El legado vinculante de Balcázar: Cómo el Gobierno de Transición condiciona al próximo Presidente del Perú

A un día de las elecciones, las políticas aprobadas por el mandatario interino establecen restricciones que el nuevo gobierno deberá enfrentar desde su primer día.

El gobierno de transición de José María Balcázar, que asumió el poder el 18 de febrero de 2026 tras la censura de José Jerí, ha implementado en menos de dos meses una serie de políticas públicas que trascienden su breve mandato hasta el 28 de julio 2026, estableciendo un marco vinculante que condicionará severamente al próximo presidente electo en las elecciones de este domingo 12 de abril o en segunda vuelta.

Mediante el Decreto Supremo aprobado el 26 de marzo de 2026, Balcázar estableció la "Política General de Gobierno: Seguridad Ciudadana, Continuidad Económica y Transición Democrática", un instrumento rector de carácter excepcional que orientará la acción del Ejecutivo hasta la entrega del poder, pero cuyas implicaciones perdurarán mucho más allá. Este documento no es meramente administrativo: establece obligaciones, metas estructurales y compromisos sectoriales que el próximo gobierno heredará como realidades ineludibles.

El primer eje vinculante es la seguridad ciudadana. La política oficial compromete al futuro gobierno con la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el fortalecimiento del marco legal contra la criminalidad y una estrategia frontal contra la minería ilegal. Estas disposiciones, presentadas como medidas de emergencia, establecen una agenda de militarización del control territorial que cualquier nuevo presidente tendrá dificultades para revertir sin ser acusado de debilidad frente al crimen organizado. El despliegue de más de 100,000 policías y militares para las elecciones de este domingo anticipa la estructura de seguridad que el próximo gobierno heredará .

En el ámbito económico, la continuidad del modelo neoliberal ha sido explícitamente garantizada por Balcázar, quien aseguró que no modificará la política económica y declaró que "no existe ni izquierda ni derecha, eso es un invento francés". La política de gobierno establece mecanismos para prevenir controversias en inversiones públicas y Asociaciones Público-Privadas (APP), con el objetivo de "reducir trabas, mejorar la ejecución y brindar mayor predictibilidad a las inversiones". Esto ataña al próximo gobierno a mantener un marco favorable a la inversión privada, limitando cualquier intento de reforma estructural del modelo económico.

Además, el 8 de abril de 2026 —apenas tres días antes de las elecciones— Balcázar firmó el decreto supremo que aprueba la primera Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040, un instrumento multisectorial que orienta las intervenciones del Estado para garantizar derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esta política, con horizonte de 14 años, compromete al próximo gobierno con una agenda de inclusión indígena que incluye salud, educación, ayuda social y acceso a gas natural, independientemente de sus propias prioridades.

La transición democrática constituye el tercer eje vinculante. El gobierno de Balcázar se ha comprometido a garantizar elecciones sin incidentes, pero también ha establecido "espacios de diálogo político con las fuerzas representadas en el Congreso para favorecer la continuidad de políticas públicas prioritarias, especialmente aquellas vinculadas al desarrollo regional y la infraestructura productiva". Esto crea una expectativa institucional de consenso que el próximo presidente tendrá que navegar, especialmente si no cuenta con mayoría parlamentaria.

Las implicaciones para el próximo gobierno son múltiples. En primer lugar, heredará un Estado con agenda de seguridad militarizada, donde cualquier intento de desmilitarización será interpretado como retroceso. En segundo lugar, estará ligado al modelo económico neoliberal, con mecanismos institucionalizados que dificultan la implementación de alternativas. En tercer lugar, tendrá compromisos indígenas de largo plazo ya establecidos por decreto supremo. Y en cuarto lugar, enfrentará una expectativa de diálogo político permanente que puede paralizar reformas significativas.

La paradoja de esta situación es evidente: un presidente interino elegido por el Congreso con 64 votos, respaldado por una coalición que incluye desde Perú Libre hasta sectores de la derecha, está definiendo las reglas del juego para el próximo gobierno democráticamente electo. Balcázar, quien a sus 83 años es el presidente más longevo que ha tenido el Perú al asumir el cargo, ha transformado lo que debería ser una mera administración de transición en un proyecto de arquitectura institucional vinculante.

Para el presidente que asuma el 28 de julio de 2026, la transición habrá terminado, pero las políticas de Balcázar recién comenzarán a mostrar su verdadero impacto. El legado de este breve pero intenso gobierno de transición no será la estabilidad temporal, sino la restricción de las posibilidades de cambio estructural para la próxima administración.