Perú el cuarto país más poblado de América Latina... y el menos preparado para envejecer

El fin de la juventud y el inicio de una cuenta regresiva. El Perú ha cruzado un umbral histórico. Con 34'157,732 habitantes según el Censo Nacional 2025, nos consolidamos como el cuarto país más poblado de América Latina, pero esta cifra encierra una verdad incómoda; el crecimiento demográfico se desacelera, la natalidad cae y la población adulta mayor crece sin freno. Gaspar Morán, jefe del INEI, no solo presentó números; dio una señal de alerta. El país que durante décadas se benefició de una pirámide poblacional expansiva —con abundante mano de obra joven y baja carga de dependencia— ahora enfrenta una transición acelerada hacia el envejecimiento. Esta no es una predicción lejana; es un proceso que ya está en marcha y cuyas consecuencias se harán sentir con intensidad en los próximos quince años. Ignorar esta realidad no la hará desaparecer; solo la hará más costosa de resolver.

La informalidad laboral es una bomba de tiempo fiscal. El Perú no puede hablar de desarrollo futuro mientras el 65,5% de su fuerza laboral opere en la informalidad. Esta cifra no es un dato estadístico abstracto; es la manifestación de una estructura económica que no genera empleo de calidad, que no cotiza al sistema de pensiones y que no aporta impuestos suficientes para financiar el Estado. Con una población que envejece rápidamente, la relación entre trabajadores activos y pensionistas se deteriorará drásticamente. Hoy, por cada adulto mayor hay aproximadamente cuatro personas en edad de trabajar formalmente; en dos décadas, esa proporción podría reducirse a la mitad. Sin una base tributaria sólida y sin cotizantes suficientes, el sistema de pensiones colapsará y la presión sobre el presupuesto público será insostenible. La informalidad no es un problema de los trabajadores; es un problema de supervivencia del Estado peruano.

Educación: la única apuesta que queda; si la cantidad de población joven ya no crecerá como antes, la calidad de cada ciudadano que ingresa al mercado laboral se vuelve determinante. Sin embargo, solo el 34% de los peruanos mayores de quince años cuenta con estudios superiores, y la informalidad laboral alcanza el 90% entre quienes solo tienen educación primaria. Esta brecha educativa no es solo una desigualdad social; es una pérdida masiva de potencial económico. En un mundo donde la automatización y la inteligencia artificial redefinen los empleos, un país con baja educación superior está condenado a competir por salarios bajos en sectores de baja productividad. El Perú debe invertir agresivamente en educación técnica y universitaria de calidad, alinear los currículos con las demandas del mercado global y garantizar que la educación rural alcance los estándares de la urbana. No hay margen para el gradualismo; cada cohorte que sale del sistema educativo sin las competencias necesarias representa una oportunidad perdida irreparable.

Lima: una concentración que nos hace vulnerables; el 30,1% de la población peruana reside en Lima Metropolitana, lo que convierte a la capital en un punto único de fallo para todo el país. Una ciudad de más de diez millones de habitantes concentra la mayor parte de la actividad económica, la infraestructura crítica y la toma de decisiones políticas. Esta centralización extrema no solo profundiza la desigualdad regional —que alimenta conflictos sociales y migración desordenada— sino que expone al Perú a riesgos sistémicos. Un terremoto mayor, una crisis sanitaria prolongada o un colapso de servicios básicos en Lima paralizaría al país entero. El desarrollo futuro exige una descentralización efectiva, no solo discursiva; fortalecer ciudades intermedias como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Cusco e Iquitos como polos de desarrollo alternativos, con inversión real en infraestructura, conectividad digital y servicios públicos de calidad.

La ventana demográfica se cierra: actuar ahora o perderla para siempre. El Perú aún tiene una ventaja: una proporción significativa de su población tiene menos de 35 años. Pero esta ventana demográfica, que podría impulsar décadas de crecimiento económico sostenido, se está cerrando. En diez años, esa masa crítica de población joven habrá envejecido, y si no fue capacitada, formalizada e insertada productivamente, el país habrá desperdiciado su última oportunidad de alcanzar el desarrollo antes de enfrentar los costos de una sociedad envejecida. Los países que hoy son desarrollados —como Corea del Sur o Chile— aprovecharon su ventana demográfica invirtiendo en educación, salud y empleo formal. Los que no lo hicieron quedaron atrapados en la mediocridad económica. El Perú está en una encrucijada, y las decisiones que tomemos en esta década serán irreversibles.

Conectividad digital e infraestructura son los cimientos del futuro. Un país preparado para el desarrollo no puede depender de infraestructura del siglo XX. El censo 2025 debe servir para mapear no solo dónde vive la gente, sino cómo está conectada. La brecha digital entre Lima y las regiones, entre zonas urbanas y rurales, es una barrera de entrada al desarrollo que excluye a millones de peruanos de la economía del conocimiento. La inversión en fibra óptica, centros de datos, energía renovable y transporte multimodal no es un lujo; es la base sobre la cual se construirá cualquier modelo de desarrollo sostenible. Sin conectividad, no hay telemedicina, no hay educación a distancia de calidad, no hay emprendimiento tecnológico y no hay inclusión financiera. El Estado debe priorizar la infraestructura digital con la misma urgencia con la que en el pasado se priorizó la construcción de carreteras.

Ninguna de las recomendaciones anteriores tiene sentido sin un marco de gobernanza estable y predecible. El Perú ha sufrido una crisis política recurrente que erosiona la confianza de inversionistas, debilita las instituciones y desvía recursos públicos hacia la supervivencia política en lugar del desarrollo estratégico. Un país que cambia de presidente cada año y medio, que enfrenta constantes intentos de vacancia y que no logra consensos básicos en políticas de Estado, no puede planificar a largo plazo. El desarrollo futuro requiere acuerdos nacionales mínimos en materia educativa, pensionaria, tributaria y de inversión pública, que trasciendan gobiernos y partidos. Sin estabilidad institucional, las reformas necesarias no se implementarán, y el tiempo que perdemos en disputas políticas no se recupera.

Recomendaciones para un Perú que aún puede cambiar su rumbo. Ante este panorama, las acciones no pueden esperar. Primero, se necesita una reforma laboral y tributaria integral que incentive la formalización masiva, reduciendo costos no salariales para empleadores pequeños y medianos mientras se fortalece la fiscalización. Segundo, la inversión en educación debe duplicarse como proporción del PBI, con énfasis en educación técnica superior, ciencias, tecnología e innovación. Tercero, la descentralización debe materializarse en transferencias reales de recursos y competencias a gobiernos regionales y locales, con rendición de cuentas rigurosa. Cuarto, el sistema de pensiones requiere una reforma estructural que combine sostenibilidad actuarial con protección social para quienes hoy están en la informalidad. Quinto, la infraestructura digital y energética debe ser declarada prioridad nacional, con inversión pública y alianzas público-privadas ambiciosas. Finalmente, los actores políticos deben comprometerse con un pacto de gobernabilidad mínimo que garantice estabilidad institucional por lo menos durante un período de gobierno completo. El censo 2025 no es un punto final; es un punto de inflexión. El Perú puede elegir entre aprovechar su última oportunidad demográfica o convertirse en un país que envejece sin haber desarrollado las capacidades para sostener a sus ciudadanos. La elección es nuestra, pero el tiempo se agota.