La Herencia Maldita del Congreso de Perú; cuando el Legislativo se convierte en amenaza del Estado de Derecho

El Congreso de la República del Perú, entre 2021 y 2026, ha construido lo que los analistas políticos y ciudadanos han denominado la "herencia maldita": un conjunto de reformas legislativas sistemáticamente diseñadas para debilitar las instituciones democráticas, autoproteger a una clase política investigada y beneficiar intereses económicos particulares sobre el bien común. Esta herencia no es producto de la improvisación, sino de una estrategia coordinada por alianzas partidarias que han convertido el Parlamento en una máquina de producir impunidad. Con 229 leyes de impacto fiscal negativo, 8 leyes pro-crimen, la restauración de la bicameralidad pese al rechazo popular del 85%, y ataques constantes a organismos reguladores como la SUNEDU, el Legislativo peruano ha generado una crisis institucional sin precedentes. Este artículo examina cómo partidos como Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular y sus aliados han configurado un modelo de gobernanza donde las leyes sirven para preservar privilegios políticos y económicos, dejando como legado un Estado más débil, más corrupto y menos capaz de garantizar derechos fundamentales a sus ciudadanos.

Entre 2021 y 2026, el Consejo Fiscal documentó la aprobación de 229 leyes con impacto fiscal adverso, triplicando la cantidad de normas que generan déficit público sin identificar fuentes de financiamiento. El caso más emblemático es el Proyecto de Ley 09433/2024-CR, impulsado por José Luna de Podemos Perú, que extiende el régimen de arrastre de pérdidas del impuesto a la renta para ejercicios 2020-2022, generando un perjuicio de S/ 5,100 millones a las arcas fiscales. Estas leyes violan sistemáticamente el artículo 75° del Reglamento del Congreso, que exige el análisis de impacto regulatorio (AIR) con evaluación costo-beneficio. La proliferación de normas que aumentan el gasto público sin control ha agravado la situación de las finanzas estatales en un contexto de crisis económica, limitando la capacidad del Ejecutivo para atender necesidades básicas como salud, educación y seguridad ciudadana. El patrón es claro; el Congreso prioriza el gasto político-clientelar sobre la sostenibilidad macroeconómica, hipotecando el futuro fiscal del país para beneficios electorales inmediatos.

El sistema Pro-Crimen; blindaje a la corrupción y el crimen organizado. El Legislativo ha aprobado al menos 8 leyes específicamente diseñadas para obstaculizar la justicia y proteger a investigados. La Ley N.º 32108, promovida por Waldemar Cerrón de Perú Libre, redefine "organización criminal" exigiendo estructuras "complejas y permanentes" con control de la cadena de valor del mercado ilegal, prácticamente imposible de probar. La Ley N.º 31990 limita la colaboración eficaz a plazos irrisorios de 8 meses, impidiendo que la Fiscalía investigue casos complejos de corrupción. La Ley N.º 32054, impulsada por Podemos Perú, blinda a los partidos políticos como organizaciones criminales, protegiendo estructuras partidarias investigadas. Estas normas no son casuales: 54 congresistas tienen investigaciones previas, 63 enfrentan indagaciones preliminares y 10 tienen denuncias constitucionales. Al menos 17 parlamentarios que buscaban reelección en 2026 votaron más de 6 veces a favor de estas leyes, configurando un sistema de autoprotección donde los legisladores se immunizan contra la justicia mientras debilitan las herramientas del Ministerio Público y la Policía Nacional.

Bicameralidad contra la voluntad popular, el desprecio al Referéndum de 2018. En marzo de 2024, el Congreso aprobó la Ley N.º 31988 que restablece la bicameralidad, creando un Parlamento de 190 miembros (130 diputados y 60 senadores), pese a que en el referéndum de diciembre de 2018 el 85.42% de los peruanos rechazó expresamente esta medida. La reforma fue impulsada por Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso y Acción Popular, ignorando la voluntad democrática expresada en urnas con 80.59% de participación. Juristas como Javier Villa Stein calificaron la medida como "inconstitucional" y un "golpe al sistema democrático". La Corte Superior de Justicia de Lima había declarado inaplicable una ley similar en 2023, pero el Congreso insistió. Esta reforma no solo desconoce la soberanía popular, sino que aumenta el gasto público con más congresistas, asesores y estructuras burocráticas, en un país donde el 85% de los ciudadanos había dicho "no" a este modelo. El mensaje es contundente: para estas bancadas, la voluntad popular es un obstáculo, no una guía.

La SUNEDU, creada en 2014 para reemplazar a la corrupta Asamblea Nacional de Rectores, ha cerrado 47 universidades de baja calidad y elevado los estándares del sistema educativo superior. Sin embargo, desde 2018, cuatro intentos de investigación parlamentaria han buscado desactivarla. El proyecto de ley 11237, presentado por Héctor Valer de Somos Perú (con respaldo implícito de Podemos Perú), permitiría que universidades privadas creadas antes de julio de 2014 operen sin licenciamiento, simplemente comunicando una "acreditación" a la SUNEDU. Esto beneficiaría directamente a Telesup, propiedad de los fundadores de Podemos Perú. El Congreso también aprobó el bachillerato automático (sin trabajo de investigación) y debate el "ciclo cero" como única modalidad de ingreso, reduciendo estándares académicos. La estrategia es evidente; debilitar la única institución que garantiza calidad en educación superior para beneficiar negocios familiares de los congresistas, dejando una herencia de títulos universitarios devaluados y profesionales sin competencias reales.

La minería ilegal es extractivismo con pérdidas fiscales y Devastación Ambiental. La conexión entre las leyes pro-crimen y el daño ambiental se manifiesta crudamente en la minería ilegal. La Ley N.º 31989, aprobada en marzo de 2024, eliminó la capacidad de la Policía para incautar explosivos y maquinaria de mineros ilegales, siendo calificada por la Sociedad Nacional de Minería como "escudo de impunidad". El resultado es devastador: S/ 7,800 millones en pérdidas fiscales anuales (S/ 5,200 millones en impuesto a la renta no recaudado y S/ 2,600 millones en canon minero perdido), mientras US$ 11,500 millones se mueven anualmente por minería ilegal. Regiones como Madre de Dios, Puno, Arequipa y La Libertad sufren deforestación amazónica, contaminación con mercurio y destrucción de ecosistemas. Siete de los 25 mayores productores de oro operan bajo el Régimen de Pequeño Productor Minero (PPM), evadiendo fiscalización del OEFA. Los partidos que bloquean la fiscalización (Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú) tienen vínculos regionales con estos actores económicos, configurando un sistema donde la impunidad legislativa alimenta la destrucción ambiental y la pérdida de recursos que podrían financiar educación y salud pública.

Los responsables son una coalición de conveniencia, donde los principales responsables de esta herencia maldita conforman una coalición transversal de autoprotección:

• Fuerza Popular: Impulsora de la bicameralidad y leyes que blindan a investigados por corrupción, incluyendo a su líder.

• Podemos Perú: Especialista en leyes que benefician sus intereses empresariales (Telesup, minería ilegal) y generan déficit fiscal masivo.

• Renovación Popular: Aliado sistemático en leyes pro-crimen y ataques a organismos reguladores.

• Alianza para el Progreso: Flexibilización normativa para beneficios regionales y extractivistas.

• Perú Libre: Leyes que protegen estructuras partidarias como organizaciones criminales.

• Acción Popular: Voto clave en múltiples reformas controversiales, traicionando su historia democrática.

Estos partidos comparten 54 congresistas con investigaciones previas, vínculos con universidades no licenciadas, intereses extractivos y la búsqueda de reelección. No son adversarios políticos, sino socios en un sistema de preservación de privilegios donde la ideología es secundaria frente al interés económico y la impunidad personal. El impacto acumulado de estas reformas es una crisis multidimensional. Fiscalmente, el déficit creciente limita la inversión en servicios públicos esenciales. En seguridad ciudadana, las leyes pro-crimen han correlacionado con aumento de extorsiones y criminalidad. Ambientalmente, la minería ilegal devastó 100,000 hectáreas de Amazonía. Educativamente, la devaluación de títulos universitarios afecta la competitividad laboral. Institucionalmente, la desconfianza ciudadana en el Congreso alcanzó niveles históricos de desaprobación. La "herencia maldita" no es abstracta: se traduce en hospitales sin medicinas, escuelas sin maestros, ríos contaminados y una juventud sin perspectivas laborales reales. El Congreso ha demostrado que puede actuar rápida y coordinadamente cuando se trata de proteger sus intereses, pero es incapaz de aprobar leyes que beneficien genuinamente a la población. Esta asimetría revela la naturaleza real del poder parlamentario en el Perú contemporáneo.

Frente a esta herencia maldita, han surgido resistencias institucionales y sociales. El Ministerio Público ha alertado sobre las leyes pro-crimen. La SUNEDU ha mantenido su independencia técnica pese a cuatro intentos de investigación parlamentaria. La Corte Superior de Justicia de Lima declaró inaplicable la primera "Ley Soto" sobre prescripción. Organizaciones de derechos humanos, gremios profesionales y movimientos ciudadanos han denunciado sistemáticamente estas reformas. Sin embargo, la reversibilidad es compleja; muchas leyes requieren mayorías calificadas para su modificación, y los partidos beneficiarios controlan el Legislativo. La ciudadanía, a través del voto, tiene en sus manos la posibilidad de no reelegir a los 17 congresistas que votaron reiteradamente leyes pro-crimen. La pregunta es si la memoria colectiva perdurará hasta las próximas elecciones, o si el cortoplacismo político y la desinformación permitirán que los responsables de la herencia maldita sean recompensados con nuevos mandatos.

La "herencia maldita del parlamento" es el resultado de un sistema político donde la representación se ha desconectado de la rendición de cuentas. Cuando 85% de los ciudadanos rechaza la bicameralidad y el Congreso la impone igualmente, cuando 54 congresistas investigados aprueban leyes para autoprotegerse, cuando la educación y el ambiente son sacrificados por intereses económicos particulares, estamos ante una crisis de la democracia representativa misma. Sin embargo, reconocer esta herencia es el primer paso para superarla. La sociedad peruana debe exigir que los próximos gobernantes no solo deroguen estas leyes, sino que construyan salvaguardas institucionales que impidan su repetición; fortalecimiento del Tribunal Constitucional, independencia real de organismos reguladores, participación ciudadana vinculante en reformas constitucionales, y una cultura política donde la impunidad no sea el precio de la gobernabilidad. La herencia maldita puede convertirse, si hay voluntad democrática, en la lección más cara pero más valiosa de la historia republicana peruana; el recordatorio permanente de que cuando el Legislativo traiciona su mandato popular, es la sociedad toda la que paga el precio.