Perú ante El Niño y el cambio de gobierno: una tormenta perfecta que exige acción inmediata

El Perú se encuentra nuevamente en la antesala de una amenaza climática recurrente, pero esta vez con un agravante político de alto riesgo. La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) ha declarado el estado de “alerta de El Niño Costero”, anticipando el desarrollo de este fenómeno entre marzo y noviembre de 2026, con posible extensión hasta febrero de 2027. Aunque su intensidad actual se proyecta como débil a moderada, los especialistas advierten que este tipo de eventos suelen cambiar rápidamente, y sus impactos localizados —especialmente en la costa norte— pueden ser devastadores, como ya lo demostraron los años 1983, 1998 y 2017.

Las consecuencias previstas incluyen lluvias intensas, desbordes de ríos, huaicos, inundaciones urbanas y un aumento significativo de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue. Este escenario no es una sorpresa para las autoridades, sino una amenaza anunciada con meses de anticipación. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que el Perú ha reaccionado más veces durante la emergencia que antes de ella, con un saldo trágico de vidas perdidas, infraestructura colapsada y miles de damnificados. La pregunta no es si El Niño ocurrirá, sino si el país estará a la altura de sus consecuencias.

Lamentablemente, el diagnóstico estructural sigue siendo alarmante. El Perú arrastra décadas de déficit en infraestructura resiliente: sistemas de drenaje obsoletos, diques mal construidos o sin mantenimiento, viviendas precarias asentadas en riberas de ríos y laderas inestables, y una planificación urbana que ha ignorado sistemáticamente los mapas de peligro. A esto se suma una gestión fragmentada del riesgo de desastres, donde gobiernos regionales, locales y ministerios suelen actuar sin coordinación efectiva, diluyendo recursos y multiplicando los errores operativos.

El factor crítico que introduce una variable inédita en esta coyuntura es el cambio de gobierno. El Perú vive un año electoral, y la curva de la emergencia climática se cruzará con la curva de la transición política. El gobierno saliente, liderado por José María Balcázar, ha declarado su intención de “dejar una ruta trazada”, realizando reuniones de coordinación y adelantando que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tendrán un rol central en la primera respuesta. Pero su capacidad de acción está limitada por su propia condición de gobierno de transición, con poco margen para ejecutar obras de prevención de gran envergadura.

El verdadero desafío recaerá sobre el nuevo gobierno que asumirá el 28 de julio de 2026. Para entonces, el Fenómeno de El Niño ya llevará varios meses en curso, y las lluvias más intensas podrían estar aún por venir. El nuevo presidente y su equipo se encontrarán con una emergencia activa mientras intentan instalar su administración, designar funcionarios clave y ponerse al día con una compleja maquinaria estatal que exige coordinación inmediata. Trabajar “sobre la marcha” no es un eslogan en este caso, sino una descripción cruda de la realidad que les espera.

Los antecedentes no son alentadores. En situaciones anteriores de emergencia y cambio de gobierno, el Perú ha sufrido demoras en la entrega de ayuda, falta de claridad en las cadenas de mando y decisiones tardías que multiplicaron los daños. La población más vulnerable —aquella que vive en zonas de alto riesgo, sin acceso a servicios básicos ni protección social— será la primera en pagar las consecuencias de cualquier vacío de poder o descoordinación. La advertencia es clara; no hay margen para curvas de aprendizaje prolongadas.

Frente a este panorama, es imperativo que el gobierno saliente acelere al máximo las acciones de preparación que todavía están a su alcance: limpieza de cauces, actualización de planes de contingencia, preposicionamiento de bienes de ayuda humanitaria y transferencia de recursos a los gobiernos locales. Al mismo tiempo, el gobierno entrante debe conformar cuanto antes un equipo de transición en gestión de desastres, que pueda recibir el legado del gobierno saliente y operar desde el día uno. La continuidad institucional en este sector no puede esperar el ritmo habitual del cambio político.

En conclusion, el Perú no está completamente preparado para las consecuencias del Fenómeno de El Niño bajo las condiciones actuales, y el cambio de gobierno añade un nivel de riesgo que no puede ser ignorado. No se trata de sembrar alarma, sino de activar una advertencia responsable: el tiempo para la prevención ya se agotó en gran medida, pero todavía queda espacio para la organización, la coordinación y la respuesta temprana. Las autoridades, entrantes y salientes, tienen la obligación de poner por encima de cualquier diferencia política la vida de los peruanos. La naturaleza no espera la juramentación de un nuevo gabinete.