Perú 2026: Entre el caos logístico, las denuncias de fraude sin pruebas y una investigación por negligencia

Las elecciones generales del 12 de abril de 2026 en Perú quedaron marcadas por el más severo desorden operativo de las últimas décadas. Miles de ciudadanos no pudieron sufragar el día previsto debido a la falta de material electoral, la ausencia de miembros de mesa, problemas masivos con el sistema informático y fallas en las impresoras y dispositivos USB. La situación obligó a las autoridades a extender la votación por un día adicional en más de una decena de centros de Lima y en dos sedes en Estados Unidos, una medida inédita que evidenció la magnitud de la crisis.

El epicentro de los problemas logísticos fue el contrato firmado entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la empresa Servicios Generales Galaga, por un monto de 6.3 millones de soles, para el transporte del material electoral. Diversos informes de la Contraloría advertían semanas antes que la empresa no contaba con la flota de vehículos necesaria ni con conductores calificados. Lo más grave es que Galaga ya había sido sancionada por la propia ONPE en tres ocasiones previas por incumplimientos similares entre 2020 y 2023.

A la crisis del transporte se sumó el colapso del sistema tecnológico de apoyo al escrutinio (STAE). Las laptops, impresoras portátiles y dispositivos USB encriptados que debían agilizar el conteo presentaron fallas generalizadas: falta de tinta, equipos malogrados, códigos de acceso no reconocidos y problemas de conectividad. En varios centros de votación, miembros de mesa agotados y sin insumos decidieron destruir material electoral, como ocurrió en una mesa del Callao, alimentando la percepción de irregularidades.

Paralelamente, el clima de tensión se vio agravado por el malestar de los propios trabajadores electorales. Semanas antes de los comicios, los sindicatos de la ONPE y el Reniec habían anunciado medidas de fuerza ante la falta de respuestas a sus reclamos salariales y laborales. El día de la votación, se reportaron casos de miembros de mesa que abandonaron los centros, y la sobrecarga laboral fue denunciada como un factor que contribuyó al desorden.

En medio del caos, varios candidatos denunciaron la existencia de un fraude organizado. El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, calificó lo ocurrido como un "fraude brutal" y pidió la anulación total de las elecciones. El candidato Roberto Sánchez también expresó sus sospechas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, ninguno de los denunciantes ha presentado pruebas concretas ante la Fiscalía que demuestren un plan sistemático para alterar los resultados de votación.

Las investigaciones oficiales, por su parte, se han centrado en la presunta negligencia y corrupción en la organización, no en un amaño de votos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros tres funcionarios por delitos contra el derecho al sufragio y contra la administración pública. La Fiscalía allanó la empresa Galaga y detuvo al exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé, quien asumió su "responsabilidad" en los fallos.

La comunidad internacional, a través de las misiones de observación de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos, fue contundente al descartar la existencia de fraude. La jefa de la misión de la UE, Annalisa Corrado, declaró que no encontraron "elementos objetivos" para respaldar esa narrativa. Los observadores reconocieron los "problemas serios" de organización, pero respaldaron la transparencia del acto electoral y las decisiones de las autoridades para garantizar el derecho al voto.

En conclusión, las elecciones peruanas de 2026 no fueron un fraude en el sentido técnico del término, pero sí una crisis de gestión de enormes proporciones. El "desorden organizado" que denuncian los críticos tiene, hasta ahora, una explicación más cercana a la negligencia, la mala planificación y los presuntos sobreprecios en contrataciones, que a un plan deliberado para alterar la voluntad popular. El daño a la credibilidad del sistema electoral, sin embargo, es profundo y deja al país sumido en una tensa espera por los resultados definitivos y las responsabilidades políticas del caso.