de productores de arroz mantuvieron encuentros con diversas planchas presidenciales para exigir compromisos programáticos que incluyeran subsidios a fertilizantes, regulación de precios de insumos y mecanismos de compra estatal. Esta circunstancia sugiere que los conflictos por la formalización minera y las demandas agrícolas no son ajenos a la competencia por cargos públicos; por el contrario, existen sectores que utilizan la movilización social como herramienta para presionar normativas que beneficien sus intereses económicos y, simultáneamente, consolidar bases electorales en regiones donde la agricultura y la minería artesanal constituyen las principales fuentes de empleo. Las protestas de julio y noviembre de 2025, que culminaron con la aprobación de ampliaciones al REINFO minero, y los bloqueos agrícolas previos a las elecciones, ilustran cómo la paralización de rutas puede traducirse en cambios legislativos o promesas de campaña con impacto directo en miles de operadores.

El impacto de estos bloqueos trasciende las fronteras peruanas debido a la posición del país como segundo productor mundial de cobre, principal exportador de arroz en la región andina y abastecedor clave de alimentos para el mercado sudamericano. Los corredores viales afectados transportan minerales que abastecen industrias en Asia, Europa y América del Norte, pero también granos básicos e insumos agrícolas que sostienen la seguridad alimentaria regional. La paralización de rutas agrícolas en el sur —como la Panamericana Sur en Ica o los accesos a los valles de La Libertad— genera desabastecimiento de arroz en mercados de Lima y ciudades intermedias, elevando los precios y presionando la inflación en un momento de fragilidad económica. La dependencia de fertilizantes importados —urea, fosfatos y potasio provenientes principalmente de Rusia, China y Marruecos— añade una vulnerabilidad estructural: cuando los bloqueos agrícolas exigen control de precios de insumos, están tocando una cadena de suministro global altamente concentrada y politizada, donde cualquier perturbación tiene efectos en cascada sobre la producción de alimentos en toda la región.

La presencia de actores externos en la dinámica de los bloqueos constituye un elemento de análisis que diversos observadores han señalado con cautela. En el sector agrícola, las protestas han denunciado la concentración del mercado de fertilizantes en manos de corporaciones transnacionales que fijan precios sin regulación efectiva del Estado peruano, así como la entrada de arroz importado a precios inferiores a los de producción local. Organizaciones agrícolas han vinculado estas situaciones con acuerdos comerciales asimétricos y con la falta de políticas de soberanía alimentaria. En las zonas mineras, la minería ilegal de oro opera en territorios donde la presencia del Estado es limitada. En este contexto, los bloqueos que paralizan zonas de alta conflictividad pueden ser aprovechados por redes criminales para consolidar el control de rutas o impedir el despliegue de fuerzas del orden. El Informe de Conflictos Mineros N°37 registró casos en los que grupos armados utilizaron el cobertorio de protestas para imponer su propio orden en carreteras estratégicas, mientras que en el sector agrícola se han documentado intentos de cooptación de protestas por intermediarios de insumos que buscan mantener su posición dominante en la cadena de comercialización.

La competencia geopolítica por recursos naturales y seguridad alimentaria añade una capa adicional de complejidad a los bloqueos de carreteras peruanos. China, como principal comprador de minerales peruanos y operador de varias de las minas más grandes del país, tiene un interés directo en la estabilidad de las cadenas de suministro minero. Simultáneamente, Rusia y China son proveedores globales clave de fertilizantes, y la volatilidad de sus exportaciones —agravada por sanciones internacionales y restricciones comerciales— ha impactado directamente los costos de producción agrícola en Perú. Estados Unidos y la Unión Europea, por su parte, han expresado interés en fortalecer cadenas de suministro agrícolas alternativas en Sudamérica y en reducir la dependencia de fertilizantes rusos. Esta triple dependencia —minera hacia China, de fertilizantes hacia Rusia y China, y de mercados agrícolas hacia la región— convierte la estabilidad de las rutas peruanas en un asunto de relevancia internacional, donde los bloqueos agrícolas por precios de insumos son tan geopolíticamente sensibles como los mineros por formalización.

La sincronización temporal entre los bloqueos en Perú y las crisis de similar naturaleza en países vecinos, particularmente Bolivia, ha generado debates sobre la existencia de patrones regionales de desestabilización. En Bolivia, durante mayo de 2026, se registraron 59 puntos de bloqueo activos en seis regiones del país, en el marco de una crisis política que dividió a la comunidad internacional. Aunque no existe evidencia pública de coordinación directa entre los bloqueos peruanos y bolivianos, la simultaneidad de ambas crisis debilita la capacidad de respuesta de los Estados andinos. Las regiones fronterizas, donde la agricultura de arroz y la minería informal son actividades económicas compartidas, se convierten en zonas de vacío institucional donde los intereses locales, nacionales y transnacionales se superponen. La crisis de fertilizantes es particularmente compartida: Bolivia también depende de importaciones de urea y potasio, y los productores agrícolas de ambos países han experimentado simultáneamente el alza de precios, sugiriendo que las movilizaciones responden a presiones globales estructurales más allá de causas puramente nacionales.

Finalmente, los bloqueos de carreteras en Perú durante 2026 constituyen un fenómeno multifacético donde convergen demandas sociales legítimas —de mineros formales e informales, de agricultores de arroz del sur afectados por precios deprimidos y fertilizantes encarecidos, de comunidades afectadas por la extracción de recursos—, intereses económicos sectoriales, dinámicas electorales y presiones de alcance geopolítico. Descartar cualquiera de estas dimensiones resulta reduccionista: los agricultores que bloquean la Panamericana Sur buscan, efectivamente, precios justos para sus cosechas y acceso a insumos asequibles; los mineros que ocupan el corredor andino anhelan formalización y sustento; al mismo tiempo, sus acciones ocurren en un contexto donde el control de territorios productivos, el acceso a cargos públicos y la estabilidad de cadenas de suministro globales están en juego. La respuesta del próximo gobierno peruano —ya sea a través de la formalización minera, subsidios a fertilizantes, regulación de precios de insumos o fortalecimiento de la presencia estatal en zonas de conflicto— determinará si los bloqueos se mantienen como instrumento de presión recurrente o si ceden ante canales de participación política más institucionalizados. Lo cierto es que, en un mundo donde los recursos naturales, los alimentos y los insumos agrícolas son moneda de poder geopolítico, la carretera peruana dejó de ser solo un medio de transporte para convertirse también en un escenario donde se disputan el futuro político del país y su lugar en el mapa global de recursos.